La presidenta Dina Boluarte cumple este viernes 100 días de gobierno en Perú.
Boluarte asumió el cargo el pasado 7 de diciembre, tras la destitución y prisión preventiva del ex presidente de izquierda Pedro Castillo por el presunto delito de rebelión y conspiración al intentar establecer un gobierno de excepción.
Tras la sucesión constitucional, Boluarte ha enfretado protestas y baja popularidad entre los peruanos. Recientes encuestas de IPSOS, Datum, CPI y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) evidenciaron un 70 % de desaprobación de la mandataria, particularmente en las regiones del interior del país.
El 58.1 % de los peruanos cree que la corrupción se incrementó durante la gestión de Boluarte, según las encuestas, y el 73 % opina que debe renunciar para facilitar el adelanto de las elecciones generales, como pide la mayoría.
Hasta el momento, Boluarte ha dicho que no piensa dimitir.
Desaciertos
El politólogo José Alejandro Godoy sostiene que en estos primeros 100 días, el gabinete de Boluarte ha tenido entre sus principales retos la búsqueda de formas para sobrevivir y hacer frente a las múltiples protestas y movilizaciones, que hasta el 10 de marzo habían dejado al menos 66 muertos, 48 de ellos civiles, en choques con las fuerzas de seguridad.
“Ha logrado sobrevivir debido a las alianzas que tiene en el Congreso. Hay una suerte de pacto tácito e implícito de parte del gobierno y el Congreso de quedarse hasta el 2026”, explicó Godoy a la VOA.
Entre las fallas, el catedrático basado en la Pontificia Universidad Católica de Perú señala que el gobierno no se ha pronunciado de manera categórica en torno a las más de 60 muertes ocurridas durante las manifestaciones y que fueron reportadas por la Defensoría del Pueblo. “No ha facilitado mucha información, ha negado en muchos casos que las muertes se hayan producido por las fuerzas del orden”.
En ese contexto, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha dado un plazo de 60 días al gobierno de Perú para que brinde información en torno a la muerte de manifestantes y sobre el accionar de las fuerzas del orden. La Fiscalía peruana investiga actualmente a la presidenta Boluarte y a su primer ministro Alberto Otárola por los presuntos delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves.
Godoy anticipa que no descarta una eventual nueva ola de protestas en momentos en que los sondeos de opinión muestran la impopularidad de Boluarte. Las inconformidades con su gestión -explica- se agudizarían debido a que "no se ha resuelto el adelanto del calendario electoral y la respuesta no satisfactoria por los fallecidos en las protestas sociales”.
A su vez, este analista opina que Boluarte es débil políticamente porque no tiene una bancada parlamentaria y por ahora cuenta con aliados circunstanciales en la oposición entre aquellos que confrontaron a Castillo en diciembre. Godoy no descarta un eventual cambio de escenario, como fue el caso de vacancia del expresidente Martín Vizcarra en noviembre de 2020, a sólo meses de que entregara el cargo.
Roberto Chiabra, congresista del partido Alianza para el Progreso y exministro de Defensa, dijo a la VOA que el gobierno de Dina Boluarte se ha caracterizado por reaccionar tarde frente las protestas. “Se demoró tres días para emplear a la Policía y se ocasionó el desastre que hubo en Apurímac y Ayacucho”, enfatizó.
De acuerdo con la opinión de Chiabra, la actual mandataria carece de convicción para la toma de decisiones que eviten los problemas en el país y cuestionó la gestión de su primer ministro Alberto Otárola: “Nadie quiere dialogar con él y ha perdido la confianza de las Fuerzas Armadas”.
También ha sugerido acciones urgentes para atajar la crisis. “La presidenta debe darse cuenta que, cuando se está en emergencia, los ciclos duran poco tiempo. Tiene que realizar algunos cambios dentro de su gabinete, principalmente en Interior y Defensa. Si no se ha dado cuenta en este tiempo que debe tomar decisiones, se le va ser difícil la administración del país”.
En estos 100 días de gestión, Boluarte ha tenido dos cambios de gabinete. Entre los cargos que ha rotado está el primer ministro y las carteras de Interior, Educación, Cultura, Trabajo, Mujer, Producción.
El impacto de la crisis en la economía
La economía ha sido otro reto para Perú en la situación actual. Datos recientes indican que la actividad económica se contrajo un 1,12 % en enero respecto al mismo mes del año anterior, luego de presentar 22 meses de crecimiento ininterrumpido.
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) indicó el miércoles de esta semana que uno de los sectores más afectados fue el de la minería, que tuvo un retroceso del 3,61 %. Perú es el segundo productor mundial de cobre.
"El resultado del mes de análisis estuvo influenciado, entre otros factores, a los conflictos sociales que derivaron en paralización de labores, bloqueos de carreteras, cierre obligado de mercados, impedimento de libre tránsito de personas y mercaderías, ocurridos en algunas zonas del país", indicó el instituto peruano.
José de Echave, economista y exviceministro de Gestión Ambiental, aludió durante una entrevista con la VOA la propuesta conocida como ‘Con Punche Perú’, que apunta a transferir recursos a las zonas donde se reporta conflictividad social sin tomar en cuenta el nivel de tensión que existe en regiones como Puno, donde se mantienen las protestas contra la presidenta.
