Defensores de los derechos de la comunidad LGBTIQ se congregaron el miércoles en la sede del Palacio de Justicia de la ciudad central venezolana de Valencia para protestar contra el arresto de 33 personas durante un allanamiento a un recinto frecuentado por la comunidad gay.
“No se sabe a ciencia cierta qué fue lo que motivó el allanamiento, lo que sí se sabe es que no hubo una orden (judicial) para realizar el allanamiento ni una orden de detención”, dijo a The Associated Press Yendri Velásquez, activista de la comunidad y coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+.
El activista formuló sus comentarios en una entrevista telefónica desde Valencia, donde se encontraba en compañía de otros activistas, familiares y amigos de los detenidos.
Los manifestantes portaban banderas del arcoíris y letreros en los que se podía leer: “No más discriminación”.
En este país sudamericano de mayoría católica, conservador en algunos temas y liberal en otros, rara vez se condena la homofobia o hay muestras visibles de apoyo a la comunidad LGTBIQ.
La audiencia para que los detenidos se presenten ante un juez fue suspendida cerca de la medianoche del martes, según Velásquez. “La verdad es que aquí no hay basamento legal para que las 33 personas sigan detenidas”, acotó.
Voceros de los tribunales y la Policía Nacional en Valencia no estuvieron disponibles para un comentario.
Por años activistas ha exigido más derechos para la comunidad LGTBIQ en Venezuela.
A pesar de que el país sudamericano fue uno de los primeros países del mundo en establecer el matrimonio civil, en enero de 1873, la legalización de la unión de dos personas del mismo sexo ha sido pospuesta durante años.
En la Asamblea Nacional, que ha estado bajo control oficialista en 17 de los últimos 23 años, continúa archivado desde hace varios años un anteproyecto de ley de reforma del Código Civil que permitiría el matrimonio igualitario, entre otros temas de protección legal o reconocimiento de la comunidad LGTBIQ.
Ni siquiera se han producido avances luego de que, en octubre de 2020, el presidente Nicolás Maduro expresó que la Asamblea Nacional, dominada por sus partidarios luego de cinco años de control opositor, debía tener en su agenda “el matrimonio LGTB”.
“Nos preocupa que la inexistencia de políticas de protección y leyes de protección den paso o sean un caldo de cultivo hacia un proceso de criminalización de las personas LGTBIQ, que se pueda estar realizando a partir de la detención arbitraria de estas personas”, agregó Velásquez, el activista.
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