La credibilidad de las elecciones generales en Guatemala llega a mínimos de confianza, según expertos, que ven “un patrón” al sacar de la contienda una tras otra a las candidaturas opositoras con posibilidades de abrirse paso hasta las primeras posiciones de preferencias electorales.
Los guatemaltecos vieron la semana pasada cómo el favorito en las encuestas, Carlos Pineda, y el partido Prosperidad Ciudadana quedaban fuera de la contienda para las elecciones generales —que se celebrarán el 25 de junio— por una decisión judicial.
Pineda, empresario del interior del país, despegó en las preferencias con mensajes de combate a la corrupción, pero en la tarde del viernes pasado su candidatura quedó "suspendida" por el Tribunal Contencioso Administrativo por reclamos de un proceso interno en su partido señalado por otro partido, Cambio, con el que Pineda iba a participar inicialmente en las elecciones, pero del que se desvinculó el año pasado.
El partido Cambio pertenece al político Manuel Baldizón, quien fue acusado y condenado por narcotráfico en Estados Unidos y posteriormente deportado a Guatemala, y quien también generó revuelo cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) validó su candidatura como diputado al Congreso Nacional, pero ante el rechazo popular, la Corte de Constitucionalidad resolvió dejarlo fuera de la contienda.
El TSE ordenó el lunes a todos los medios de comunicación del país abstenerse de emitir cualquier tipo de mensajes de la campaña electoral del partido Prosperidad Ciudadana, so pena de sanciones.
Este es el tercer partido político de la oposición cuyos candidatos quedan fuera del proceso electoral.
Primero quedó fuera en febrero la líder indígena Thelma Cabrera, candidata por el Movimiento para la Liberación de Los Pueblos (MLP), de izquierda, en fórmula con el exprocurador de Derechos Humanos Jordán Rodas. Ambos tenían amplia aceptación entre los votantes indígenas. Cabrera era la única mujer indígena que iba a participar en los comicios. Rodas Andrade es crítico del gobierno de Giammattei. El TSE se negó a inscribir a Rodas citando que un finiquito no estaba vigente. Rodas aseguró que su documento era válido y apeló, pero la Corte de Constitucionalidad negó el recurso.
Luego quedó fuera de la contienda el candidato del partido de tendencia de derecha Podemos, Roberto Arzú, hijo del expresidente Álvaro Arzú y actual alcalde de la capital, que se enfilaba a la primera posición en los sondeos a principios de marzo. Su candidatura fue admitida pero luego el TSE le retiró la inscripción por supuestamente hacer campaña anticipada. Arzú dijo al recibir la sentencia que lo sacaban de la contienda "por denunciar la corrupción" y verlo como favorito. Arzú apeló la decisión ante la Corte de Constitucionalidad, que este jueves dió una sentencia difinitiva negándole la apelación.
Pineda también apeló la decisión ante la Corte de Constitucionalidad. La apelación aún está pendiente. El equipo de abogados de Pineda anunció que este miércoles presentaron ante la Corte Suprema de Justicia "un amparo" contra el TSE para suspender la impresión de las papeletas hasta que la Corte de Constitucionalidad resuelva su caso.
Otro candidato, Edmond Mulet, también fue suspendido por supuestamente hacer campaña anticipada por pronunciarse en contra de la criminalización de los periodistas, y espera sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Mulet marchaba tercero en una encuesta de Prensa Libre a comienzos de mes.
Para Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana en Guatemala, una organización de la sociedad civil y parte de Transparencia Internacional, las posibilidades de revertir el fallo con la apelación de Pineda, presentada el sábado ante la Corte de Constitucionalidad para salvar su candidatura y del partido, es “una batalla perdida”. A su criterio, el sistema judicial “está cooptado”.
Marroquín dijo que el proceso electoral en curso "con tan poca credibilidad de la población" es sin duda “el peor de toda la era democrática del país desde 1984", cuando tras décadas de gobiernos de corte militar, terminó el último régimen encabezado por el general Efraín Ríos Montt.
"Prácticamente todos los poderes del Estado, las cortes y el mismo poder electoral están controlados por una misma fuerza, que es lo que en Guatemala llamamos ‘el pacto de corruptos’”, dijo Marroquín.
Un estudio de opinión de la consultora ProDatos para Prensa Libre y Guatevisión en abril indicó que seis de cada 10 guatemaltecos tiene más confianza en las iglesias que en las instituciones del Estado, y menos aún en la clase política, con una tendencia a la baja en los últimos 10 años.
