Guatemala inició el martes la revisión de las actas electorales, tras la orden de la Corte de Constitucionalidad guatemalteca de frenar la oficialización de resultados para atender las impugnaciones presentadas por partidos políticos que perdieron en la primera vuelta de las elecciones generales.
Piden que se revisen actas, se cotejen contra el sistema de conteo y, de ser necesario, se realice un nuevo conteo de votos, pese a que la ley no contempla esto último.
Con las Juntas Electorales Departamentales en el medio, rodeados de fiscales de los partidos políticos y algunos militantes, se intentan solventar las 422 actas impugnadas, de un total de 122.293 actas en las que se recogió el sentir de los votantes guatemaltecos el pasado 25 de junio.
![Foto composición de los dos candidatos guatemaltecos que van a la segunda vuelta. A la derecha Bernardo Arévalo y a la izquierda la exprimera dama Sandra Torres, ambos se enfrentarán el próximo mes de agosto. [Fotos: AP].](https://gdb.voanews.com/01000000-c0a8-0242-d514-08db7642f47f_w100_r1.jpg)
La previsión es que el martes se revisen las actas de 19 juntas, de un total de 23. Y el miércoles, las restantes.
Por momentos, hubo gritos, amenazas y aplausos de seguidores en la primera jornada de revisión de resultados.
El Movimiento Semilla, de izquierda, que fue la sorpresa en las elecciones por haber alcanzado el segundo lugar y que pasará a segunda vuelta ante la candidata Sandra Torres el 20 de agosto, denunció que los partidos perdedores intentan que se revierta la elección y que se anule todo el proceso electoral.
Juan Garnica, fiscal nacional del partido Movimiento Semilla, denunció que había fiscales que amedrentaban y amenazaban a las Juntas Electorales con el fin de que se hiciera lo que ellos estaban solicitando.
“Observamos que el fiscal nacional del partido Vamos, secundado por un par de partidos políticos, empezaron a amedrentar y a amenazar a las juntas electorales para que se abran todas las cajas (que contienen las votos) y se haga un recuento de votos; los fiscales nacionales no tenemos la facultad para poder participar ni pedir eso”, dijo Garnica.
Héctor Aldana, fiscal del partido oficialista Vamos, entre gritos, le pidió a varias Juntas Electorales incluir nuevas impugnaciones y dijo a periodistas que no tenía el número de impugnaciones presentadas por su partido pero que las que se plantearon para que la Corte de Constitucionalidad ordenara una nueva audiencia de revisión eran "el pico de un iceberg”. Por eso, se pedía que se abrieran todas las cajas que contienen las boletas y actas para cotejarlas.
“Abramos las cajas, abramos las cajas”, gritaba Aldana a la Junta Electoral del departamento de Escuintla, en el sur del país, por lo que la presidenta de la Junta llamó a respetar la audiencia y a los presentes.
La Junta Electoral del departamento de Rethaluleu, también en la región sur, abrió más de 18 cajas que contienen las boletas. En cada caja, hay bolsas selladas dónde estaban las boletas impugnadas, mostró cada una a los fiscales de partido para que estos corroboraran o no su impugnación.
Las impugnaciones en ambas localizaciones corresponden a votos de zonas rurales o municipales.
El domingo la Corte de Constitucionalidad (CC) amparó provisionalmente a nueve partidos políticos que buscan que se revisen actas y se recuenten los votos, argumentando haber encontrado fallos y tachones en actas, actas inexistentes en unas 152 actas de las 122.293 que recogieron los votos.
La decisión de la Corte ha sido condenada por organismos nacionales e internacionales por la injerencia del sistema de justicia - que ya ha recibido críticas de activistas por estar cooptado por el oficialismo y partidos políticos- en el sistema electoral.
El martes, organizaciones siguieron sumándose al rechazo de la decisión del tribunal constitucional. La agrupación “Los 48 Cantones”, que aglutina a indígenas y campesinos del occidente del país exigió a la CC dar marcha atrás, porque su fallo pone en riesgo la segunda vuelta electoral, violando el Estado de derecho y resquebrajando la institucionalidad del país, usurpando las atribuciones del Tribunal Supremo Electoral.
“Exigimos revocar inmediatamente su resolución que a todas luces busca mantener el estado de corrupción institucionalizada y cleptocracia de los últimos años”, dijo la organización campesina.
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