“Tengo mi pasaporte a mano para el caso de que tenga que salir con prisa”, dijo un periodista guatemalteco que trabaja para un medio de comunicación independiente que ha publicado reportajes críticos al presidente guatemalteco Alejandro Giammattei.
En los meses anteriores a las elecciones generales del próximo 25 de junio, periodistas, fiscales y jueces han sido arrestados en Guatemala, en lo que los analistas han visto como una campaña deliberada del gobierno y sus aliados para silenciar las voces críticas.
“Temo por mi propia seguridad. Ahora hay un ambiente de represión en el país”, dijo el periodista bajo condición de anonimato a la Voz de América por teléfono. La VOA no revela la ubicación y el género del periodista por razones de seguridad.
Parte de las preocupaciones provienen de un veredicto dictado en junio a José Rubén Zamora. Un tribunal condenó a este destacado periodista a seis años de prisión por lavado de dinero en un caso que los grupos de derechos humanos calificaron como un ataque a la libertad de expresión.
Persecución política
Zamora era el editor de elPeriódico, un medio de comunicación que publicaba historias críticas de los sucesivos gobiernos. Él y su familia han descrito el caso como “persecución política”.
Sin embargo, Nancy Calderón, de la Secretaría de Comunicaciones de Guatemala, dijo que el gobierno "rechaza categóricamente" las denuncias de injerencia en el poder judicial. En un mensaje a la VOA dijo: “Reiteramos el respeto a la independencia de los poderes, las instituciones y el Estado”.
Carmen Rosa de León, quien dirige el Instituto para el Desarrollo Sostenible, un centro de estudios guatemalteco, dijo que bajo el gobierno de los últimos cuatro años, los militares, los funcionarios corruptos y los criminales solo se han vuelto más poderosos.
“Los periodistas que han cuestionado esto o han informado sobre escándalos de corrupción se han enfrentado a procesos, que están diseñados para mantenerlos en prisión y evitar que hagan su trabajo”, dijo a la VOA desde Guatemala.
Agregó que casi todos los periodistas que trabajaron para medios que habían investigado o criticado al gobierno se han exiliado.
“La libertad de prensa inevitablemente ha sufrido porque hay menos periódicos o reporteros capaces o autorizados a decir lo que realmente está pasando”, señaló.
La lucha contra la corrupción es un tema clave en la votación del domingo, informó Reuters.
Pero una investigación de Reporteros sin Fronteras encontró que en Guatemala, los medios que investigan la corrupción oficial corren el riesgo de “campañas de acoso y enjuiciamiento penal”. La entidad clasificó al país en el puesto 127 de 180 en su Índice Mundial de Libertad de Prensa, donde 1 muestra el mejor ambiente para los medios.
“Cualquiera que toque el tema de la corrupción o de la impunidad no está a salvo”, dijo a la VOA Manfredo Marroquín, director del organismo de control Transparencia Internacional en Guatemala.
Añadió que “el gobierno y el crimen organizado se vengan de los periodistas que publican artículos sobre corrupción o actúan contra jueces o fiscales. Es una estrategia para eliminar cualquier voz que esté en contra de este sistema de saqueo que existe en este país”.
Afirman que hay respeto para el periodismo
Calderón, de la Secretaría de Comunicaciones de Guatemala, dijo a la VOA que el gobierno “ha respetado y promovido el ejercicio del periodismo en el país, poniendo a disposición de los periodistas plataformas multimedia para acceder a toda la información del gobierno”.
Al señalar la cantidad de recursos y plataformas disponibles, señaló que “desde el inicio de la presente administración, estos medios han hecho más de 10.000 publicaciones críticas con la presidencia”, y agregó que los datos muestran que “desde el Poder Ejecutivo se han garantizado dos cosas: acceso a fuentes oficiales de información y libertad de prensa”.
La VOA también trató de contactar a periodistas que trabajan para medios considerados más simpatizantes del gobierno de Guatemala, pero ninguno respondió a las solicitudes de comentarios o entrevistas.
Durante la última década, Guatemala ha caído a su punto más bajo en el tema de la corrupción, según Transparencia Internacional, cayendo al puesto 150 entre 180 países.
Giammattei fue elegido en 2019 con la promesa de comprometerse a combatir la corrupción. Pero no rescató al Comité Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un organismo anticorrupción respaldado por la ONU que cerró su predecesor.
También se enfrentó con el gobierno de EEUU por los esfuerzos para frenar la corrupción y su gestión del sistema de justicia, informó Reuters.
Giammattei no se presenta a la reelección. Reuters informó que las encuestas apuntan a una competencia reñida entre la ex primera dama Sandra Torres, el diplomático de carrera conservador Edmond Mulet y Zury Ríos.
Esta última es hija del difunto dictador Efraín Ríos Montt. Uno de los favoritos en la elección, el empresario Carlos Pineda, fue excluido anteriormente de la carrera por incumplimiento de las reglas electorales.
Zamora, de elPeriódico, ha prometido limpiar su nombre. “Me siento feliz porque al final [la sentencia] fue arbitraria”, dijo a los periodistas después de la audiencia del 14 de junio.
El mundo estará mirando
Su caso representa una amenaza para la expresión independiente y libre, dijo en Twitter Brian Nichols, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos.
“El mundo estará pendiente de que se proteja su seguridad y salud personal”, dijo.
El diario elPeriódico fue fundado en 1996 y se convirtió en uno de los principales medios de investigación de Guatemala.
Entre las historias que publicó estaba un informe sobre cómo figuras empresariales rusas en 2021 supuestamente enviaron fajos de efectivo al presidente guatemalteco enrollados en una alfombra roja, una afirmación que la oficina del presidente negó en ese momento.
La historia fue recogida por los medios internacionales, incluido el New York Times.
Zamora fue arrestado en julio del año pasado durante una redada contra periodistas, fiscales, jueces, activistas de derechos humanos y figuras de la oposición, encabezada por la Fiscalía Especial contra la Inmunidad (FECI). En mayo, elPeriódico anunció el fin de sus operaciones.
Samari Gómez, fiscal auxiliar de la FECI, quien fue detenida el año pasado en relación con el caso Zamora por presunta divulgación de información confidencial, resultó absuelta.
Durante el proceso, la prueba de Zamora no fue admitida y sufrió ocho cambios de abogado defensor, algunos de los cuales ahora enfrentan cargos relacionados con el caso.
Carlos Martínez de la Serna, director de programas del Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Estados Unidos, dijo en un comunicado que la condena muestra los “intentos desesperados” del gobierno guatemalteco de criminalizar a los periodistas y pidió la liberación de Zamora.
[Con información de Reuters]
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