El control del aparato judicial de Guatemala es una preocupación de EEUU y la Unión Europea, que han señalado la persecusión penal de jueces y fiscales que se han visto obligados a huir del país al exilio. También han cuestionado el papel de la Fiscal General, Consuelo Porras, reelecta en el cargo por el presidente Alejandro Giammattei, a la vez que cinco jueces de la Corte de Constitucionalidad siguen en sus cargos a pesar de haber concluido sus magistraturas en 2021, así como los del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que terminó su mandato el 12 de octubre de 2019, continúan en sus cargos.
Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), exiliado en Washington, dijo a la VOA que se evidencia el alcance que ha tenido la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y luego “el desmantelamiento del aparato anticorrupción”.
En 2017 el presidente Jimmy Morales, ante las investigaciones de la CICIG sobre corrupción, ordenó la expulsión de la misión encabezada por Naciones Unidas, que finalmente salió del país en enero de 2019. En el gobierno de Giammattei se han producido acusaciones contra jueces y fiscales que investigaban casos de corrupción y violaciones a derechos humanos.
Sandoval señala que las autoridades electorales han permitido la participación de candidaturas que debían ser prohibidas, y por el contrario "utiliza cualquier pretexto para sacar del proceso electoral a candidaturas” opositoras.
Uno de las formulas que Sandoval dice no deberían estar inscritas por prohibición constitucional es la de Sandra Torres, a quien el TSE aceptó por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Tras denuncias de que Romeo Estuardo Guerra Lemus, su compañero de fórmula, es un pastor evangélico, algo que prohíbe la Constitución, la Corte de Constitucionalidad resolvió no obstante a favor de la candidatura.
Sandoval dice que una inhabilitación similar debería aplicarse a la candidata Zury Ríos Sosa, hija del general Ríos Montt, que compite con Valor, en el ala de extrema derecha. Ríos fue aceptada por la Corte Constitucional pese a prevalecer la norma del Artículo 186 que prohíbe postularse a parientes de "golpistas", argumento que la dejó fuera en pasadas elecciones.
Sadoval considera que los partidos de la oposición que aún compiten tienen "candidaturas sin posibilidades" porque son partidos pequeños sin fuerza nacional y que no tienen recursos ni gozan de preferencia que les haga aparecer como favoritos. De subir en preferencias, se les aplicaría la misma estrategia para sacarlos del juego, aseguró.
Carlos Lam, director del movimiento Guatemaltecos sin Fronteras, en Washington, una agrupación de acción social y política de inmigrantes, dijo a la Voz de América que hay preocupación porque las elecciones “ya no tienen credibilidad” al ver como se pone en práctica una “justicia selectiva” contra candidatos que señalan a los “grupos de poder” que están gobernando Guatemala.
“Vemos que estas cortes de justicia bailan al son que les tocan y responden a los que los financian”, dijo Lam. Aunque cree que Carlos Pineda “no es la mejor opción", dice que hay "muchísimos guatemaltecos que sí creen en sus propuestas”, por lo que debería dársele la oportunidad de participar.
Lam dijo que en Guatemala “ya no se puede tapar el sol con un dedo” sobre lo que está sucediendo con estas acciones reiteradas de excluir candidatos utilizando las cortes, lo que “confirma la cooptación del Estado” y que “las cortes responden a intereses oscuros”.
El descontento es tal, dijo el activista, que en el área metropolitana de Washington, donde se instará un centro de votación, hay un movimiento civil para hacer "voto nulo".
Marroquín por su lado asegura que no se necesita demasiado para vaticinar que las próximas elecciones generales donde se espera elegir al sustituto de Giammattei, a los 160 diputados del Congreso Nacional y a los 340 alcaldes y sus concejos municipales, "será una elección con bajísima participación y sin credibilidad".
El padrón electoral de Guatemala tiene registrados un poco más de 9 millones de votantes, cerca de 90.000 podrían votar en EEUU, donde se instalarán 15 centros de votación en todo el país.
En las elecciones generales de 2019, donde las presidenciales se disputaron hasta una segunda vuelta, la participación tuvo dos picos. En la primera vuelta, cuando se eligió al Congreso Nacional y alcaldes, acudió el 61,8 % del padrón electoral, para la segunda vuelta, que dejó a Giammattei como ganador, la participación bajó al 42,7 %.
Sobre el papel de la comunidad internacional, Sandoval y Marroquín dijeron que los guatemaltecos "estamos solos", porque el sistema de observación tanto de la Organización de Estados Americanos (OEA) como de la UE no emiten reportes hasta concluido el proceso.
"Eso es demasiado tarde", dijo Marroquín, pues para entonces ya se han consumado los resultados.
La Misión de Observación Electoral de la OEA para los comicios dijo que la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA manifestó a finales de marzo su preocupación "por el desarrollo del proceso de inscripción de candidaturas que se lleva a cabo en Guatemala".
El TSE no respondió a una solicitud de comentario de la Voz de América para este reporte.
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