El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, firmaron un memorando de entendimiento para concretar la conformación de una oficina de cooperación técnica de la fiscalía de la CPI en el país, tal y como se había acordado en marzo del año pasado.
“Ya tenemos la ubicación de la oficina, esta mañana vimos la oficina y ahora vamos a poder venir más a menudo a Venezuela y trabajar de manera más cercana, de manera que podamos ayudar a Venezuela con la asistencia técnica, la capacitación para que Venezuela pueda hacer más para cumplir sus obligaciones en el marco del Estatuto de Roma”, dijo el fiscal en conferencia conjunta con Maduro en el Palacio de Miraflores en Caracas el viernes por la tarde.
Khan aseguró que el acuerdo detalla la asistencia técnica y la asesoría que dará su oficina, incluso en las reformas que Venezuela quiere “poner en práctica para garantizar que haya más justicia, más responsabilidad y una paz sostenible”, dijo.
Khan subrayó que han descubierto áreas de “deficiencia” y “debilidad” en las que deben trabajar juntos.
Maduro destacó que Venezuela tiene experiencia con la oficina del Alto Comisionado de DDHH de la ONU, que “funciona muy bien” junto a los diversos poderes estatales, aseguró.
“Pudiéramos ser optimistas hoy y decir que esta oficina seguramente tendrá un impacto muy favorable en el marco de la complementariedad del Estatuto de Roma para el fortalecimiento de los procesos de reforma y de cambios necesarios del sistema de justicia de Venezuela, para la formación de los actores principales en esa materia”, manifestó Maduro en la conferencia de prensa transmitida por el canal del Estado, Venezolana de Televisión.
También agradeció al equipo de la CPI y dijo estar seguro de que la oficina sumará “conocimientos, experiencia y prácticas positivas para una Venezuela que lo necesita”.
Activistas de DDHH habían anticipado que el fiscal de la CPI, que visitó Venezuela por tercera vez desde que asumió el cargo bajo un contexto marcado por la ausencia de información oficial, daría seguimiento al memorando de entendimiento basado en el principio de complementariedad positiva del Estatuto de Roma firmado en noviembre del 2021 y concretaría la apertura de la oficina.
La fiscalía de la CPI ordenó abrir en 2021 una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad.
A finales del año pasado, la fiscalía de la CPI solicitó reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, lo que fue rechazado por el gobierno de Maduro, que había solicitado un aplazamiento de la investigación.
El Estado venezolano cuestionó la decisión del fiscal argumentando que había aportado "amplia y suficiente información" que demostraba que el país se encontraba investigando "presuntos hechos punibles contra los derechos humanos a fines de determinar la verdad y esclarecer, de ser el caso, las responsabilidades penales competentes”.
A principios de mayo pasado, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI rechazó otorgar al gobierno de Maduro autorización para responder al informe con observaciones de al menos 8.900 víctimas que respaldan la continuidad de la investigación de la fiscalía contra el Estado venezolano.
Recientemente el gobierno de Maduro señaló a la fiscalía de la CPI de cometer “irregularidades y violaciones” del debido proceso y la acusó de mantener “vínculos probados” con organizaciones no gubernamentales que han aportado información contra autoridades nacionales, lo cual dijo ponía en duda “la debida imparcialidad y objetividad de dicha corte”.
Se espera que en los próximos meses la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI anuncie si continuará o no la investigación.
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