El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan realiza una visita oficial a Venezuela donde se reunió con el fiscal general, Tarek William Saab, con quien abordó temas relacionados con la protección de DDHH en el país.
“Hemos culminado la reunión en el despacho del Ministerio Público (MP) con el ciudadano fiscal de la CPI, Karim Khan, donde intercambiamos opiniones en relación a los logros en materia de protección de los Derechos Humanos en Venezuela”, escribió Saab en su cuenta en Twitter el jueves por la tarde.
De acuerdo con Saab, también conversaron sobre la implementación del memorándum de entendimiento suscrito entre el Estado venezolano y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
La visita de Khan a Venezuela ha estado marcada por hermetismo y ausencia de información oficial. No hay detalles de su agenda y su presencia en el país se conoció luego mediante el tuit del fiscal y luego de la reunión que mantuvieron en la sede del MP en el centro de Caracas.
El jueves por la noche el canal del Estado, Venezolana de Televisión, difundió imágenes de una reunión entre Khan y el presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores.
Maduro informó, horas después, que durante el encuentro se revisaron los “avances alcanzados” tras la implementación del memorando de entendimiento.
“Seguiremos ampliando los mecanismos de trabajo con esta instancia”, escribió en Twitter.
¿Qué podría esperarse?
Calixto Ávila, abogado especialista en Derechos Humanos sobre la CPI del Programa Venezolano Educación Acción en DDHH (Provea), estima que durante su permanencia en Venezuela, se podría es esperar que el fiscal haga seguimiento al memorando de entendimiento basado en el principio de complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma y firmado en noviembre del 2021.
Ávila recordó que el memorando de entendimiento prevé que el Estado venezolano, como jurisdicción nacional, debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la efectiva administración de justicia según los estándares internacionales y con el apoyo efectivo de la oficina del fiscal de la CPI.
“Este principio establece que la administración de justicia corresponde a los Estados y que si estos no quieren o no pueden administrar justicia entonces la CPI está llamada a intervenir. Este memorando de entendimiento también establece que se implementen mecanismos para fortalecer la cooperación entre la fiscalía y el estado venezolano para que el fiscal pueda desarrollar su mandato”, precisó.
Además, no descarta que durante su viaje oficial se concrete el establecimiento de una oficina de la fiscalía en territorio venezolano. Al respecto, Ávila recordó que el mecanismo cuenta con un presupuesto de más de 1.550.000 euros aprobado por la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma de la CPI en diciembre de 2022.
En marzo del año pasado, durante su segunda visita a Venezuela, Khan anunció que las partes acordaron que la fiscalía de la CPI podría abrir una oficina en Caracas, lo que calificó como un paso es “importante” y “muy significativo”.
“La fiscalía también cuenta con asesores especiales que podrán proporcionar asistencia técnica a Venezuela para facilitar la transferencia de conocimientos, para que podamos profundizar y fortalecer nuestras alianzas”, manifestó en ese entonces, cuando precisó que también se acordó con el Estado venezolano la emisión de “visados de múltiple entrada” que serían concedidos a diversos miembros de su equipo para poder acceder “de forma sencilla” a Venezuela.
En 2021 la fiscalía de la CPI ordenó abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad.
A finales del año pasado, la fiscalía de la CPI solicitó ante la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, en virtud del artículo 18 (2) del Estatuto de Roma, lo que fue rechazado por el gobierno de Maduro que había solicitado un aplazamiento de la investigación.
El Estado venezolano cuestionó la decisión del fiscal argumentando que “ha aportado amplia y suficiente información que demuestra cómo, a través de las instituciones competentes, el país se encuentra investigando o ha investigado, presuntos hechos punibles contra los derechos humanos a fines de determinar la verdad y esclarecer, de ser el caso, las responsabilidades penales competentes”.
A principios de mayo de este año, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI rechazó otorgar al gobierno del presidente Nicolás Maduro autorización para responder al informe con observaciones de al menos 8.900 víctimas que respaldan la continuidad de la investigación de la fiscalía de la CPI contra el Estado venezolano.
Recientemente el gobierno de Maduro señaló a la fiscalía de la CPI de cometer “irregularidades y violaciones” del debido proceso y la acusó de mantener “vínculos probados” con organizaciones no gubernamentales que han aportado información contra autoridades nacionales.
“Lo que pone en duda la debida imparcialidad y objetividad de dicha corte”, expuso en Estado venezolano en un comunicado.
Se espera que en los próximos meses la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI anuncie su decisión sobre la continuidad o no de la investigación.
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