Un tribunal de El Salvador condenó el lunes a 14 años de prisión al expresidente Mauricio Funes por negociar una tregua con las pandillas para bajar la tasa de homicidios a cambio de beneficios para sus cabecillas en las cárceles.
En tanto, a su exministro de Seguridad, general David Munguía Payés, el tribunal le impuso una pena de 18 años.
Funes enfrentaba cargos por los delitos de agrupación ilícita e incumplimiento de deberes, mientras que el general Munguía Payes fue condenado por los mismos delitos y se le sumó el de actos arbitrarios.
Funes, de 64 años, se convirtió así en el segundo presidente salvadoreño condenado por violar la ley durante su mandato (2009-2014).
En un programa de entrevistas transmitido en las redes sociales, el expresidente negó nuevamente los cargos que se le imputan y rechazó la sentencia.
“En mi opinión, la condena, por lo que a mí se refiere, es ilegal, no tiene sustento legal, ahora la condena del general Munguía Payés me parece injusta”, dijo Funes.
Argumentó que a nadie se le puede condenar por un delito que nos se ha podido demostrar. La Fiscalía no logró demostrar ninguno de los delitos, reprochó Funes, “ni los que se me imputan a mí, ni lo que le imputan a Munguía Payes”.
“Yo también me considero un condenado político, aunque la condena no se vaya a ejecutar porque no puedo ser extraditado por mi ciudadanía nicaragüense, pero simbólicamente sirve”, advirtió.
Funes descartó la posibilidad de presentar un recurso de apelación alegando que no tiene contacto con el defensor público que le asignaron.
El Tribunal argumentó en su fallo que las pruebas testimoniales, periciales y documentales comprobaron la comisión de los delitos cometidos por los procesados cuando eran funcionarios.
Señaló que en el juicio quedó establecido que ambos tenían el conocimiento y el dominio de las acciones ilegales que se realizaban como parte de la tregua pactada con las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y las dos facciones del Barrio 19, en 2012 y 2013.
“Logramos comprobar que estos 2 exfuncionarios, quienes tenían la obligación de proteger a los salvadoreños, negociaron sus vidas a cambio de favores electorales, actuando como pandilleros”, dijo en su cuenta de Twitter el fiscal general, Rodolfo Delgado.
“Se consideraban intocables, pero llegó la hora de poner fin a tantos años de impunidad selectiva, esos que hacían negociaciones oscuras a costa de la sangre de los salvadoreños han sido condenados a pagar en prisión por el daño causado a la sociedad”, agregó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
Añadió que se acreditaron las reuniones entre pandillas, para lo cual se hacían traslados ilegales de distintas cárceles, y el ingreso a los penales de orquestas y mujeres, así como de los mediadores, sin cumplir los debidos protocolos.
Según el tribunal, los directores de los centros penales no tenían poder de decisión para realizar esas acciones.
Al concluir el juicio Munguía Payés afirmó que en el proceso hubo muchas irregularidades y se consideró “un condenado político sólo por haber servido como exministro del presidente Funes. Me imputan una serie de acusaciones que no tienen fundamento”.
El exministro de Seguridad dijo que apelará la condena ya que esperaba que lo dejarán en libertad “porque no había ningún sustento legal para todas las imputaciones que nos han hecho”.
Funes, que vive en Nicaragua bajo la protección del gobierno del presidente Daniel Ortega que en 2019 le otorgó la nacionalidad para evitar su extradición, no estuvo presente en el juicio. El exmandatario no nombró abogado defensor, por lo que le fue asignado uno de oficio.
Una reforma penal aprobada en septiembre de 2022 permite realizar juicios con imputados ausentes.
Los testigos -entre ellos el obispo católico Fabio Colindres y el exministro de Seguridad y exdirector del Organismos de Inteligencia del Estado, Ricardo Perdomo- dijeron en el juicio que Funes y el general Munguía Payés estaban enterados de todos los pormenores de los acuerdos de la tregua.
El obispo explicó que la tregua inició en marzo de 2012 con una reunión en la cárcel de máxima seguridad conocida como Zacatraz donde estaban recluidos los cabecillas de las pandillas y que en el proceso pactaron no agredirse y bajar los índices de homicidios a cambio de beneficios para ellos.
Pidieron ser trasladados del penal de máxima seguridad a cárceles comunes, que se les permitieran las visitas íntimas y la posibilidad de tener celulares.
Luego de esa reunión se realizó el traslado de los cabecillas a cárceles donde estaban recluidas “sus bases” para explicarles el acuerdo.
Las llamadas maras o pandillas tienen presencia en populosos barrios y comunidades del país y están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado, según las autoridades. También extorsionan a comerciantes y empresas de transporte y asesinan a quienes se niegan a pagar.
Este no es el primer caso de presuntas negociaciones de funcionarios salvadoreños con las pandillas. Investigaciones periodísticas y autoridades de Estados Unidos han acusado también al gobierno del actual presidente Nayib Bukele de pactar con esos grupos.
El periódico digital El Faro ha publicado sendos reportajes en los que documentó presuntas negociaciones de funcionarios de la administración de Bukele con las tres principales pandillas de El Salvador y una acusación de la Fiscalía de Estados Unidos contra pandilleros de la Mara Salvatrucha, presentada en una corte federal de Nueva York, señaló a dos altos funcionarios de Bukele por haber negociado con esa pandilla una reducción de los homicidios a cambio de supuestos beneficios entre los años 2019 y 2021.
No obstante, ni en El Salvador ni en Estados Unidos hay una acusación formal dirigida específicamente contra funcionarios del gobierno de Bukele.
Los homicidios se redujeron en El Salvador durante el gobierno de Funes pero las cifras repuntaron cuando la tregua se rompió en 2013 tras la remoción de Munguía Payés. Las nuevas autoridades retiraron los beneficios a los pandilleros presos.
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