La frontera entre Chile y Perú es epicentro de una crisis migratoria que en las últimas dos semanas ha dejado a unas 200 personas, entre ellos venezolanos, colombianos y haitianos, varados en el punto de cruce entre Arica y Tacna. Debido a su condición de indocumentados, autoridades de ambos países buscan evitar su ingreso o permanencia, mientras expertos llaman a una resolución humanitaria de la situación.
Henry Ziemer, asistente de investigación del programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por su siglas en inglés), apuntó a la Voz de América que “se necesita una acción humanitaria más urgente para responder a la situación que se desarrolla en el inhóspito desierto de Atacama, donde se encuentra actualmente la mayoría de los migrantes”.
El movimiento de personas por la región se realiza en medio de temperaturas extremas y clima seco, lo que “debería hacer que ambos gobiernos avancen rápidamente en la construcción de refugios temporales adicionales, así como intensificar los esfuerzos para proporcionar suministros de agua y alimentos de emergencia”, abundó el experto.
Las Fuerzas Armadas chilenas fueron desplegadas en febrero a la zona norte del país por orden del presidente Gabriel Boric, con el fin de aumentar los controles y detenciones en la zona.
Dicho despliegue de las fuerzas armadas chilenas a lo largo de la frontera, según Ziemer, puede “desempeñar un papel importante” en ofrecer la ayuda necesaria, “pero solo si su misión se reformula como una misión principalmente humanitaria, en lugar de vigilar y sancionar la migración irregular”.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), emitieron el jueves pasado un comunicado en el que alertaron de una “grave situación” en Tacna, al sur de Perú, “donde personas refugiadas y migrantes se encuentran varadas en muchos casos sin alimentos, agua, alojamiento o asistencia sanitaria, enfrentándose a mayores riesgos de protección”.
Ambas organizaciones están brindando ayuda humanitaria y coordinando con socios en el terreno para proveer alojamiento a los migrantes en mayor necesidad. “Instamos a los gobiernos a que sigan invirtiendo recursos para que las personas refugiadas y migrantes puedan integrarse de forma plena en sus comunidades de acogida, aportando beneficios a todos los niveles”, aseguraron.
Daniel Raisbeck, analista de políticas del Instituto CATO, un centro de pensamiento en Washington, dijo a la VOA que la situación actual en la frontera entre Chile y Perú, “pone de relieve algunas de las muchas dificultades que los migrantes pueden enfrentar cuando se trasladan de un país latinoamericano a otro”.
Las políticas implementadas por los países, según el experto en asuntos latinoamericanos, demuestra que algunos países “han sido históricamente hostiles a los inmigrantes”, y por lo tanto, “deberían introducir reglas claras y sencillas para permitir que los extranjeros emigren, inviertan y trabajen legalmente en sus territorios”.
El gobierno de Perú anunció el miércoles que endurecerá su política migratoria en busca de frenar el ingreso de migrantes ilegales, principalmente venezolanos, y señaló también que evalúa el despliegue de militares para ayudar a la policía a proteger las fronteras.
En respuesta a la situación, la Cancillería peruana aseguró que ambos gobiernos están realizando “consultas” sobre la situación en la frontera. Específicamente, sobre una denuncia expuesta en medios locales peruanos en la que se aseguró que militares chilenos habrían facilitando el ingreso ilegal a Perú de un grupo de personas. “El tema será materia de una seria conversación con autoridades de Chile”, dijeron.
La Cancillería de Chile no respondió a la solicitud de comentarios de la VOA sobre lo que ocurre en la frontera.
El gobernador de Tacna, Luis Torres, aseguró el lunes que su región “sufre las consecuencias de una excesiva presencia migratoria que trae consigo desorden y delincuencia”, e hizo un llamado a la presidenta Dina Boluarte a “expresar una firme protesta al gobierno chileno” para atender la situación de migración irregular.
El lunes, los migrantes varados en la Línea de la Concordia, cerca de Tacna, bloquearon la vía de ingreso a ambos países, reclamando poder entrar a Perú.
