Miles de indígenas y campesinos se unieron el lunes a la convocatoria del presidente electo Bernardo Arévalo, quien pidió defender en las calles la democracia y los votos de quienes lo eligieron para gobernar el país centroamericano por los próximos cuatro años.
El llamado de Arévalo se dio en medio de la arremetida del Ministerio Público contra la elección, el tribunal electoral que lo declaró ganador, el partido que lo llevó a la presidencia y el mismo Arévalo.
El ganador de las elecciones presentó un amparo contra la fiscal general, Consuelo Porras, en la Corte Suprema de justicia para pedirle que frene las acciones judiciales que ponen en riesgo la democracia, mientras en las calles se concentraban ciudadanos que pedían la renuncia de la funcionaria.
Al grito de “renuncia Consuelo” para pedir la dimisión de Consuelo Porras, los manifestantes convocados por organizaciones indígenas y campesinas iniciaron una marcha frente a la sede de la Cámara de la Industria, que aglutina a empresarios que apoyan la gestión de la fiscal general.
Aleisar Arana, miembro del Parlamento Xinca, dijo vía telefónica a The Associated Press que la marcha busca “que se detenga el golpe de Estado que ella está encabezando desde la fiscalía” y la renuncia de los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso y del juez Fredy Orellana, quienes realizan las investigaciones contra el Movimiento Semilla, el partido de Arévalo.
Los manifestantes, que llegaron desde varios departamentos del país portando carteles en alusión a Porras y los otros funcionarios, sostuvieron que la protesta seguirá hasta que se produzcan las renuncias.
La semana pasada la fiscalía realizó durante dos días allanamientos a la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras una denuncia de un ciudadano, dijo Curruchiche.
Condena de la OEA
El lunes el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) también escuchó el informe de su secretario general, Luis Almagro, después de una visita al país, quién detalló cómo la Fiscalía intenta socavar el proceso electoral con sus acciones judiciales contra actores electorales.
“Hechos como los que surgen de una fiscalía del Ministerio Público y de un juzgado penal, definitivamente, al pretender suplantar al Tribunal Electoral, están vulnerando la voluntad popular, por efectos judiciales está directamente afectando la constitución de la República”, dijo Almagro.
La indignación creció luego de que empleados de la fiscalía dirigidos por Curruchiche y Monterroso, cumpliendo una orden de Orellana, abrieron las cajas y verificaron voto por voto de la primera vuelta del 25 de junio, algo que según la ley sólo le está permitido al TSE y a las Juntas Receptoras de Votos. Curruchiche dijo entonces que la fiscalía abrió 70 cajas electorales para verificar su contenido.
Esa elección puso en el balotaje a Arévalo quien terminó ganando con gran ventaja la segunda vuelta del 20 de agosto a la ex primera dama Sandra Torres.
Semilla enfrenta también una investigación judicial que busca suspender su personalidad jurídica por presuntas irregularidades en las firmas presentadas para su constitución.
