La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de Guatemala informó que solicitó el retiro de inmunidad del presidente electo Bernardo Arévalo y de su vicepresidenta Karin Herrera, con el fin de que sean investigados por haber emitido opiniones sobre la toma de una importante universidad pública.
La fiscalía dijo que los acusa de los delitos de depredación de bienes culturales, asociación ilícita y tráfico de influencias, pues -asegura- sus opiniones habrían alentado la toma de las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de abril de 2022 a junio de 2023, lo que ocasionó cuantiosos daños.
Entre las solicitudes de retiro de inmunidad también está la del diputado Samuel Andrés Pérez Álvarez, jefe de bancada del partido Movimiento Semilla, que llevó a Arévalo a ganar la presidencia en una segunda ronda en agosto.
En la víspera, la fiscalía también ordenó la aprehensión de varios estudiantes universitarios, catedráticos y miembros de Semilla por el mismo caso, lo que generó inmediatamente el rechazo y la preocupación de gobiernos como el de Estados Unidos y organizaciones internacionales que consideran las nuevas acciones judiciales como un intento de socavar la transición democrática en Guatemala.
En conferencia de prensa el viernes, el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo que éste estaba alarmado por las últimas medidas de la fiscalía guatemalteca.
“(Guterres) reitera su llamado a las autoridades a garantizar que se respete la voluntad democrática expresada a través de las urnas y a abstenerse de actos que puedan socavar el proceso democrático o que puedan constituir represalias por el ejercicio de los derechos humanos”, expresó el portavoz Stephane Dujarric a la prensa.
Por su parte, autoridades indígenas que lideran por más de mes y medio protestas en Guatemala exigiendo la renuncia de Porras, a quién señalan de intentar invalidar las elecciones generales ganadas por Arévalo, anunciaron el viernes que intensificarán sus acciones a raíz de las detenciones.
Instaron al sector empresarial a pronunciarse por la situación y reiteraron su pedido a la Organización de Estados Americanos (OEA) a aplicar de urgencia la Carta Democrática, así como a países democráticos firmantes de las convenciones internacionales sobre delincuencia organizada y contra la corrupción a imponer sanciones a funcionarios corruptos del Estado guatemalteco que socavan la democracia.
La fiscalía dirigida por Porras anunció el jueves órdenes de aprehensión contra 28 personas, entre estudiantes universitarios, catedráticos y opositores políticos, así como 31 allanamientos a sus residencias por la toma de la única universidad pública del país.
Los estudiantes tomaron la universidad para protestar por lo que consideraron una elección fraudulenta del rector Walter Mazariegos, considerado un cercano aliado de Porras.
La fiscalía nunca investigó el fraude denunciado, aunque sí investigó la toma de la universidad y anunció el jueves que solicitaría el retiro de inmunidad de Arévalo, su vice Herrera y por lo menos cinco diputados actuales y electos del partido de Arévalo, además de tres legisladores de otras organizaciones políticas por haber publicado mensajes en sus redes sociales apoyando la toma de la universidad.
La fiscalía mantiene, según los críticos, una arremetida contra Arévalo y opositores, quienes, acompañados de la comunidad internacional, han denunciado que la intención de la fiscal general Consuelo Porras es que el presidente electo no pueda tomar posesión al cargo en enero de 2024.
