En Venezuela “continúan produciéndose graves violaciones” a los derechos fundamentales, entre ellas la detención de personas consideradas opositoras, de acuerdo a la actualización oral del informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM por sus siglas en inglés) presentado el miércoles.
Marta Valiñas, presidenta de la FFM, aseguró que siguen recibiendo denuncias de “amenazas y represalias” contra las personas detenidas y sus familiares, así como dificultades al acceso de alimentos y tratamiento médico y violaciones al debido proceso.
Al presentar la actualización oral ante el Consejo de DDHH de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Valiñas anunció que, durante el tercer mandato de la FFM, se priorizará la situación de restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela.
“Tras la disminución de las protestas masivas, la represión se ha enfocado en los actores de la sociedad civil percibidos como opositores al gobierno y en algunos casos han aumentado los ataques y amenazas contra organizaciones y personas defensoras de DDHH, sindicalistas, periodistas, sindicalistas y otros actores de la sociedad civil”, subrayó.
En ese sentido, se refirió al arresto, el año pasado, de los activistas y lideres sindicales Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Néstor Astudillo, Alcides Bracho, Reinaldo Cortez y Alonso Meléndez y aseguró que la Misión se encuentra investigando el fundamento de las detenciones.
Valiñas denunció el deterioro de salud del defensor de derechos fundamentales Javier Tarazona, director de la ONG FundaRedes, detenido desde julio del 2021 en una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), acusado de presuntos delitos de terrorismo, instigación al odio y traición a la patria, “tras haber denunciado a un alto funcionario del gobierno” ante el Ministerio Público.
La FFM resaltó que en el último año han “recrudecido” los ataques contra los medios de comunicación y registra “con especial preocupación” las arremetidas contra periodistas. En ese sentido, resaltó la situación del periodista y activista político, Roland Carreño, detenido desde octubre del 2020 y cuyo juicio “sigue presentando irregularidades procesales”.
Respecto a la aprobación en primera discusión del proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y
Afines que según activistas “aniquila” a las ONG, Valiñas, dijo que, de ser aprobada en segunda discusión, “consolidaría un control abusivo por parte del Estado” sobre la existencia y el financiamiento de las ONG.
En la actualización oral, la FFM resaltó que las comunidades indígenas en el Arco Minero del Orinoco siguen denunciando ataques violentos contra sus líderes, en medio de operativos gubernamentales para combatir el narcotráfico y la minería ilegal.
Valiñas reiteró la disposición de la FFM para dialogar con las autoridades venezolanas y recibir su autorización para ingresar al país.
Héctor Constant, representante de Venezuela ante el Consejo de DDHH de la ONU, reaccionó asegurando que se utilizan los DDHH como instrumento de “ataque” contra el país y construir una narrativa de supuestas violaciones sistemáticas “con oscuros fines políticos”.
“Tan obvia es la intención que moviliza a esta pseudo misión que los costosos informes que se elaboran contra mi país en el marco de este mandato son inicialmente presentados en premeditadas ruedas de prensa a las corporaciones mediáticas internacionales incluso antes de ser presentadas en este Consejo”, expuso.
Constant resaltó la promoción de los DDHH, por lo que insistió, han reforzado las relaciones de cooperación con la Oficina del Alto Comisionado para DDHH de la ONU.
Pronunciamientos
La representante de la Unión Europea ante el Consejo de DDHH manifestó preocupación ante la prolongación de la “crisis” de los DDHH en Venezuela, recalcó la necesidad de una rendición de cuentas para quienes cometen abusos y pidió la liberación inmediata de los presos políticos.
Por su parte, la representante de Estados Unidos reiteró que una solución pacífica y duradera es posible a través de negociaciones integrales, lideradas por venezolanos, que den pie elecciones “libres y justas”.
Consultados por varios países sobre cómo pueden apoyar el objetivo del respeto a los DDHH, Patricia Tappatá Valdez, integrantes de la FFM, dijo que la cooperación es “fundamental” para preservar el espacio de “libertad de opinión, de movimiento en la esfera pública”.
“Documentando los hechos de la justicia, impulsando, estimulando que se realicen las reformas en el aparato de justicia, que se reparen a las víctimas (…) preocupa la reiterada alusión al consentimiento y cuando hay cierre del espacio de libertad es difícil que los
pueblos puedan expresar la necesidad de recibir esa cooperación de la comunidad internacional”, dijo.
En octubre, mismo mes en el que Venezuela no obtuvo la reelección como país miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el período 2013-2015, con 19 votos a favor y 5 en contra, el organismo aprobó una resolución que extiende por dos años el mandato de la FFM.
En su informe presentado en septiembre del año asado, la FFM concluyó que individuos de alta jerarquía en la cadena de mando de los servicios de inteligencia venezolanos cometieron “crímenes de lesa humanidad” y señala al presidente Nicolás Maduro de encabezar planes de represión contra la disidencia.
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