La administración Biden estudia la posibilidad de imponer nuevas restricciones a los solicitantes de asilo y ampliar los procesos de deportación para garantizar la concesión de nuevas ayudas a Ucrania e Israel en un proyecto de ley de financiación suplementaria, según una fuente de Reuters familiarizada con las conversaciones.
La Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos se apresuran a llegar a un acuerdo que proporcione ayuda militar a las dos naciones aliadas y, al mismo tiempo, frene la inmigración ilegal a través de la frontera entre Estados Unidos y México, cuando sólo queda una semana para que los legisladores tomen las vacaciones de Navidad.
Los republicanos se han negado a aprobar más fondos para Ucrania sin medidas adicionales para reducir el número récord de inmigrantes que intentan cruzar ilegalmente la frontera estadounidense, provocando una compleja negociación que combina asuntos en gran medida no relacionados.
El presidente Joe Biden, un demócrata que aspira a la reelección en 2024, dijo el miércoles que estaría dispuesto a hacer significativas concesiones en materia de seguridad fronteriza, ya que los republicanos del senado rechazaron un paquete de ayuda demócrata con 20.000 millones de dólares en fondos para la frontera.
La Casa Blanca estaría dispuesta a elevar el nivel de los controles iniciales de asilo, según dijo a Reuters una fuente familiarizada con el asunto, que solicitó anonimato para hablar de las conversaciones.
La administración Biden también contemplaría alguna forma de cláusula de "tercer país seguro" que negaría el asilo a los inmigrantes que pasaran por otro país de camino a Estados Unidos, dijo la fuente.
Otro posible acuerdo podría ser la ampliación de un proceso de deportación rápida conocido como "expulsión acelerada". La autoridad se aplicaría en todo el país en lugar de su actual implantación en la frontera, dijo la fuente.
La Casa Blanca no respondió a la solicitud de comentarios.
Está previsto que la Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, concluya sus trabajos del año el 14 de diciembre, lo que deja un estrecho margen para aprobar la legislación. El Senado, dirigido por los demócratas, tiene un plazo similar.