"[El plan ‘Con Punche Perú’] no sólo se centró en una reactivación en el corto plazo y alivio a la economía familiar, sino que se presentó un proyecto de ley para cerrar las brechas sociales en materia de infraestructura y un intento de reforma del sector público”, dijo Luis Miguel Castilla, exministro de Economía de Perú.
El experto sostiene que “estos dos aspectos de la gestión económica han sido positivos pese a tener un contexto muy negativo de desconfianza de la ciudadanía, de conflictividad social y ahora, recientemente, de posibles contingencia de desastres naturales climatológicos que está viviendo el país. "Creo que el Ministerio de Economía ha actuado de manera adecuada”, sostuvo.
De Echave, sin embargo, es muy cauto para determinar qué tanto pueda reactivarse la economía con las medidas del gobierno. “Sectores como la minería y el turismo pueden tener una reactivación relativamente rápido dependiendo que el conflicto cambie. El escenario de la pospandemia me hace pensar que sí puede darse”, añadió.
Hace unos días, el Ministerio de Economía peruano informó que el Producto Bruto Interno (PBI) crecería por encima del 3.1 %. En tanto, el Banco Central de Reserva (BCR) señaló que sería de entre 2 % y 2.6 % este año.
Ambos analistas consultados por la VOA coinciden en que la proyección del BCR resulta más creíble por el escenario complicado que se observa a nivel internacional con la guerra permanente entre Rusia y Ucrania o la situación financiera de China. “La economía peruana es muy vulnerable a lo que pase a nivel global”, acotó De Echave.
Los analistas estiman que la mayoría del crecimiento del país depende de las condiciones externas. "Un 60 % de la variabilidad de crecimiento depende del crecimiento global y del precio de los commodities. Todavía estamos en un proceso de luchar contra la inflación global y eso, digamos, limita la recuperación de la economía”, dijo Luis Miguel Castilla Rubio, ex ministro de Economía.
Castilla Rubio cree que será fundamental que la inversión pública y privada crezca este año. Sin embargo, agregó que eso debe ir de la mano de una solución a la crisis política que, por ahora, no tiene cuando acabar con el entrampamiento del adelanto de las elecciones. “En tanto persista esta incertidumbre, limita la capacidad de la recuperación de la economía”, finaliza.
Relaciones complicadas
El gobierno de Dina Boluarte también ha tenido que defender su legitimidad en el extranjero. La crisis de Perú es muy seguida de cerca por la comunidad internacional. Incluso, días antes de la destitución de Castillo, una misión de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) estuvo en Lima para recopilar información sobre lo ocurrido.
Gattas Abugattas, máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Escuela Diplomática de España, explicó a la VOA que la gestión de Boluarte “ha realizado una labor intensa de la imagen del Perú frente a los ataques de los presidentes del socialismo del siglo XXI”. Su declaración es una referencia a los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador (México), Gustavo Petro (Colombia) y Luis Arce (Bolivia) que tuvieron desencuentros con la jefa de Estado.
“La actuación de la Cancillería ha seguido la práctica diplomática. Se ha buscado que estos países [México, Colombia y Bolivia] actúen conforme al derecho internacional porque lo están violando al entrometerse en los asuntos internos del Perú”, agregó el especialista que espera que la tensión diplomática con el bloque de países de gobiernos de izquierda, que son críticos con la presidencia de Boluarte, no escale más.
De otro lado, Abugattas sostuvo que la canciller Ana Gervasi le tocó enfrentar una situación muy compleja que supo solucionar bastante bien con una serie de medidas como una intensa campaña desde las embajadas en diferentes naciones para que se explique qué realmente ocurrió en diciembre del año pasado cuando el expresidente Castillo trató de instalar un “gobierno de excepción”.
Óscar Vidarte, máster en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, remarcó a la VOA que la política exterior de gestión de Boluarte se ha caracterizado por mostrar un mensaje de mucha intolerancia en varios pasajes de estos meses y destacó las numerosas notas de protesta que se dieron.
“Una política exterior que se construye sobre eso [notas de protesta] debería ser meditada”, anotó. Vidarte mencionó además que el enfrentamiento con otras naciones latinoamericanas se convirtió en una costumbre. “Para algunos podría ser necesaria, mientras para otros no, pero lo cierto que esto no es positivo”, acotó.
Aseguró que otro grupo de países más cercanos al Perú ven con preocupación todo lo que sucede. “Países como Ecuador, por ejemplo, viven situaciones similares. Entonces, ven con preocupación qué pasa en el Perú y cuál es la respuesta de la región a la forma cómo se afrontan las protestas”. El especialista mencionó que el gobierno de Boluarte ha tratado de convocar a la ONU y el sistema interamericano para mostrar que no usaron una política de represión de las protestas.
La VOA requirió un comentario del Departamento de Estado sobre cómo la Casa Blanca ha visto el manejo de los cien días del gobierno de Boluarte. “Seguimos comprometidos en apoyar las instituciones democráticas del Perú, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos”, indicaron. “Estados Unidos apoya un proceso político pacífico para el Perú”, respondieron.
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