Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos detenida por agentes del Estado venezolano, es una abogada e investigadora de asuntos de seguridad de alto perfil público, tanto por su activismo como por su condición de víctima, según especialistas.
Dos días luego de su desaparición, el fiscal general venezolano Tarek William Saab confirmó el domingo que San Miguel, de 57 años, había sido arrestada “por estar presuntamente vinculada y referenciada” en una conspiración magnicida contra el presidente Nicolás Maduro, denominada “Brazalete Blanco”.
Según familiares y abogados, San Miguel fue detenida el viernes en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cerca de Caracas, cuando iba a abordar un vuelo con su hija.
Sus defensores advirtieron que la especialista en defensa se encontraba en condición de “desaparición forzada”, pues no se conoce su sitio de reclusión y está incomunicada.
La organización alemana Front Line Defenders describe a Rocío San Miguel como una abogada defensora de derechos humanos y presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional.
Esa ONG, que fundó en 2005, trabaja por el derecho de los ciudadanos a ejercer contraloría sobre esos sectores en Venezuela e investiga las compras de armas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como el cumplimiento de las leyes del sector.
La especialista también supervisa los compromisos de Venezuela al Estatuto de Roma y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), añadió Front Line Defenders, que protege a los defensores de derechos humanos en riesgo.
La ONG Foro Cívico, por su parte, calificó a San Miguel como “referente” en el campo de la defensa de derechos humanos en Venezuela.
Figura de alto perfil
San Miguel es considerada como una activista “de altísima visibilidad en el mundo de los derechos humanos” en Venezuela, explicó el profesor investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello Carlos Lusverti.
La notoriedad de San Miguel se debe no sólo a su activismo al frente de Control Ciudadano para la Seguridad, Defensa y Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino además a su condición de “víctima” de hostigamientos por su labor, precisó.
En enero de 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares de protección a favor de San Miguel y su hija por “amenazas y hostigamiento” del Estado por su labor como defensora de derechos fundamentales en el país.
Front Line Defenders también denunció “una campaña de difamación” en contra de San Miguel en 2014 por parte del presidente Nicolás Maduro, quien la acusó de estar presuntamente involucrada en un intento de golpe de Estado.
Ese mismo año, uno de los máximos voceros del chavismo, Diosdado Cabello, la acusó de participar en una reunión en el extranjero para “desestabilizar” al país en 2015. Tales comentarios fueron “difamatorios” e “infundados”, según la organización alemana.
En 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que ella, junto a otras dos funcionarias, fueron despedidas de sus cargos en el Consejo Nacional de Fronteras por haber firmado una solicitud de referendo revocatorio contra el expresidente Hugo Chávez.
Aquel fallo obligó al Estado venezolano a reinstituirlas en sus cargos o pagarles una indemnización y “reparar adecuadamente” las violaciones de sus derechos humanos. A la fecha, el poder ejecutivo no ha atendido esas medidas.
“Es una persona de un altísimo perfil público. Es una víctima que ha sido activista y ofrece entrevistas e investigaciones sobre temas políticamente sensibles sobre el tema militar, por lo que tiene una altísima visibilidad”, remarcó Lusverti.
San Miguel ha compartido por años sus comentarios e investigaciones sobre temas de seguridad y defensa de Venezuela a múltiples medios de la prensa nacional e internacional, entre ellos la Voz de América.
Sus valoraciones más recientes se referían a una resolución legal que permite el uso de fuerza letal en Venezuela desde hace 9 años, los riesgos de un conflicto armado con Guyana por el Esequibo y un accidente con un avión ruso Sukhoi en el país.
Cientos de ataques a defensores de DDHH
Diferentes instancias internacionales y nacionales han advertido que hay “profundas limitaciones para el accionar libre e independiente de personas defensoras de derechos humanos y actores humanitarios” en Venezuela, recordó Liliana Ortega, abogada y presidenta de la organización no gubernamental Cofavic.
Eso se traduce en un contexto de “amenazas sistemáticas, restricciones administrativas y legislativas hasta detenciones arbitrarias y criminalización”, dijo a la VOA.
Su ONG, una de las más antiguas del país en esa misión, registró 2.227 ataques y agresiones a defensores de derechos humanos en Venezuela entre 2018 y 2023.
Los años de mayor incidencia de esas denuncias fueron los últimos tres.
Este lunes, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, valoró a San Miguel como una figura “reconocida y respetada” y demandó su inmediata liberación y el cese de la persecución política en Venezuela.
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