El gobierno de Nicolás Maduro deberá decidir si acude ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para defender su potestad territorial sobre el Esequibo o si se ausenta, desconociendo su jurisdicción sobre el asunto como sugieren voceros del chavismo tras un referendo consultivo sobre el tema.
Por el momento, esa próxima cita jurídica es una moneda al aire para Caracas.
La Corte Internacional de Justicia tiene una fecha resaltada en su calendario en el marco de su examen de la controversia territorial entre Venezuela y Guyana: el 8 de abril de 2024. Es un día “crucial” del caso, a pesar de la resistencia de Caracas a reconocer la jurisdicción del máximo tribunal de las Naciones Unidas en el conflicto, advierten especialistas consultados por la Voz de América.
La Corte, cuyos jueces suelen recordar que sus decisiones son legalmente vinculantes y finales, han fijado para la fecha una audiencia en la cual el Estado venezolano debe desplegar “su mejor defensa” para contrarrestar la validez del Laudo Arbitral de París, de 1899, que defiende Guyana, explica el abogado especialista en derecho internacional y diplomacia, Mariano de Alba.
Según todos los gobiernos venezolanos desde el siglo XX, ese laudo es “nulo e írrito” como documento en cuanto a la potestad territorial sobre el Esequibo, una zona de 159.000 kilómetros cuadrados rica en minerales y recursos petroleros.
Guyana solicitó en marzo de 2018 a la Corte Internacional de Justicia que iniciara un proceso contra Venezuela, pidiéndole que confirme la validez jurídica y vinculante del laudo de París, favorable para su reclamo.
Fue el secretario general de la ONU, António Guterres, quien opinó en 2017 que ese debía ser el mecanismo para zanjar la disputa.
Venezuela, en cambio, insiste en que el diferendo debe resolverse según el Acuerdo de Ginebra, de 1966, que establece varios mecanismos para hallar una solución satisfactoria para ambas partes según la Carta de las Naciones Unidas.
Medidas tomadas por Venezuela
El mes pasado, la CIJ ordenó a ambos países no agravar la controversia, asegurando en su pronunciamiento que Guyana “administra y controla” el territorio en disputa y llamando a Venezuela a “abstenerse de cualquier acción que modifique tal situación” hasta que haya sentencia.
Días después, el gobierno de Maduro ganó un referendo consultivo sobre el Esequibo, donde 95 % de los votantes dijo estar de acuerdo con desconocer la jurisdicción y un porcentaje aún mayor respaldó que se use el Acuerdo de Ginebra para solucionar el diferendo.
Este martes, Maduro anunció una retahíla de medidas que incluyen la creación legislativa del nuevo estado Guayana Esequiba, la designación de una autoridad única, la puesta en marcha de una zona especial militar y el permiso a la estatal petrolera PDVSA de que otorgue licencias energéticas para explotar los recursos del territorio en reclamación. También, dio tres meses para que "se retiren" las compañías petroleras autorizadas por Guyana para operar en aguas en disputa.
A pesar del resultado y de que el presidente Nicolás Maduro defiende que el referendo es vinculante, de Alba, por su lado, insiste en que el 8 de abril de 2024 sigue siendo una fecha “crucial” para una inminente sentencia sobre el caso.
“El Estado venezolano debe desplegar su mejor defensa presentando un extenso y bien fundamentado escrito de alegatos y pruebas, que le demuestren a los jueces de la Corte que el laudo arbitral de 1899 no es válido”, explica a la VOA.
La esperada “contramemoria”
Ese documento que Venezuela debe presentar dentro de pocos meses ante la CIJ se conoce como “contramemoria”. Es un escrito extenso que detalla los alegatos y las pruebas documentales desde el punto de vista venezolano sobre lo argumentado por Guyana, específicamente referidos al Laudo Arbitral de París.
De Alba precisa que debe incluir los antecedentes del caso, los argumentos y pruebas “que demuestran que el laudo arbitral de 1899 no es válido”, así como las consecuencias de la nulidad del laudo en el territorio en disputa.
En el documento, también deberían exponerse “los derechos de Venezuela que fueron desconocidos por el laudo de 1899” y su efecto, tanto como una recapitulación de cómo Venezuela ha actuado conforme al derecho internacional pese al laudo adverso, acota el experto en diplomacia.
Venezuela deberá especificar a la Corte qué es lo que quiere que decida y, si fuese el caso, puede introducir una contrademanda, expone.
Según de Alba, las pruebas deberían incluir todos los documentos históricos oficiales que soportan el caso desde la perspectiva venezolana, las leyes y regulaciones nacionales relevantes al caso y una explicación de los tratados y acuerdos entre ambos países y con el Reino Unido que guarden relación con la prolongada disputa.
Otros anexos que Venezuela debería presentar el 8 de abril son notas diplomáticas, documentos militares, declaraciones juradas, reportes de prensa y cualquier otro documento relevante al caso desde la perspectiva de Caracas.
“Venezuela también puede presentar material audiovisual y fotográfico relevante”, añade el experto en derecho internacional.
¿Qué pasa si Venezuela se ausenta?
Una vez que se presente la contramemoria, se prevé que la Corte llame a una audiencia para que Venezuela y Guyana presenten sus argumentos de forma oral.
“Si no surgen más incidencias, ya luego la disputa quedaría pendiente de resolución por la Corte Internacional de Justicia”, adelanta de Alba.
El diputado Hermánn Escarrá, un abogado con ascendencia en las cúpulas del chavismo que participó en la discusión de las 5 preguntas del referendo, dijo antes de que se conociera la consulta que Venezuela sí acudiría a la CIJ en abril.
Escarrá, quien preside una comisión legislativa para defender la Guayana Esequiba, dijo en agosto que Venezuela presentaría 135 títulos que comprueban su soberanía sobre la zona en reclamación.
Entre los documentos que ha conocido la comisión liderada por Escarrá, se encuentran escritos de la Capitanía General de Venezuela, de 1767, que probarían el argumento de Caracas, apuntó una nota de la Asamblea Nacional.
Sin embargo, el referendo consultivo abre la puerta a la posible ausencia de Venezuela en esas citas ante la Corte Internacional de Justicia, siendo que los votantes que participaron respaldaron desconocer su jurisdicción en el caso.
Según Maduro, esa consulta es “un mandato popular obligante y vinculante”. Este martes, dijo que su país "no reconoce ni reconocerá nunca" la jurisdicción de la CIJ para sentencia alguna sobre la Guayana Esequiba.
Si Venezuela no presenta la contramemoria, el juicio sobre el Laudo de 1899 y el caso Esequibo seguirá su curso en ese tribunal, advierte de Alba, por su parte.
En ese caso, los jueces de la CIJ “tendrán que hacer un esfuerzo de considerar la perspectiva venezolana de la disputa” para decidir sobre la controversia, pero ese contexto podría beneficiar en definitiva al país vecino, observa.
“Es evidente que Guyana tendrá mayores posibilidades de obtener un fallo favorable” si Venezuela no presenta su contramemoria el 8 de abril de 2024 o si se ausenta de las audiencias posteriores a las que convoquen los jueces, apunta.
El chavismo en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de Venezuela promovió el consultivo sobre el Esequibo luego del otorgamiento de concesiones de proyectos energéticos por parte de Guyana en zonas marítimas que, según Caracas, forman parte del territorio en reclamación desde hace décadas.
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