El Observatorio de Ecología Política (OEP) documentó al menos 86 derrames petroleros en Venezuela en 2023, un promedio de 7 por mes, bajo un contexto de opacidad oficial.
“En el período comprendido de enero a diciembre de 2023, el Observatorio de Ecología Política de Venezuela registró 86 derrames petroleros, manteniéndose la misma cifra reportada en el año 2022”, precisa un reporte especial que presenta un balance de los derrames documentados el año pasado.
Con 40 casos en 2023, el balance ubica al Zulia, históricamente cuna de la actividad petrolera en el país, como el estado con mayores derrames. Le siguen los estados Falcón, con 32; Anzoátegui, con 8; Monagas, con 2 y Carabobo con 1.
En 2021 el OEP, organización dedicada desde hace varios años a visibilizar y analizar las desigualdades e impactos socio-ecológicos, había identificado 73 derrames.
Las cifras presentadas en el informe correspondiente al 2023 “no reflejan la magnitud real” del problema ambiental que ocasionan los “continuos derrames”, precisa la organización.
“Apenas recoge aquellos casos que han sido visibles por reportes en diferentes medios digitales y redes sociales. La sistematización de estos reportes y denuncias busca palpar las implicaciones que dejan a su paso los siniestros de la industria petrolera en el país”, continúa.
La organización advierte que las implicaciones de los derrames afectan “en múltiples dimensiones y escalas”. “Pescadores han denunciado en reiteradas ocasiones cómo ha mermado de manera significativa la pesca, lo cual redunda en un impacto económico en estas comunidades. El sector turístico también ha sido afectado debido a la contaminación de playas por crudo”.
En varias ocasiones la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela (ACFIMAN) ha insistido en que “no se justifica el aumento de la frecuencia y la extensión” de accidentes “previsibles y controlables, que además reflejan violaciones de las legislaciones nacionales e internacionales en materia de petróleo y ambiente”.
Emergencia climática y ecológica
El 26 de diciembre del año pasado se reportó en redes sociales un derrame petrolero en la refinería El Palito, en el estado Carabobo, el vigésimo en la misma zona, entre junio de 2019 y diciembre de 2023, según el monitoreo de Fridays for Future, una organización de jóvenes por el clima.
Gabriel Cabrera, director del Centro de Activismo y Desarrollo Democrático para América Latina (CDDLatam) y coordinador de Fridays for Future dice a VOA que el nuevo derrame es una muestra de “la grave emergencia climática en Venezuela consecuencia de las políticas extractivistas negativas que ha tenido la industria petrolera y el Estado venezolano”.
Cabrera, que como activista constantemente visita la zona, sostiene que han podido constatar que, consecuencia del más reciente derrame, se han dado casos de problemas respiratorios en algunas personas que habitan en comunidades adyacentes al kilómetro más cercano a la refinería.
Además, advierte que, el derrame, que según imágenes satelitales ocupaba un espacio de “11 kilómetros cuadrados”, “no se aplicaron los protocolos internacionales” para contener el derrame y pide que se tomen las medidas correspondientes, entre otras, una evaluación del impacto en los ecosistemas terrestres y marinos.
Opacidad y control
Organizaciones ambientalistas insisten en que la población venezolana debería tener a su disposición información detallada sobre la situación y cuestionan la ausencia de información oficial por parte de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), una de las razones que ha llevado a organizaciones como el OEP a monitorear reportes y denuncias sobre los derrames petroleros en el país.
La organización Espacio Público denunció que funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y PDVSA prohibieron que, un día después del derrame registrado en El Palito el mes pasado, un grupo de periodistas pudieran documentar la situación en la zona costera afectada.
“Lograron hacer algunas fotos y videos a lo lejos, pero cuando ya estaban saliendo de la zona fueron alcanzados por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y les pidieron borrar todo el material que tenían en sus teléfonos celulares”, detalla un reporte de Espacio Público que insiste en que las “violan el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información de millones de personas”.
El año pasado PDVSA, en un breve mensaje, anunció el inicio de trabajos de limpieza en el Lago de Maracaibo, el más grande de América Latina, ubicado en el estado Zulia, que se ha visto afectado por constantes derrames petroleros y otras fuentes de contaminación.
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