La respuesta de “fuerza excesiva” por parte de los cuerpos de seguridad para reprimir protestas en reclamo de derechos económicos y sociales, incluido el derecho al agua, así como la “impunidad” por ejecuciones extrajudiciales continuas en Venezuela, son algunas de las preocupaciones que aparecen en el informe anual 2022-2023 de Amnistía Internacional.
“Los servicios de inteligencia y otras fuerzas de seguridad, con la aquiescencia del sistema judicial, continuaron deteniendo de forma arbitraria, torturando e infligiendo otros tipos de malos tratos a las personas consideradas opositoras al gobierno de Nicolás Maduro”, dice el informe divulgado el lunes.
La organización defensora de derechos fundamentales hace referencia a los “patrones de crímenes de lesa humanidad” expuestos por la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM) y cuestionados por el gobierno venezolano por considerarlos un “instrumento de ataque”.
“Tan obvia es la intención que moviliza a esta pseudo misión que los costosos informes que se elaboran contra mi país en el marco de este mandato son inicialmente presentados en premeditadas ruedas de prensa a las corporaciones mediáticas internacionales incluso antes de ser presentadas en este Consejo”, dijo la semana pasada Héctor Constant, representante de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos.
Amnistía sostiene que, pese a la aprobación de reformas jurídicas relativas a la administración de justicia, “las víctimas seguían teniendo dificultades para acceder al derecho a la verdad y reparación”.
Además, como expuso la semana pasada la FFM en su actualización oral ante el Consejo, en 2022, el Estado dirigió sus políticas “represivas” contra periodistas, medios de comunicación independientes y defensores de los derechos humanos.
La organización destaca cómo la hiperinflación y la “alarmante falta de poder adquisitivo” para comprar productos básicos provocaron que la mayoría de la población sufriera una “profunda” crisis humanitaria y, en ese sentido, resalta el intento gubernamental de “controlar” el sector privado con “inspecciones arbitrarias y sanciones administrativas”.
Además, presenta un recuento de los hechos más relevantes que marcaron el año pasado, entre ellos la ausencia de acuerdo en la mesa de negociación entre el gobierno y la Plataforma Unitaria de la oposición en México, el restablecimiento de relaciones con Colombia, la renovación del mandato de la FFM, así como la solicitud de la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para reanudar la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El mes pasado el gobierno venezolano señaló a la fiscalía de la CPI de cometer “irregularidades y violaciones” del debido proceso y presentó un escrito para desmentir las “falacias de la agresión mediática y geopolítica” para acusar a Venezuela de “supuestos” crímenes de lesa humanidad que, aseguran, “nunca han ocurrido”.
Amnistía destaca que el número de manifestaciones multitudinarias para exigir derechos civiles y políticos disminuyó con respecto a años anteriores y lo atribuye a que las autoridades reaccionaron con “tácticas represivas más selectivas”, pero aun así “sistemáticas”, y pone como ejemplo la utilización del sistema judicial para “acallar” la disidencia.
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