Mientras avanza el proceso de revisión de actas de escrutinio e impugnaciones de la segunda vuelta electoral, sigue la controversia sobre la suspensión de la personalidad jurídica del Partido Movimiento Semilla, que postuló al presidente electo, Bernardo Arévalo.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) envió el jueves un oficio dirigido a la presidenta del Congreso de la República, notificando de la suspensión de dicho partido por resolución del Juez séptimo pluripersonal de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, emitida el pasado 12 de julio.
Sin embargo, el partido Movimiento Semilla presentó un amparo para que la orden del juez Orellana sea anulada, que aún está pendiente de resolución.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad, FECI, asegura que actualmente el partido Semilla está suspendido y que hasta el momento “ninguna resolución, tanto de la corte de Constitucionalidad como de la Corte Suprema de Justicia, ha dejado sin efecto la resolución del juez séptimo”, remarcó el jefe de dicha entidad, Rafael Curruchiche, en una entrevista a la Voz de América.
Además, indicó que se trata de una suspensión con base en la Ley contra la Delincuencia Organizada, por la posible comisión del delito de lavado de dinero u otros activos, no por una situación administrativa electoral, por lo cual no puede aplicarse el artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que establece que “no podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que ésta se haya celebrado.”
La abogada y diputada electa del partido afectado, Andrea Reyes, explica que “es inviable” que el partido sea anulado por medio de una resolución penal. Y agrega que los argumentos presentados ante la Corte Suprema de Justicia para obtener una resolución a favor, se basan en que la FECI está usando la Ley contra la delincuencia Organizada con el objetivo de hacer viable la cancelación del partido, sin pasar por todo el procedimiento administrativo que debe realizarse dentro del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que es el único ente que está facultado para suspender o cancelar un partido.
Para el abogado Fernando Prera, es válido el argumento presentado por el partido Movimiento Semilla, pues “la Ley Electoral y de Partidos Políticos es una ley constitucional, por lo tanto, está sobre la Ley Contra la Delincuencia Organizada. Y agrega: “el artículo 94 de la misma ley establece que la declaratoria de suspensión y cancelación de un partido político podrá hacerse únicamente por el Registro de ciudadanos, que es un órgano técnico del Tribunal Supremo Electoral”, por lo cual, lo que ordenó el juez Fredy Orellana, no tendría validez.
El presidente electo, Bernardo Arévalo, se refirió al respecto como “un intento de hacer un asalto político usando una máscara de justicia cuando lo único que hay detrás es una intención política”. “Ante las ilegalidades que está cometiendo la FECI y el juzgado séptimo con este acoso judicial, nosotros estamos enderezando las acciones correspondientes para garantizar nuestros derechos y los derechos del pueblo de Guatemala”, agregó.
En tanto, el fiscal Rafael Curruchiche, incluido por Estados Unidos recientemente en la lista Engel de actores corruptos, al consultarle sobre cuál es el panorama a partir de ahora, con la suspensión del partido, respondió: “¿qué va a pasar? no lo sé, simplemente nos enfocamos en la investigación penal”. Agregó que están notificando a quien corresponde, pero que son “respetuosos de la independencia de poderes”.
Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de un informe publicado este jueves, informó que el proceso que se sigue respecto a la suspensión de la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla, no incidirá en los derechos políticos de ninguna persona mientras no existan sentencias condenatorias en firme, y que los candidatos electos, no son sindicados en dicho proceso.
“No existe ningún riesgo de suspensión de sus derechos políticos”, dijo la CIUDH. Además, recuerda que el pasado 18 de agosto la Corte Suprema de Justicia otorgó en definitiva la protección de amparo solicitada por el partido político "Movimiento Semilla”.
¿Intimidaciones al TSE?
El pasado miércoles, la FECI requirió al TSE, en un plazo de cinco días, información sobre nombres de los digitadores contratados, miembros de juntas receptoras de votos, juntas electorales municipales, juntas electorales departamentales, cuerpo de revisores, coordinadores de revisores y ubicaciones en los centros de votación durante la primera y segunda vuelta, como parte de la investigación que se realiza en el caso llamado “Corrupción Semilla”. Según el Ministerio Público, hay indicios de irregularidades en la formación del partido.
“Esta información que estamos solicitando es para establecer si las personas que conformaron las juntas el 25 de junio y el 20 de agosto, 'son afiliados o no al partido político Movimiento Semilla”, indicó el fiscal Curruchiche a la Voz de América.
A criterio del Movimiento Semilla esta acción es intimidatoria y se trata de una persecución en contra de la agrupación política. El propio presidente electo, Bernardo Arévalo, aseguró que les preocupa que hay un acoso al Tribunal Supremo Electoral, “que es parte de los intentos de descarrilar el resultado”, pero dijo estar tranquilo que es una estrategia que no va a funcionar, porque tiene el respaldo del pueblo de Guatemala.
