Las organizaciones criminales dirigidas desde prisiones por “líderes negativos” o “pranes” han corrompido los sistemas penitenciarios de diversos países, pero en Venezuela, durante los últimos años, tomaron control de algunos centros penitenciarios, expone un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Los pranes, acrónimo de 'presos rematados asesinos natos', son criminales que en años recientes se fueron “consolidando” bajo “la mirada inerte del Estado”, coinciden especialistas criminología.
La palabra surgió a finales de los años 1990 y fue utilizada por primera vez en Puerto Rico por una persona que fue condenada a 15 años de prisión por asesinato, de acuerdo con el informe “La historia del pranato en Venezuela”, presentado por el OVP este miércoles.
Aunque para la organización que, desde el 2002 vela por el debido respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad en el país, es complejo definir cuándo surgió la figura del pranato en Venezuela, sí precisa que desde el 2004 comenzaron a operar con la “anuencia de los ministros de Interior y Justicia”, en medio de un contexto marcado por “pasividad de las autoridades”.
“Lamentablemente lo que se conoce del pranato en nuestro país es solo la punta de un iceberg, porque erigir estos imperios criminales no es algo que se hace en poco tiempo, y tampoco puede pasar desapercibido por las autoridades”, resalta la investigación.
Para la organización, a partir de 2008, en la gestión del ex ministro de Interior y Justicia Tareck El Aissami, quien este año renunció a su cargo como ministro de Petróleo tras revelarse un escándalo de corrupción que involucró a la industria petrolera, “surgieron cambios negativos en la institucionalidad y se desnaturalizaron las prisiones”.
“Los pranes impusieron sus propias normas y reglas, al extremo que las figuras de los directores fueran un mero formalismo. Igualmente, supeditando al pago del monto extorsivo semanal o mensual, llamado causa, la vida y los derechos de los reos. Sus ganancias superaban los millones de dólares”, detalla la investigación.
Durante años fue un “secreto a voces” que desde la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, operaba el Tren de Aragua, una megabanda dedicada a diversas actividades delictivas, entre ellas secuestros, extorsión y tráfico de drogas, que se ha extendido por varios países de la región.
Este año el gobierno del presidente Nicolás Maduro desplegó un operativo para “desarticular y poner fin” a las bandas de delincuencia organizada en Tocorón y otras seis prisiones del país que funcionaban de forma similar. Con las medidas, para organizaciones como Insight Crime, el sistema "parece haber estado llegando a su fin".
Las instalaciones, al menos de Tocorón, eran muy diferentes a la imagen que se suele tener de una cárcel: había piscinas, canchas deportivas, restaurantes, pequeñas viviendas y hasta un zoológico. Era una "pequeña ciudad" en donde, además, por elección, vivían familiares de reclusos.
Hasta la fecha se desconoce el paradero del líder de la megabanda que operaba desde la cárcel, Héctor Rusthenford Guerrero, alias Niño Guerrero. Tampoco queda claro dónde están otros “líderes negativos” que operaban desde otros centros de reclusión.
Activistas como Humberto Prado, director del OVP, se expresan de acuerdo con las intervenciones para desaparecer los centros de operación de los pranes, pero cuestionan la “opacidad” que ha marcado los operativos.
“No dan el número de muertos, incluso niegan la entrega de la persona fallecida al familiar. Lamentablemente estas 7 intervenciones fueron pactadas con los pranes”, afirmó al presentar el informe en conferencia de prensa virtual.
Consultado por VOA, Prado afirma que a los pranes “simplemente le quitaron los centros de operaciones”, pero sostienen que se “mantienen”.
El ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, aseguró en noviembre que tienen control sobre el 100 % de las cárceles del país.
“Con la toma y control del Internado Judicial de Trujillo, alcanzamos la liberación del 100 % de los centros penitenciarios del país. ¡Éxito total! Seguiremos avanzando hasta consolidad un sistema penitenciario más humano, que garantice a los privados de libertad de sus derechos y su transformación social y espiritual. ¡Máximo orden y control! Ese es nuestro compromiso”, escribió Maduro en su cuenta en Twitter en ese entonces.
Según datos oficiales 9.000 de las 54.000 personas privadas de libertad estaban encarceladas en los centros intervenidos este año. El OVP documentó, en 2022, un hacinamiento en riesgo crítico de 164,19 %.
¡Conéctate con la Voz de América! Suscríbete a nuestros canales de YouTube, WhatsApp y al newsletter. Activa las notificaciones y síguenos en Facebook, X e Instagram.
Foro