El Congreso colombiano ordenó la apertura de una investigación previa contra el presidente Gustavo Petro, por presuntos delitos relacionados con la financiación de su campaña con la que resultó electo en 2022.
La Comisión de Investigación y Acusación, con funciones judiciales y encargada de tratar las denuncias contra el presidente y otros aforados, informó en un comunicado que ordenó la apertura de una “investigación previa” contra Petro, al analizar información enviada desde octubre por la fiscalía a raíz de las revelaciones que surgieron en torno a su hijo sobre presuntos aportes irregulares de campaña.
La comisión indicó también que se requirieron “pruebas con el propósito de esclarecer los hechos”, pero no detalló si citará a rendir su versión a Petro, que tiene fuero especial y no puede ser indagado por la fiscalía. Sin embargo, está facultada para hacerlo en caso de considerarlo necesario.
Una vez abierta la investigación contra Petro, los congresistas que integran la comisión deberán después decidir si archivan la causa o si presentan un proyecto de acusación contra el presidente ante el pleno de la Cámara de Representantes.
Ahí se estudiaría la acusación y, si es aprobada en pleno, se trasladaría al Senado que se encargaría enjuiciarlo. Ese proceso de juicio político, en caso de completarse, tendría como última consecuencia la destitución presidencial.
Inicialmente, la fiscalía pidió verificar si Petro incurrió en delitos relacionados con la financiación de su campaña electoral, luego de que su hijo mayor, Nicolás Petro, lo mencionara durante un interrogatorio.
La fiscalía señala a Nicolás Petro de haber recibido dinero en efectivo e injustificado —al no ser producto de su actividad económica como diputado del Atlántico, al norte del país—, que habría invertido en su patrimonio. Una parte de esos presuntos fondos irregulares fueron a la campaña presidencial, según la investigación en marcha.
El hijo de Petro enfrenta un proceso judicial por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Aunque inicialmente se ofreció a colaborar con la justicia y dar nombres sobre los aportes —fue cuando mencionó que a la campaña presidencial entraron parte de fondos de origen irregular—, después se echó para atrás y rechazó la cooperación judicial.
Tras recibir las pesquisas de la fiscalía, la Comisión de Investigación y Acusación del Congreso, conformada por 16 legisladores, debía decidir si abrir una investigación nueva o si la información recibida se sumaría a otras denuncias más sobre la campaña del presidente Petro que ya están bajo estudio.
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Mauricio Pava, abogado defensor del presidente, emitió un comunicado el lunes en el que aseguraba que pidió el archivo de seis denuncias y reclamó que la ley prohíbe usar la declaración de Nicolás Petro ante la fiscalía como “medio de prueba en cualquier proceso”, dado que la dio en un proceso fallido de colaboración con la justicia.
En el interrogatorio realizado en agosto por la Fiscalía y publicado por la Revista Semana, Nicolás Petro dijo que su padre sabía del supuesto dinero irregular que había sido destinado a su campaña. Lo cual luego negó.
La Comisión de Investigación y Acusación del Congreso sólo ha acusado ante el Senado a cuatro aforados, entre ellos el expresidente de la república Gustavo Rojas Pinilla, quien ocupó la presidencia tras el golpe militar en 1957.
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