![Equipos de prensa cubren la presentación de un informe sobre las violaciones a los derechos digitales en Venezuela. [Archivo]](https://gdb.voanews.com/01000000-0aff-0242-491b-08db4b58f30c_w250_r1_s.jpeg)
La libertad de prensa en Venezuela presenta características muy “particulares”. Está marcadamente “constreñida” por varios factores, entre ellos, el miedo, la opacidad y la autocensura, consecuencia de una “política de Estado” que ha reducido el ecosistema de medios en el país, coinciden expertos.
Desde hace varios años, diversas organizaciones dedicadas a monitorear la situación constantemente reportan restricciones, agresiones y criminalización contra periodistas, trabajadores de la prensa y medios de comunicación independientes, una práctica que se instauró durante el gobierno del ex presidente Hugo Chávez.
Marianela Balbi, directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela, sostiene que en Venezuela “no existe” una sociedad democrática, lo que ha quedado evidenciado a través del cierre de periódicos, espacios radiales, los bloqueos a medios digitales y la situación de “cooptación” de las televisoras de señal abierta.
“La libertad de prensa en estos momentos en Venezuela vive su momento más oscuro, de mayor mengua y de reducción a la mínima expresión y eso se está reflejando en una sociedad que vive amenazada por la opacidad, por la poca transparencia, por la precariedad en la que viven los periodistas”, expone consultada por la Voz de América.
Entre enero y diciembre del 2022, IPYS Venezuela documentó 373 vulneraciones a las libertades informativas. Las restricciones administrativas “fueron el patrón de vulneración más registrado”; 107 emisoras salieron del aire por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), organismo estatal que regula las telecomunicaciones en Venezuela.
“La radio seguía siendo una de las pocas ventanas que quedaba para que el ciudadano se sintiese informado, pudiese tener apenas una ventana de comunicación y de expresión, ese es uno de los grandes peligros que estamos viviendo todavía. A eso se une el asedio digital a través de redes sociales desde los altos voceros del poder, atacando periodistas”, precisa la directora ejecutiva de IPYS, organización que trabaja en la defensa, promoción y formación en libertad de expresión.
Otro “gran patrón”, subraya, es el uso del sistema judicial para abrirle juicios a periodistas y, de esta manera, hostigarlos y obligarlos a irse del país.
Además, Ve sin Filtro, un programa de la organización Venezuela Inteligente, dedicado al monitoreo y documentación, con carácter técnico, de la censura en internet y otras amenazas al ejercicio de los derechos humanos, ha identificado decenas de páginas informativas bloqueadas a las que solo puede accederse mediante el uso de herramientas como VPN, lo que “limita” el ejercicio de DDHH en internet.
Sólo en marzo de este año, Espacio Público, organización que también se dedica a la promoción y defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad social en los medios de comunicación social, documentó 16 casos y 34 violaciones del derecho a la libertad de expresión.
Edgar Cárdenas, secretario del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Caracas, añade que, si bien se han reducido las agresiones físicas a periodistas, aumentan las campañas de agresiones por parte de altos funcionarios, a través de medios de comunicación, especialmente en las regiones.
“El ciudadano debe entender que el tema de libertad de expresión no es un asunto que nos atañe a los periodistas y a los demás trabajadores de la prensa, es un tema que atañe a la sociedad, tiene que participar y exigir su derecho porque les afecta”, insiste.
Para Balbi, el mayor desafío para la libertad de prensa y los periodistas en Venezuela es continuar “desmontando” la desinformación y el discurso promovido por la propaganda oficial.
En marzo, durante su más reciente actualización oral sobre la situación en Venezuela en el 52 período de sesiones del Consejo de DDHH de la ONU, Volker Türk, Alto Comisionado de la Oficina para DDHH, expuso su preocupación ante las “restricciones” a los medios de comunicación, el bloqueo de páginas webs y el cierre de emisoras y programas de radio.
“Los defensores y defensoras de los derechos humanos y los periodistas siguen sufriendo ataques, intimidación y criminalización”, precisó.
Pocas veces funcionarios del gobierno se refieren al tema, pero, Diosdado Cabello, diputado chavista y uno de los hombres clave del gobierno, aseguró en noviembre del año pasado que muchas de las emisoras fueron cerradas por sus dueños y subrayó que en Venezuela la libertad de expresión está garantizada.
“Así pasa con las emisoras, apagaron los transmisores y Conatel está revisando cada una, inclusive se le ha actualizado los documentos a mucha gente (…) no, la libertad de expresión no es de los medios, es un error pensar que la libertad de expresión les pertenece a los dueños de radio, televisión y periódicos, la libertad de expresión es del ciudadano”, manifestó al ser consultado en una conferencia de prensa.
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