El fundador del partido Movimiento Semilla y exministro de Finanzas anuncia su autoexilio alegando que existe una persecución contra el comité que se encargó de la formación del partido político, que irá a segunda vuelta de las elecciones presidenciales. La fiscalía ha intentado suspender la personería jurídica de la organización política, pese a que ésta recibió un amparo provisional constitucional para postergar las actuaciones judiciales hasta que concluya la contienda electoral del 20 de agosto.
“Me veo forzado a salir al exilio tras la persecución en contra del comité pro-formación de Semilla, del que fui parte. Es una decisión exclusivamente personal", denunció en un comunicado Juan Alberto Fuentes Knight, quien confirmó que el escrito es de su autoría.
"Esta persecución se está dando justo cuando Semilla ha sido elegida democráticamente para participar en la segunda vuelta, demostrándose así la arbitrariedad de la acusación, cuyo objetivo es ir contra la voluntad popular”, recalcó en el mensaje.
Su decisión sobreviene a una serie de actuaciones judiciales y de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) contra el Movimiento Semilla por presuntas irregularidades en las firmas con las que se constituyó como partido.
![Consejo Permanente de la (OEA) en sesión extraordinaria este miércoles 26 de julio para abordar la situación de Guatemala de cara a la segunda vuelta presidencial a realizarse el 20 de agosto. [Foto: Tomás Guevara, VOA]](https://gdb.voanews.com/01000000-0a00-0242-c057-08db8e0fc093_w100_r1.jpg)
La fiscalía liderada por Rafael Curruchiche anunció una investigación en su contra y una orden judicial para suspender su personería jurídica el mismo día en que el Tribunal Supremo Electoral confirmó los resultados electorales de la primera vuelta que enviaban a balotaje al candidato de Semilla, Bernardo Arévalo frente a la aspirante de tendencia de derecha, Sandra Torres. De las urnas saldrá el reemplazo del mandatario, Alejandro Giammattei.
Pese a que la Corte Constitucional concedió un amparo provisional para dejar en suspenso la actuación judicial, la Fiscalía procedió con allanamientos a la sede de la autoridad electoral, así como órdenes de detención contra una militante del partido y contra una funcionaria del TSE, que quedó como encargada ante la ausencia del titular, por no obedecer una orden de juez de suspender la personería jurídica del partido.
También el jueves la fiscalía de Curruchiche - quien fue sancionado por el gobierno estadounidense por obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar la democracia en el país- solicitó al TSE el nombre de los más de 100 jóvenes digitadores que tuvieron la tarea de ingresar las actas que contenían el resultado de las votaciones, por una denuncia que busca declarar como fraude las pasadas elecciones.
Organizaciones nacionales e internacionales han comunicado su preocupación o rechazo por las actuaciones de la fiscalía en Guatemala en el contexto electoral. El miércoles, la Organización de Estados Americanos convocó a una sesión en la que países como Bolivia, Canadá, Republica Dominicana o Estados Unidos compartieron sus reparos por los movimientos de la fiscalía con la intención de interferir en los resultados electorales.
“En este contexto político y judicial es imposible que los argumentos y la evidencia tengan el peso que deberían tener en la búsqueda de la justicia”, insistió Fuentes Knight en el comunicado.
El exministro del gobierno del expresidente fallecido Álvaro Colom 2008-2012 dijo que renunció al partido en 2018 cuando éste estaba en formación para no afectar a la agrupación y que no haría más declaraciones al respecto.
Se refería a que en aquel momento, era parte de un proceso penal por el caso denominado Transurbano —en el que también fue involucrada la candidata presidencial Sandra Torres— por el cual estuvo detenido durante unos meses. Por cinco años, cumplió con todos los requerimientos legales dentro del proceso, pero matizó que la fiscalía nunca les acusó de robar o beneficiarse de fondos públicos.
En el caso de Transurbano, la fiscalía junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, denunciaron al entonces presidente Colom y a 12 integrantes de su gabinete, entre ellos Fuentes Knight, por supuestamente avalar un sistema prepago para las unidades de Transporte Urbano (Transurbano), a través del cual se sustrajeron 270 millones de quetzales (34,3 millones de dólares) del Estado guatemalteco. El caso no ha llegado a juicio.
Fuentes Knight recordó que su papá, Alberto Fuentes Mohr, un reconocido economista y político fundador del partido Partido Social Demócrata, fue asesinado por sus ideales en 1979 y que su familia salió al exilio en ese año.
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