Bernardo Arévalo, el nuevo presidente de Guatemala que hizo de la lucha anticorrupción su lema de campaña, ha denunciado ante los tribunales a la exministra de Salud, Amelia Flores, por un millonario contrato suscrito en 2021 entre el gobierno de Guatemala y una empresa rusa por vacunas contra el COVID-19.
El acuerdo, declarado confidencial por el gobierno de Alejandro Giammattei, fue cuestionado debido a irregularidades que han sido reportadas paulatinamente. Guatemala pagó 79,6 millones de dólares por 8 millones de dosis de las vacunas Sputnik V a una empresa intermediaria, como parte de un contrato por 16 millones de dosis.
Aunque el caso lleva tres años siendo investigado, Arévalo pretende agilizar el proceso. El contrato fue revelado por su gobierno el pasado 4 de abril, y se pudieron conocer detalles del mismo que han provocado controversia por lo poco favorables, entre los que resalta que si se daba un atraso en la entrega, la empresa rusa quedaría despojada de cualquier responsabilidad, que si el gobierno guatemalteco se quejaba de algún inconveniente, solo podría recibir 100.000 dólares de indemnización y que si las vacunas salían deficientes, el vendedor no iba a responder por ello.
¿En qué consistió el acuerdo?
A finales de marzo de 2021 casi 7.000 guatemaltecos habían muerto por COVID-19.
Amelia Flores, entonces ministra de Salud de Guatemala, cerró un millonario contrato con la empresa Human Vaccine LLC, subsidiaria del Fondo Ruso de Inversión Directa de Rusia, un intermediario, para venderle al país centroamericano 16 millones de vacunas Sputnik V, suficientes para inmunizar con dos dosis a la población.
La vacuna rusa Sputnik V no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud.
El acuerdo contemplaba un precio de 9.95 dólares por cada dosis —19.90 por un tratamiento de dos dosis— por 8 millones de tratamientos de dos dosis, 159,2 millones de dólares en total. El gobierno pagaría inicialmente 79,6 millones de dólares, que correspondían al 50% de la compra. La empresa debía entregar inicialmente 8 millones de vacunas.
Durante ocho meses, la empresa envió las vacunas en varios lotes, hasta que a finales de diciembre completaron la entrega de la primera parte.
Ante los retrasos, el gobierno de Giammattei comenzó a ser cuestionado por la prensa. ¿Quién decidió comprarle las vacunas a una empresa rusa que no era el fabricante sino un intermediario? ¿Por qué demoró más de lo esperado la llegada de las vacunas? ¿Se definió un cronograma de entregas? ¿Por qué el contrato era confidencial? ¿Por qué comprar una vacuna no aprobada por la OMS?
El contrato venció a finales de marzo de este año y el gobierno de Guatemala se ha rehusado a completar la mitad acordada.
A inicios de este mes, legisladores demandaron resultados de la investigación al Ministerio Público, que lleva tres años investigando el caso.
El Ministerio Público no respondió a una solicitud de comentario de la Voz de América para este reporte.
El 4 de abril, Arévalo dijo que eran “11 hechos ilegales que se cometieron en el contrato de las vacunas Sputnik V, hechos de corrupción con implicaciones tremendas para la población”.
Entre los hechos a investigar, según el mandatario, está que el contrato fue firmado en inglés sin una traducción simultánea. Tampoco se negociaron las condiciones favorables para el Estado de Guatemala y el contrato incluía una cláusula de confidencialidad sin justificar el motivo.
¿Cómo avanza la investigación?
Flores es la principal funcionaria investigada por el acuerdo, según el Ministerio Público.
Algunas organizaciones civiles y legisladores creen que Flores no debería ser la única procesada.
“Giammattei y Pedro Brolo (excanciller de Guatemala) dirigieron la adquisición de vacunas a un proveedor que no era el fabricante directo de las vacunas, y propiciaron las condiciones para que la ministra de Salud tuviera como única opción firmar con ese proveedor”, señala una denuncia interpuesta por Manfredo Marroquín, fundador de la organización Acción Ciudadana, con sede en la Ciudad de Guatemala.
Este martes 16 de abril, el excanciller Brolo Vila dijo en un comunicado que su papel en el caso fue “facilitar los canales diplomáticos con los países que ante la pandemia por el COVID-19 ofrecían soluciones para la compra de vacunas, así como las gestiones de donaciones”.
Flores renunció en septiembre de 2021, tras más de un año al frente de Salud. Recientemente dio declaraciones al medio La Hora, en Guatemala, dónde expuso que Giammattei y Brolo la citaron a su despacho para hablarle de la vacuna rusa, a pesar de que ella había sostenido conversaciones con diversos fabricantes estadounidenses con quienes llegaron a "avances importantes".
"En la reunión nos dijeron que como era una negociación de Estado a Estado, la Cancillería se iba a encargar de hacer los enlaces con Rusia”, precisó.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) sancionó a finales de 2023 a Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno de Guatemala, por “exigir cuantiosos pagos irregulares para facilitar la compra de vacunas Sputnik V rusas por el Gobierno de Guatemala”.
Martínez dirigió la entidad gubernamental creada por el expresidente Giammattei en enero de 2020 y concluyó sus funciones a principios de 2021, tras cerrar la misma luego de fuertes críticas de la ciudadanía.
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