El Departamento de Estado agregó este miércoles a su lista de personas "corruptas" y "antidemocráticas", más conocida como la Lista Engel, al menos a 39 centroamericanos señalados de varios delitos como corrupción y prácticas antidemocráticas.
Las personas agregadas a la lista son de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua e incluye a expresidentes, jueces, fiscales y académicos.
¿Quiénes son y de qué se les acusa? Lo explicamos a continuación.
El Salvador
Mauricio Funes, expresidente
El primer presidente de izquierda en El Salvador con el partido FMLN, entre el 2009 y 2014. Este año fue condenado a prisión por agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes tras negociar con pandillas en su gobierno. Asimismo, fue condenado en otro proceso por el delito de evasión de impuestos.
Sin embargo, Funes no cumple condena pues, desde 2019, Daniel Ortega le concedió la nacionalidad nicaragüense, un hecho que imposibilita su extradición.
El “Caso Tregua”, como se le llamó a la negociación entre el gobierno de Funes y las pandillas para reducir los homicidios en El Salvador durante su gobierno, ha sido el caso más relevante enfrentado por el exmandatario.
Salvador Sánchez Cerén, expresidente
Sucedió a Funes en el cargo de presidente de El Salvador. Al terminar su mandato en 2016, la Fiscalía salvadoreña inició un proceso judicial por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Cerén solicitó la nacionalidad a Nicaragua después de Funes, y desde 2022 tiene el cobijo de Ortega en ese país. Hoy, Estados Unidos acusa al excomandante de la guerrilla de haber desviado hasta 183 millones de dólares de fondos públicos a sus cuentas personales. Aunque aún no ha sido condenado, su extradición tampoco es una opción.
A diferencia de Funes, Cerén no se ha pronunciado por las acusaciones en su contra. Sin embargo, la Fiscalía de El Salvador ocupó con fines de expropiación bienes del expresidente.
Aparte de los dos exmandatarios, fueron incluidos cuatro salvadoreños más: Miguel Menéndez, expresidente del Centro de Ferias y Convenciones; Carlos Alberto Ortiz, expresidente del banco estatal Hipotecario; Carlos Cruz Arana; ex vicepresidente el Banco Hipotecario; y Jolman Ayala, ex oficial del Banco Hipotecario.
Guatemala
Fredy Orellana, juez
El juez Fredy Raúl Orellana Letona es conocido por encausar procesos de persecución “espurios” contra fiscales y jueces independientes, la mayoría exiliados en Estados Unidos y otros países.
La semana pasada, su oficina dictó la cancelación del Movimiento Semilla, liderado por el candidato anticorrupción Bernardo Arévalo, lo que imposibilitaba su participación la segunda vuelta presidencial.
Este lunes su despacho insistió en gestiones ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para conocer las razones de no cumplir su sentencia aún cuando la Corte de Constitucionalidad había decidido la continuidad del proceso electoral; su despacho judicial también se ha ensañado contra periodistas y defensores de derechos humanos.
Edelmira Monterroso, fiscal
Cinthia Edelmira Monterroso Gómez, calificada como “siniestra” por operadores de justicia que tuvieron que huir de Guatemala y que la consideran “cercana” a la jefa del Ministerio Público, la controvertida Consuelo Porras, también sancionada el año pasado por el gobierno de Estados Unidos.
Esta fiscal es conocida por abrir investigaciones con aparentes motivaciones políticas en casos emblemáticos como la captura y enjuiciamiento y condena del periodista José Rubén Zamora, expresidente del desaparecido medio elPeriódico.
Jimi Rodolfo Bremer, juez
Juez Décimo Penal B, Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, conocido en el mundo periodístico en Guatemala luego de ordenara abrir una investigación contra los periodistas y columnistas del desaparecido diario investigativo elPeriódico, este juez ventila uno de los casos penales contra el periodista José Rubén Zamora condenado a seis años de prisión.
