La administración del presidente Joe Biden advirtió que las acciones contra el acuerdo firmado en Barbados entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición de Venezuela “tendrán consecuencias” y expuso su preocupación por las detenciones de decenas de venezolanos acusados por el gobierno de estar implicados en presuntos planes conspirativos.
“Las acciones que vayan contra el espíritu y la letra del acuerdo de Barbados tendrán consecuencias. Instamos a Maduro y sus representantes a adherirse al acuerdo de la hoja de ruta electoral, incluso anunciando un cronograma claro para las elecciones presidenciales de 2024, y a reinstaurar a todos los candidatos políticos”, precisó un comunicado del portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, el martes.
EEUU también exigió el “fin del acoso por motivos políticos”, los ataques a las sedes de partidos políticos de oposición y “todos los esfuerzos por sofocar las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano mediante el miedo y la intimidación”.
Horas antes, Brian Nichols, secretario adjunto del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, se mostró “profundamente preocupado” por las recientes acciones contra la oposición y la sociedad civil en Venezuela.
Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento de mayoría oficialista y jefe de la delegación negociadora del gobierno de Maduro, le respondió asegurando que existen evidencias de la presunta participación de la la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la Administración de Control de Drogas (DEA) en un intento de asesinato de Maduro.
“Profundamente preocupado de que los 5 eventos develados, con confesiones de los involucrados ocurrieron mientras sosteníamos contactos con su delegación. ¿Sabían ustedes que eso estaba ocurriendo mientras nos veíamos las caras? Profundamente preocupado de que la respuesta obvia y frecuente de ustedes es negar los hechos sin siquiera atender la evidencia”, escribió en la red social X.
El gobierno de Venezuela rechazó el miércoles el comunicado del Departamento de Estado y aseguró que EEUU perdió la “brújula moral”.
“No sorprende que Washington abogue a favor de los artífices de las operaciones terroristas frustradas en Venezuela y que incluso les brinde su posicionamiento cómplice. Defender estas acciones desestabilizadoras fomenta la violencia y atenta contra el normal desarrollo del proceso electoral de 2024”, precisa un comunicado divulgado por la cancillería venezolana.
“La acción decidida por parte de la Fiscalía General de la Repúblic, por las autoridades competentes, así como la convicción democrática del pueblo venezolano, son y serán la garantía suficiente de nuestro proceso electoral que, a pesar de las amenazas, el intervencionismo evidente y el chantaje imperialista, se desarrollará en el país con pleno ejercicio de su soberanía y con garantías de paz”, continúa el texto.
El gobierno de Maduro ha denunciado en días recientes que, desde mayo de 2023 hasta enero de este año, han detectado y desarticularon cinco planes conspirativos. Además se ha referido a la presunta participación de la CIA, la DEA y de miembros de inteligencia del ejército colombiano.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, emitió el lunes órdenes de arresto contra un grupo de personas en el exilio, entre ellas una defensora de DDHH, una periodista y militares retirados, por su presunta participación en los planes.
La semana pasada la fiscalía ordenó la detención de un profesor, dirigente gremial y militante del partido de la candidata presidencial opositora, María Corina Machado, en el estado Barinas, por presuntamente estar involucrado en “actividades contra la paz de la República”.
El martes, Vente Venezuela, el partido político de Machado, denunció que los coordinadores de su comando de campaña en los estados La Guaira, Yaracuy y Trujillo, fueron detenidos de manera arbitraria.
Además, sedes de varios partidos políticos y organizaciones gubernamentales fueron vandalizadas con grafitis de “furia bolivariana”, un plan cívico-militar policial del gobierno para enfrentar planes “terroristas, considerado por la disidencia como parte de una estrategia de persecución.
A finales del año pasado, tras la firma de los acuerdos de Barbados, EEUU emitió licencias que flexibilizan de manera temporal algunas sanciones en el sector petrolero.
Posteriormente se concretó el canje de Alex Saab, cercano colaborador de Maduro que era procesado en EEUU por legitimación de capitales, por 10 ciudadanos estadounidenses que estaban detenidos en Venezuela y un grupo de venezolanos considerados presos políticos.
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