Las soluciones a la crisis en las cárceles de Venezuela son “inexistentes” y los problemas cada vez más “agudos”, expone el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
En Venezuela existen 52 centros carcelarios, sin embargo, según el OVP, una ONG que vela por el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en el país, actualmente solo 45 centros se encuentran operativos y no cuentan con los “estándares mínimos” de reclusión conforme al marco jurídico internacional.
Humberto Prado, director del OVP, precisó que en 2022 se registraron 55 fallecimientos por condiciones de salud, siendo las primeras causas tuberculosis y desnutrición.
“Anteriormente siempre mencionábamos que eran por heridas de balas o punzo penetrantes, ahora el mayor número que muere es por situaciones de salud. Está mal que mueran por hechos violentos, pero es aún peor que muera por situaciones de salud en vista de que están en manos del Estado, que debe asegurar el servicio de salud y alimentación”, puntualizó Prado al presentar el informe el jueves.
Las cárceles venezolanas son “sinónimo de hambre ante la carencia de alimentos y la reducción de porciones mínimas que no cumplen con las calorías establecidas por la Organización Mundial de Salud”, resalta el informe que también refiere un “alarmante” aumento en casos de suicidios.
Prado denunció que, en muchos casos, los compañeros de reclusión son quienes atienden a reos en situaciones de “infortunio”.
“La figura de médicos y enfermeras existen en las nóminas, pero no están permanentemente en las cárceles (…) no tenemos un sistema, tenemos una pena de muerte en las cárceles de nuestro país”, expresó el abogado y activista de derechos fundamentales.
De acuerdo a estimaciones del OVP, la población reclusa en 2022 fue de 33.558 personas, con una capacidad real instalada de 20.438 plazas, y denuncia un hacinamiento de 68 %.
Además, Prado cuestionó que el Alto Comisionado de la Oficina para DDHH de la Organización de Naciones Unidas (ACNUDH), Volker Türk, se haya limitado a manifestar durante su actualización oral de esta semana ante el Consejo de DDHH de la ONU, que su equipo ha visitado 60 centros de detención y que no haga referencia a la situación de los presos comunes en el país.
“Que se mueren de hambre, que se mueren de tuberculosis, la corrupción que hay y eso no lo manifiesta y eso yo lo tengo que protestar (…) tiene todas las cifras reales de la corrupción, de las condiciones en las que se encuentran los presos”, insistió.
Retardo procesal
Respecto a la situación jurídica de reclusos en Venezuela, el informe correspondiente al 2022 reitera las denuncias sobre retardo procesal presentadas desde al menos hace seis años y señala que el 53 % (17.825) de las personas privadas de libertad, están procesadas, mientras que solo el 47 %, es decir, 15.733 personas han recibido una condena.
“Por sexto año consecutivo, la cantidad de procesados sobrepasó la cantidad de penados, lo que se traduce preocupantemente en una constante inversión de la pirámide judicial, evidenciada en los años analizados”, resalta.
La organización subraya que la cantidad de condenados debería ser mayor a la de procesados debido a que se trata de una situación que debería ser “transitoria” y que, además, gozan del principio de presunción de inocencia, en lo que dura el proceso penal y se produce una sentencia condenatoria o absolutoria.
En varias ocasiones, desde su nombramiento en febrero, la nueva ministra para el Servicio Penitenciario, Celsa Bautista, ha manifestado en redes sociales el “compromiso en la humanización de los privados y privadas de libertad”.
“Revisamos el diagnóstico de cada una de las infraestructuras penitenciarias, a fin de evaluar las necesidades para cumplir con el fortalecimiento de los derechos constitucionales de los privados y privadas de libertad”, escribió en Twitter el 11 de marzo tras una videoconferencia con directores de centros penitenciarios del país.
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