El gobierno de Estados Unidos se encuentra revisando su política de sanciones a Venezuela, tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de mantener la inhabilitación contra María Corina Machado, anunció el sábado el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.
El TSJ de Venezuela ratificó el viernes la inhabilitación para ejercer cargos públicos de la candidata presidencial opositora María Corina Machado y del ex candidato presidencial Henrique Capriles, quienes en diciembre apelaron ante esa instancia la medida, como parte de los procedimientos acordados por el gobierno y la oposición tras un acuerdo firmado en Barbados en octubre.
EEUU subrayó que la decisión del TSJ es “profundamente preocupante” e inconsistente con el compromiso de los representantes del gobierno de Nicolás Maduro de celebrar elecciones presidenciales competitivas este año y de permitir que todos los partidos seleccionen a sus candidatos para las elecciones presidenciales”.
“Actualmente, Estados Unidos está revisando nuestra política de sanciones a Venezuela, basándose en este hecho y en los recientes ataques políticos contra candidatos de la oposición democrática y la sociedad civil”, precisa un comunicado del portavoz del Departamento de Estado.
Además, destaca que el proceso careció de “elementos básicos” debido a que Machado, quien resultó electa candidata presidencial de la oposición con más de 2 millones de votos en la primaria celebrada en octubre, no recibió copias de las acusaciones en su contra “ni tuvo oportunidad de responder a ellas”.
Esta semana Maduro aseguró que los acuerdos de Barbados están “heridos de muerte” y Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista en las negociaciones con la oposición, dijo que no habría posibilidad de que Machado fuera candidata para ningún cargo.
Tras la firma del acuerdo en Barbados, el gobierno de EEUU emitió licencias generales que autorizan “temporalmente” algunas transacciones del sector de la industria petrolera venezolana, pero advirtió que las medidas serían revertidas “si no se cumplen los compromisos estipulados”, entre ellos el levantamiento de inhabilitaciones a los opositores y la liberación de presos políticos.
A finales del mes pasado el gobierno de Estados Unidos liberó a Alex Saab, un cercano aliado de Maduro, como parte de un intercambio por ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela. Unos 30 venezolanos considerados presos políticos también fueron excarcelados.
El gobierno de EEUU ha manifestado preocupación por los recientes actos de persecución política por parte del gobierno contra la disidencia, entre ellos la detención de varios integrantes del partido político de Machado, y advirtió que las acciones contra el acuerdo de Barbados tendrían consecuencias.
Una inhabilitación política es una sanción contra funcionarios públicos que cometen irregularidades en su gestión y les impide, por un tiempo determinado por las autoridades, ejercer cargos públicos. Inhabilitaciones como las de Machado han sido administrativas, a través de la Contraloría General de la República (CGR) y cuestionadas por no darse mediante un proceso judicial.
Distintos sectores de la sociedad civil han denunciado que las inhabilitaciones son “arbitrarias” y que son utilizadas por el gobierno para “sacar de juego” a opositores o chavistas disidentes que aspiran a un cargo de elección popular.
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