Una junta que supervisa los activos de Venezuela en el extranjero planea presentar la semana próxima una apelación a la decisión de un tribunal de Estados Unidos que otorgó a cuatro empresas el derecho a ir tras las acciones de la compañía matriz del refinador Citgo Petroleum, con sede en Houston.
Un tribunal de Estados Unidos se está preparando para una subasta de acciones para satisfacer un reclamo de 970 millones de dólares de la minera canadiense Crystallex derivado de una expropiación de sus activos venezolanos.
Otras empresas han tratado de adjuntar sus propios juicios al caso, lo que dio lugar a una disputa esta semana entre los abogados sobre las prioridades de los acreedores.
La decisión de un juez de los Estados Unidos en Delaware de aprobar la adhesión de nuevas empresas al caso y proceder con una subasta depende de la aprobación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
O-I Glass Inc OI.N, Huntington Ingalls Industries Inc HII.N, ACL1 Investments Ltd y Rusoro Mining Ltd RML.V recibieron luz verde del tribunal después de demostrar que la petrolera estatal PDVSA era el "alter ego" del Gobierno de Venezuela.
Una junta ad hoc creada por la Asamblea Nacional de Venezuela en 2019 para supervisar las filiales extranjeras de la estatal petrolera PDVSA tiene previsto oponerse a "cualquier embargo condicionado", dijo a Reuters el presidente de la junta, Horacio Medina.
Los abogados que representan a Crystallex y a la petrolera estadounidense ConocoPhillips COP.N, que han estado luchando durante años para recuperar miles de millones de dólares en activos expropiados, se quejaron el jueves de que los derechos otorgados a acreedores adicionales podrían complicar cualquier venta.
"Es posible que debamos pensar en cómo clasificará el tribunal lo que ahora se está convirtiendo en una cantidad muy significativa de reclamos muy sustanciales", dijo Amy Wolf, abogada que representa a ConocoPhillips.
Incluso sin la venia del Tesoro de Estados Unidos, que ha protegido a Citgo de los acreedores en los últimos años, el juez estadounidense Leonard Stark fijó un calendario para una eventual subasta y le pidió a la firma de banca de inversión Evercore Group que comience a trabajar en el proceso.
Stark rechazó esta semana una moción de los abogados que representan a Venezuela para descalificar a la persona designada para administrar la posible subasta y dijo que espera escuchar antes del 7 de abril si el Tesoro de los Estados Unidos permitiría una transferencia de acciones.
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