La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de suspender “todos los efectos” de la primaria presidencial opositora que ganó la candidata María Corina Machado, podría convertirse en un riesgo para la flexibilización de sanciones por parte de EEUU, tras el acuerdo firmado entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición, en Barbados, coinciden los analistas.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reiteró el martes que, si el gobierno de Maduro ha violado el acuerdo firmado con la Plataforma Unitaria de la oposición firmado en Barbados, tomarán las medidas necesarias.
“Hemos sido muy claros al respecto. No están obteniendo vía libre para las acciones que toman, que están en contradicción con los compromisos que han asumido para avanzar hacia elecciones libres y justas, que es un objetivo compartido que tenemos con la oposición”, respondió durante una intervención en el senado de EEUU.
Tras la sentencia del TSJ divulgada el lunes, un portavoz del Departamento de Estado había instado al gobierno venezolano a “cumplir” con los compromisos asumidos en cuanto a la implementación de una hoja de ruta electoral que derive en elecciones competitivas en 2024.
Senadores estadounidenses republicanos y demócratas condenaron la sentencia del TSJ y exigieron “acciones concretas” de la administración del presidente Joe Biden.
El senador republicano Marco Rubio dijo no tener dudas de que el gobierno de Maduro no tiene intención de mantener el acuerdo firmado en Barbados y aseguró que EEUU “debe revertir todo alivio de sanciones”. En la misma línea se pronunció el senador demócrata, Bob Menéndez.
Tras la firma de un acuerdo sobre garantías electorales hace casi dos semanas en Barbados, el gobierno estadounidense anunció la flexibilización temporal de algunas sanciones en la industria petrolera, pero advirtió que las medidas serían revertidas si, antes de finalizar noviembre, no se evidencian pasos concretos orientados al levantamiento de inhabilitaciones y la liberación de presos políticos.
Para John Magdaleno, politólogo y director de la consultora Polity, la sentencia del TSJ “pone en tela de juicio” una eventual extensión de la flexibilización de sanciones.
“Si se verifican incumplimientos del acuerdo parcial y la contrapartida fue una flexibilización de las sanciones económicas internacionales impuestas por el gobierno norteamericano, obviamente el gobierno venezolano está jugando con fuego”, dijo el lunes.
La situación será evaluada en una reunión de la comisión de verificación de los acuerdos, planteada la semana pasada por Jorge Rodríguez, jefe de la delegación negociadora del gobierno, al denunciar que la oposición cometió un “fraude” en la elección en la que Machado ganó con más del 92 % de los votos.
Stalin González, miembro de la delegación negociadora de la oposición prefiere no sacar conclusiones adelantadas, pero alerta que “todos los días”, hasta el próximo año, habrá que hacer frente a “obstáculos”.
Geoff Ramsey, miembro senior del Centro Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Coincil, considera que el TSJ dio un “golpe” a la primera claúsula del acuerdo al Acuerdo Parcial sobre Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos firmado en Barbados, que establece que las partes “reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a los mecanismos internos”.
Luis Vicente León, economista y presidente de la encuestadora Datanalisis, no descarta que EEUU pueda rediseñar sus estrategias para presionar al gobierno de Maduro, no cree que “regresen completo” las flexibilizaciones de las sanciones petroleras, pero sí ve en la sentencia "gasolina a la presión" para retroceder en los acuerdos políticos alcanzados con EEUU.
León considera que el dilema actual no es “habilitación o licencias” sino “licencias o elecciones”.
“El gobierno venezolano puede poner como condición el mantenimiento de licencias petroleras para generar recursos que garanticen la estabilidad de infraestructura para conducir la elección presidencial. Si mueves demasiado el proceso de licencias, puedes conducirte hacia un proceso de nicaragüización del proceso político venezolano”, afirmó.
León, sin embargo, estima que la primaria “parece haber afectado muchísimo” al gobierno venezolano, que puede estar evaluando como un “error” haber negociado la primaria dentro del acuerdo de Barbados.
“Estábamos esperando que esta decisión del TSJ ocurriera antes de la primaria y que la primaria no ocurriera, eso hubiera sido costoso, pero mucho menos costoso que ahora. Una vez que pasaste por el proceso, mostraste a una población que votó y una candidata que ganó, esta acción es mucho más provocadora”, opina.
Expertos concuerdan en que el levantamiento limitado y temporal de algunas sanciones por parte de EEUU a los sectores petróleo, gas y oro de Venezuela traerá efectos positivos, pero insuficientes para levantar la mermada economía del país, en parte ante la "incertidumbre" por las condiciones.
Para Mariano de Alba, especialista en derecho internacional y diplomacia y asesor sénior de Crisis Group, al surgir incertidumbre sobre el mantenimiento de la flexibilización temporal de sanciones, “va a crecer la cautela y la reticencia para acometer nuevas inversiones económicas” y opina que el gobierno venezolano “atenta contra la posibilidad de obtener mayores recursos”.
“Maurel & Prom tiene previsto firmar en los próximos días un acuerdo con PDVSA para aumentar la producción petrolera. El acuerdo es posible dada la flexibilización de sanciones de EEUU. Con sus acciones contra la primaria, el gobierno pone en mayor riesgo una mejora económica”, expuso el martes en la red social X.
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