Los otros siete guatemaltecos incluidos en la lista son: Edgar Humberto Navarro Castro, expresidente del administrador del mercado mayorista de energía de Guatemala; Gendri Rocael Reyes, exministro del interior; Joviel Acevedo, actual líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG).
Así como Melvin Quijivix Vega, actual presidente del Instituto Nacional de Electrificación; Omar Barrio, presidente de la junta directiva de la Comisión Nacional Portuaria; Walter Ramiro Mazariegos, rector de la Universidad San Carlos, y el exjuez Lesther Castellanos Rodas, actual relator de Guatemala contra la tortura
Honduras
Yani Rosenthal Hidalgo, coordinador de partido
Rosenthal, que es coordinador del Partido Liberal, estuvo en una prisión estadounidense tres años, tras haber sido acusado de lavado de dinero por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y el Departamento de Tesoro en 2015. Luego de cumplir su condena, quiso ganar la presidencia de Honduras en 2021, pero Xiomara Castro lo aventajó en las urnas.
En su momento, Rosenthal aceptó haber hecho negocios de ganado con el cartel "Los Cachiros", en Honduras, cuyos líderes se entregaron en Estados Unidos tras ser acusados por narcotráfico. Hoy, Estados Unidos acusa a Rosenthal de manipular el resultado de la elección de la Corte Suprema de Justicia para su beneficio personal y político.
Alexander López, alcalde
El actual alcalde de El Progreso, en Honduras, Alexander López, también fue incluido en el listado tras supuestamente otorgar indebidamente contratos municipales multimillonarios a sus aliados políticos.
López ya tuvo varios procesos judiciales por corrupción, malversación de fondos y abusos de autoridad en Honduras. De hecho, la alcaldía que dirige fue allanada por el Ministerio Público en 2021.
El funcionario ya lleva 18 años como alcalde de El Progreso. Durante la campaña presidencial de Rosenthal, López se mostró como su aliado.
Otros mencionados en el listado fueron Edna Yolany Batres, exministra de Salud; Jesús Arturo Mejía, exgerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras (ENEE); Marcelo Antonio Chimirri, exdirector de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones y otros exfuncionarios.
Nicaragua
Wendy Morales, procuradora de la República
Wendy Carolina Morales es procuradora general de Nicaragua y ha ordenado confiscar propiedades de los opositores políticos del Gobierno sin una base legal.
Según reportes de los medios locales, la funcionaria ha entregado a manos del Estado algunos edificios emblemáticos, como uno que rentaba en Managua la Organización de Estados Americanos (OEA) y que fue expropiado bajo su directriz.
Morales ingresó a la institución en 2007 cuando el gobierno de Daniel Ortega retornó al poder, pero hasta 2019 fue nombrada como Procuradora General de la República.
En Nicaragua, en total, fueron 13 los funcionarios sancionados, incluida toda la cúpula del parlamento, a excepción de su presidente Gustavo Porras, que ya había sido sancionado por Washington.
Los diputados y miembros de la Asamblea Nacional que fueron incluidos en la lista son: Arling Patricia Alonso, Gladis Báez, Loria Raquel Dixon y Alejandro Mejía. Todos esos legisladores son conocidos por aprobar leyes desde el Parlamento en detrimento de los opositores a Ortega.
Estados Unidos también agregó a su lista a las juezas nicaragüenses: Rosa Argentina Solís y Ángela Dávila Navarrete; y a Denis Membreño Rivas, actual director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF); a Aldo Martín Sáenz Ulloa , actual subdirector de la UAF; a Valeria Halleslevens Centeno, directora de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad (DNR); y a Eduardo Ortega Roa , subdirector de la institución.
De igual forma a Marta Mayela Díaz Ortiz , vicesuperintendente de bancos y otras instituciones financieras (SIBOIF); y a Sagrario Benavides Lanuza , subdirectora del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.
