Más de 16.900 niños y adolescentes han sido víctimas de reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales en Colombia desde 1962, según cifras del Centro de Memoria Histórica. Esta todavía es una práctica recurrente en el país, de acuerdo con los últimos reportes de la Defensoría del Pueblo, que registró 166 casos en lo que va de 2023.
Los niños, niñas y adolescentes indígenas fueron los más afectados, con el 75 % de estos casos, reveló el organismo que vela por la defensa de los derechos humanos en el país.
“Más de 16.000 niños y niñas que en lugar de estar en la escuela fueron víctimas de reclutamiento, el llamado y el foco que tenemos es en trabajar en la prevención del reclutamiento porque el lugar de un niño protegido es en su casa”, dijo a la Voz de América, el agente de movilización de recursos de Unicef en Colombia, Gustavo Ugalde.
Los grupos armados son los principales responsables de este fenómeno en el país. De acuerdo con los registros oficiales, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) figuran como los dos principales responsables de este delito con el 7 % y 91 % de los casos.
“Los grupos armados ilegales deben abstenerse de reclutar, usar y utilizar niñas, niños y adolescentes. Respeten el derecho internacional humanitario y los derechos humanos de toda la población, especialmente los de los menores de edad”, apuntó por su parte el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Las regiones fronterizas con Venezuela, principalmente en los departamentos de Arauca y Norte de Santander, que cuentan con una alta presencia de disidencias de las FARC y del ELN, están dentro de los territorios más afectados. Esto a pesar de que el gobierno del presidente Gustavo Petro adelanta negociaciones con ambas organizaciones dentro de su proyecto de "paz total".
Los grupos rebeldes, indica la Defensoría, utilizan el reclutamiento ilegal de menores como una herramienta para aumentar sus filas, dentro de sus estrategias para ejercer control territorial y social, que dificulta la denuncia de este flagelo por familias, líderes sociales y la sociedad en general.
“Persiste una situación muy preocupante: la ocurrencia de reclutamiento en la población indígena, donde se concentra el 75 % de los casos, ante lo cual se requiere una atención diferencial y una articulación entre autoridades administrativas y autoridades étnicas para fortalecer las acciones de prevención”, reveló Camargo.
Los grupos armados con quienes el gobierno ha entablado diálogos de paz estarían adelantando estrategias de reclutamiento para nutrir sus filas en caso de que las negociaciones de paz no prosperen, según organizaciones en defensa de los DDHH.
“Es necesario que se materialice la política pública de prevención de reclutamiento, que se apure el aumento de la Fuerza Pública para poder garantizar entornos seguros de los menores”, detalló Viviana Mora, procuradora delegada para los derechos de la infancia en la nación colombiana.
De los casos reportados, el 59,6 % corresponde a niños y adolescentes y el 40,3 %, a niñas y adolescentes.
Los departamentos con mayor número de casos reportados este año son Cauca, con 124; Nariño, con nueve; Arauca y Putumayo, cada uno con seis, y Caquetá, con cinco casos.
“Tenemos una gran área de trabajo con las familias, porque en muchos casos la vulnerabilidad económica puede forzar a las familias a pensar en esa opción como algo viable, entonces trabajamos en crear esa conciencia de que la violencia nunca va a ser el camino y que presenta un peligro para los menores”, mencionó el agente de movilización de recursos de Unicef en Colombia, Gustavo Ugalde, a la VOA.
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