La licencia general 44 A emitida el miércoles por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en sustitución de la revocada licencia 44 que autorizaba transacciones al sector petrolero y gasístico de Venezuela, vuelve a restringir las operaciones que involucran el crudo venezolano, pero a la vez abre una ventana a licencias específicas.
Empresas petroleras podrán solicitar licencias específicas que permitirán la continuidad de actividades en Venezuela después del 31 de mayo, plazo establecido para finiquitar las operaciones autorizadas por la licencia 44 que permitió a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) algunas mejoras en su flujo de caja y la ampliación de exportaciones.
Las solicitudes serán consideradas "caso por caso" por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC).
Para Gilberto Morillo, consultor energético y financiero, la licencia 44 A es “una especie de decisión mixta”, pues si bien de acuerdo a la nueva licencia las operadoras internacionales que llegaron a Venezuela a invertir bajo la licencia 44 deben cerrar operaciones, tienen oportunidad de tramitar licencias individuales.
“Los que estaban acá se tienen que ir y no puede venir nadie nuevo en ese período, pero puede solicitar tanto los que quieran venir como los que ya iniciaron operaciones acá, pueden pedir las licencias individuales. Aunque no lo dicen de forma explícita parece evidente que EEUU quiere que el petróleo venezolano fluya hacia los mercados”, dice a VOA.
A finales del 2022, el Departamento del Tesoro emitió la licencia 41, que no tiene fecha de expiración, y que autorizó a la estadounidense Chevron, asociada con PDVSA y cuatro empresas mixtas, reanudar operaciones limitadas de extracción de recursos naturales en Venezuela.
En ese tiempo, Chevron ha podido ampliar la producción que envía a EEUU y los especialistas en el área insisten en la importancia de que se haya mantenido esa licencia 41.
“Abre un camino para que empresas individuales puedan operar de una forma similar a la que opera Chevron”, sostiene, Morillo, también ex gerente de planificación petrolera de PDVSA, en referencia a la licencia 44 A.
Petroleras como Maurel & Prom, Repsol y New Stratus, entre otras, que han firmado acuerdos con PDVSA para iniciar operaciones de explotación, apuestan a buscar la licencia, estima.
“Es mejor una licencia individual, como la de Chevron, que una de seis meses que no sabes qué va a pasar, si la van a renovar o no si las negociaciones políticas no fluyen, como parecen no estar fluyendo”, afirma Morillo que resalta que al país le conviene la activación de las actividades petroleras y de cualquier tipo ante la depresión de la economía venezolana.
“El petróleo es el elemento que puede dinamizar la situación económica en Venezuela. Mucho se podría hacer con muchas empresas invirtiendo y produciendo, exportando y pagando impuestos y regalías. Definitivamente sería una gran mejora para el país”, precisa.
El economista Luis Oliveros considera “importante” la posibilidad de que quienes tengan negocios con Venezuela tengan la posibilidad de tramitar licencias individuales que, aclara, no necesariamente son públicas.
“También deja abierta la posibilidad de que las negociaciones continúen, de que las conversaciones continúen y abre la posibilidad de que si en ese lapso se llega a algún acuerdo posiblemente veamos una licencia nueva”, afirma a VOA.
“Vamos a ver quiénes son esos actores que van a negociar licencias individuales y a quienes se las van a aprobar. ¿Hay peligro de que Venezuela nuevamente tenga problemas para colocar su crudo? Sin lugar a dudas”, continúa.
Oliveros, además, insiste en que no es correcto decir que las sanciones volvieron porque “nunca se fueron”.
El economista y consultor político, Miguel Velarde, estima que hay un retroceso en la flexibilización, pero coincide en que se deja abierta una ventana a la posibilidad de seguir negociando.
“El objetivo final de todo esto es que Venezuela pueda tener el 28 de julio elecciones libres y transparentes. Este retroceso en las flexibilizaciones debe servir más como una presión hacia el objetivo final y no como un fin en sí mismo”, opina.
A juicio del internacionalista, Iván Rojas, la política exterior de la Casa Blanca pasó de la máxima presión de la época del expresidente Donald Trump, al pragmatismo y afirma que siguen abiertos los espacios para que empresas petroleras hagan cabildeo en Washington para obtener las excepciones.
"Sí, hay sanciones en la mesa, pero siempre hay espacio para excepciones, siempre hay espacios para la negociación y utilizar esas sanciones en pos de algo, no solo una medida de presión y ya", expone.
El ministro de Petróleo, Rafael Tellechea, dijo esta semana estar seguro de las empresas trasnacionales europeas indias, entre otras, pidan sus licencias y sigan trabajando con Venezuela.
“La licencia te dice que seguimos avanzando, seguimos creciendo”, respondió al descartar afectaciones sobre la industria petrolera de Venezuela.
El declive de la industria petrolera venezolana, que años atrás producía unos tres millones de barriles de petróleo diarios, comenzó desde 2005 consecuencia de la corrupción, la falta de inversión y mantenimiento, entre otros factores, destacan especialistas. Actualmente se estima que la producción ronda los 900.000 barriles diarios.
Aunque EEUU reconoció que el gobierno de Maduro ha cumplido con “ciertos aspectos” de los acuerdos sobre garantías electorales firmados con la oposición en Barbados, considera que los avances son insuficientes, cuestionó que se haya bloqueado a candidatos de oposición y tomó la decisión de revocar la licencia general 44.
El gobierno de Venezuela, por su parte, acusó a Estados Unidos de incumplir los acuerdos suscritos en negociaciones directas llevadas a cabo desde el año pasado con la facilitación de Qatar.
La Plataforma Unitaria y la ganadora con el 90% de los votos de la primaria presidencial opositora, María Corina Machado, han denunciado que el gobierno no ha cumplido con los acuerdos, entre ellos el respeto de cada actor político de escoger a su candidato.
La coalición de partidos opositores y Machado, inhabilitada para ejercer cargos públicos, denunciaron que el gobierno les impidió inscribir a Corina Yoris, una filósofa de 80 años designada como candidata sucesora.
[Con información de la colaboradora de VOA Adriana Núñez Rabascall]
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