Un impacto duradero en la resolución a la crisis migratoria
Una solución duradera a los desafíos que se observan en la frontera norte de Chile, “solo vendrán de una reducción de la agitación política y económica que se ha apoderado de Perú”, según Ziemer, desde la destitución del ex presidente Pedro Castillo en diciembre pasado.
Ziemer abundó en que los gobiernos de Boric y Boluarte, en Perú, “se han caracterizado por relaciones frías hasta este punto”, y “deberían centrarse principalmente en cómo aumentar el comercio y reavivar el crecimiento económico de Perú después de que la confianza se vio sacudida durante las protestas y disturbios masivos”.
El experto abundó en que en la raíz, la incertidumbre del futuro político a corto plazo de Perú hace que permeen condiciones que desenlazan en crisis como lo actual con los migrantes. Según Ziemer, Chile podría ser un “interlocutor” entre Perú y el resto de la región, para “ayudar al nuevo gobierno a ponerse de pie mientras atiende los llamados para un rápido regreso a las urnas”.
Raisbeck, por su parte, dijo que a más largo plazo, “ América Latina debería aspirar a la libre circulación de bienes, servicios y personas en toda la región sin ninguna superestructura burocrática similar a la de la Unión Europea”.
En relación a los migrantes venezolanos, Raisbeck apuntó que tanto Chile como Perú, “ayudaron a crear la situación actual al exigir que los venezolanos obtengan una visa para ingresar a sus países”.
En cambio, según Raisbeck, países suramericanos como Chile y Perú “ deberían seguir el ejemplo de Colombia para regularizar el estatus legal de los trabajadores venezolanos dentro de sus propias fronteras”.
Esto, en referencia al Estatus de Protección Temporal creado por el gobierno colombiano, y que le ha permitido la permanencia legal en el país a unos 2.4 millones de venezolanos y que incluye un ejercicio de perfilado y registro de datos biométricos individuales de los migrantes.
“Hasta ahora, Chile, Perú, Ecuador y Panamá, entre otros países, han tomado el camino opuesto al erigir la barrera de visas para desincentivar la inmigración desde Venezuela”, agregó.
La percepción social de los migrantes
Perú se ha convertido en el segundo mayor destino para los migrantes venezolanos después de Colombia. El país alberga a 1,7 millones de extranjeros registrados, de los cuales 1,5 millones son de Venezuela e ingresaron a la nación con sus documentos.
Recientes actos delictivos estarían llevando al endurecimiento de medidas migratorias tanto en Perú como en Chile, de acuerdo con las autoridades.
El jueves pasado, la oficina en Perú de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados dijo que los recientes incidentes de delitos asociados a algunos venezolanos en el país “no deben incitar a la discriminación”.
En días anteriores un policía municipal murió tras recibir un balazo en el cuello dos días antes disparado por un delincuente venezolano aún prófugo. El martes la policía detuvo a decenas de venezolanos por ser sospechosos de integrar una organización delictiva. Ese día Perú también pidió a Colombia la detención con fines de extradición de un venezolano capturado en ese país e investigado por presunto feminicidio, quien huyó de Lima tras quemar viva a su pareja peruana en marzo provocándole la muerte.
ACNUR recordó que “la gran mayoría de las personas refugiadas y migrantes en el Perú vienen en busca de protección y de una vida mejor, aportando a muchos niveles al país. Documentar permite brindar protección, integrar y también mejorar la seguridad para todos”.
En Chile, la cantidad de migrantes alcanza los 1.4 millones y al igual que en el vecino país, en su mayoría son venezolanos.
El gobierno de Boric está impulsando dos proyectos de ley con los que buscan ampliar as facultades policiales en el control fronterizo y aumentar de 48 horas a cinco días el plazo para concretar la expulsión del país de los migrantes.
Durante una visita al área fronteriza de Colchane en marzo, Boric aseguró que su aproximación al control de la migración busca "simplificar y acelerar los procesos de expulsión en caso que sean necesario, por ejemplo, en caso de condenados por delitos de droga”.
[Este reporte contiene información de Reuters y The Associated Press]
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