La Asamblea Nacional de Ecuador comenzó el martes la audiencia de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, que podría terminar en la destitución de su cargo, aunque el proceso aumenta la probabilidad de que disuelva al Legislativo para evitar una votación final.
Se necesitan 92 votos de los 137 miembros de la Asamblea Nacional para destituir a Lasso, a quien los políticos de la oposición acusan de supuesto peculado relacionado con un contrato en la compañía Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).
Lasso aseguró que no hay pruebas de presunta corrupción en una empresa estatal al defenderse de la acusación de los legisladores durante una audiencia del juicio político en su contra que se lleva a cabo en la Asamblea.
El mandatario afirmó que durante su gobierno la empresa estatal de transporte de petróleo Flopec no firmó ningún contrato ni se modificó ningún decreto o ley, pero advirtió que “si algún funcionario violentó las normas que debía cumplir o si usó su cargo para favorecerse a sí mismo o a terceros, sólo espero que la justica lo sentencie con la pena más dura”.
A su vez destacó que la empresa perdía seis millones de dólares al año y que en lo que va de su administración ha declarado ganancias por 180 millones de dólares.
“Lo único que hay son informaciones que evidencian mi total, evidente e incuestionable inocencia”, dijo Lasso. Agregó que en el juicio político se ha violado el debido proceso porque los acusadores advirtieron que, por no tratarse de una investigación penal, no deben probar el delito que presuntamente se cometió.
Según los acusadores el contrato de FLOPEC con la compañía Amazonas Tanker habría causado un perjuicio al Estado de seis millones de dólares.
En la réplica, Torres manifestó que en el banquillo de los acusados en la Asamblea está la corrupción en las empresas públicas, “no está sentada en el banquillo ni la democracia, ni la constitución, ni la estabilidad política, no se trate aquí de confundir con falacias... no existe golpe, existe juicio político”.
Veloz reiteró la acusación de que Lasso, a pesar de conocer que ese contrato era lesivo para los intereses del Estado ecuatoriano, no impidió que se prorrogue, con lo cual el perjuicio en contra del pueblo ecuatoriano se mantiene hasta la actualidad, reiteró.
La oposición, incluidos los aliados del partido del expresidente Rafael Correa -él mismo acusado por corrupción-, se ha fortalecido tras la reelección el domingo de Virgilio Saquicela como presidente de la Asamblea Nacional.
La opción de la 'muerte cruzada'
Para evitar el juicio político, Lasso podría llamar a 'muerte cruzada', una figura de la Constitución que permite a los mandatarios ecuatorianos convocar a elecciones anticipadas tanto para su puesto como para la Asamblea Nacional bajo ciertas circunstancias, incluso si las acciones de la Legislatura bloquean el funcionamiento del Gobierno.
"Esa opción (la muerte cruzada) siempre se ha considerado y se la tiene, y la decisión es del presidente", dijo el lunes el Secretario Jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz, a un medio digital. "Él decidirá cuándo".
Si Lasso es destituido será reemplazado por el vicepresidente Alfredo Borrero hasta concluir el periodo en 2025. En caso de que el presidente disuelva al Legislativo podrá gobernar con leyes emitidas por decreto hasta que se convoque a las nuevas elecciones, según la Constitución.
La Asamblea Nacional votó la semana pasada a favor de continuar con el proceso de juicio político con 88 votos a favor de los 116 legisladores presentes.
Algunos legisladores han dicho que cualquier disolución sería inconstitucional y se negarían a cumplirla. El gobierno y sus aliados han cuestionado la legalidad del proceso de juicio político.
Lasso, un exbanquero de derecha de 67 años, asumió el poder en mayo de 2021 para un período de cuatro años y desde el principio de su mandato afrontó una férrea oposición legislativa que rechazó sus principales proyectos de gobierno y ha bloqueado permanentemente su gestión.
Los cargos y la defensa
Mireya Pazmiño, asambleísta líder del proceso de impugnación, afirmó que “en esa empresa pública Flopec se dio todo un entramado de corrupción, de mafias y eso el presidente lo sabía, porque luego de este juicio político, no solamente queda en responsabilidad política, también tendrá que ir a la justicia ordinaria porque son delitos”.
Sin embargo, el abogado de Lasso, Edgar Neira, señaló que el contrato fue concertado en el gobierno anterior y anticipó el argumento de defensa del presidente.
“Dejar claro ante el país todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional para que en la actual administración de Flopec no se produzca ningún perjuicio a los recursos públicos y esta empresa pueda generar la utilidad que ha generado a partir del momento en que el gobierno del presidente Guillermo Lasso se acogieron a todas las recomendaciones que dispuso la Contraloría General del Estado”.
En la sesión de este martes, los asambleístas tendrán dos horas para sustentar la acusación, tras lo cual Lasso tendrá la misma cantidad de tiempo para defenderse. Después, ambas partes tendrán una hora adicional para eventuales réplicas.
Al final de ese proceso inicial, Lasso se retirará de la Asamblea y se iniciará un debate en el que cada uno de sus 137 integrantes podrá hablar durante 10 minutos. Según estimaciones de los mismos legisladores, el sábado se celebrará la sesión final para determinar la suerte de Lasso.
Pero en medio del proceso, Lasso podría en cualquier momento, según lo marca la ley, activar un recurso constitucional que le permiten disolver a la Asamblea sin aprobación de ningún órgano estatal.
De tomar esta decisión podría gobernar por decreto hasta por seis meses, con el control de la Corte Constitucional, y a la par debería convocar elecciones presidenciales y legislativas.
[Con información de Giselle Jácome, periodista de la VOA, Reuters y AP]
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