La capacidad para combatir la corrupción de los países de América Latina se ha "deteriorado", según el índice anual que sitúa a las naciones según la eficacia con la que combaten este problema.
El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), que se publica desde hace cinco años, registró por primera vez una disminución del promedio regional y "un claro empeoramiento en la mayoría de los países", dijo a la Voz de América Brian Winter, vicepresidente de política pública para el Consejo de las Américas.
"De los 15 países que estudiamos, 10 vieron una caída en sus números", explicó Winter, si bien "no fue una caída muy abrupta, fue más bien gradual".
"No es un motivo para perder la esperanza, sino tal vez una señal amarilla sobre la calidad de la lucha contra la corrupción a nivel regional”, explicó Winter.
El Índice es elaborado por la Sociedad de las Américas/Consejo de las Américas (AS/COA por sus siglas en ingles) y Control Risks, y evalúa la capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción. La escala va del 10 al mejor, al cero el peor. Los países con más puntuación son los que tienen más probabilidad de sancionar a los actores corruptos, mientras que en los países con menor puntaje en la clasificación es más probable la impunidad.
El índice analiza 14 variables, como la independencia de las instituciones judiciales, los recursos para combatir la corrupción y el estado de la prensa independiente.
Laura Lizarazo, analista principal a cargo de Colombia y de Ecuador en el Departamento de Análisis Global de Riesgos de Control Risks, dice que el índice evidencia “una presión generalizada a las instituciones públicas que no tienen la capacidad de brindar respuestas y resultados de manera consistente y contundente” y, al mismo tiempo, una presencia de desafíos en materia de corrupción, como la malversación de fondos, irregularidades en contratación pública y en procesos de licitación.
En la cola: Venezuela y Guatemala
Venezuela continúa en la cola de la lista por quinto año consecutivo. Junto a Guatemala, registró el mayor descenso en puntaje, con 10,4% y 15%, respectivamente.
Theodore Kahn, director asociado en Control Risks, explica que en el caso de Venezuela, “el resultado tan bajo no sorprende”, ya que “es un reflejo del proceso de deterioro institucional y erosión de la democracia que ha sufrido el país desde hace ya varios años y que ha permitido al partido oficial cooptar o eliminar casi todos los controles y contrapesos institucionales, políticos y sociales que normalmente existen en un sistema democrático”.
Además, las instituciones responden a las directrices políticas del gobierno y “no existe una división de poderes sana que permita controlar y castigar actos de corrupción según criterios técnicos y jurídicos”, agregó.
El colapso de su democracia y la crisis humanitaria llevan a la corrupción, agregó Winter.
Guatemala(2.86) y Bolivia (2.56) son los otros dos países que comparten los últimos puestos.
Según Winter, Guatemala ha pasado de ser “lo que muchos consideran un gobierno híbrido, que no es ni dictadura ni democracia”.
Bolivia es un país que también “ha perdido calidad institucional a lo largo de los últimos años… parece que ha habido casos judiciales para castigar a los enemigos del gobierno actual”, dijo.
Otro país que preocupa es México (3.87), por “la batalla" que el presidente Andrés Manuel López Obrador lleva a cabo contra las instituciones independientes.
Guatemala y México son los dos únicos países cuyas puntuaciones generales han disminuido cada año desde que se publicó el índice por primera vez en 2019.
Una prioridad
A pesar de la caída en los resultados, Winter destaca que la corrupción sigue siendo una prioridad en la región y que la variación en el índice es moderada.
Lizarazo dijo que los países de América Latina “tienen desarrollos normativos y regulatorios robustos, sólidos para combatir estas prácticas… [Lo] han asumido como un desafío urgente. Y es un tema que sin duda hace parte de la agenda pública”.
Además destaca que la lucha contra la corrupción “ha perdido un poco cierto impulso… pero no se ha abandonado”.
Uruguay (6.99 sobre 10) volvió a ocupar el primer puesto del Índice -aunque experimentó un año consecutivo de retroceso. Costa Rica (6.76) y Chile (6.67), a pesar de retrocesos moderados, también conservaron la segunda y tercera posición.
Las organizaciones que elaboran el índice explican que el objetivo no es avergonzar ni discriminar a los países, sino fomentar un debate basado en políticas públicas para así poder ayudar a los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado a identificar las áreas de éxito y las deficiencias.
"Las historias más interesantes” son los países que están en el medio del índice, donde en los cinco años que se ha elaborado ven una cierta evolución, como es el caso de República Dominicana (5.42) y Panamá (5.39), indicó Lizarazo.
Panamá registró el mayor aumento proporcional en su puntuación general, impulsado principalmente por las mejoras en su capacidad legal y por el "fortalecimiento relativo de sus leyes contra el lavado de dinero”, dijo Winter.
Panamá, República Dominicana y Paraguay mejoraron su puntuación general por tercer año consecutivo.
En República Dominicana el gobierno ha hecho énfasis en un proceso anticorrupción, dijo Winter.
El índice muestra que se produjeron descensos tanto en los países situados en la parte alta del índice como en la parte baja del Índice, lo que indica que “ningún país es inmune al estancamiento o al retroceso en la lucha contra la corrupción”.
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