Un nuevo frente se ha abierto en la batalla entre quienes buscan restringir el acceso legal al aborto en Estados Unidos y los que buscan protegerlo. La lucha, una vez más, se desarrolla en los salones de la Corte Suprema en Washington, que decidirá si la garantía federal de atención ante una emergencia médica tiene prioridad sobre las restricciones estatales o si los médicos pueden legalmente negar tratamiento a pacientes con complicaciones que requieran terminación del embarazo.
Este miércoles, el Supremo oirá argumentos en los casos consolidados Idaho vs EEUU y Moyle vs EEUU, que pone en entredicho el alcance de la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto Activo (EMTALA), que por casi 40 años ha garantizado el cuidado de emergencia en todo el país.
Ahora esa protección está amenazada en medio del cambiante panorama legal de salud reproductiva en la nación, cuya regulación quedó en mano de cada estado tras la decisión de la Corte Suprema en 2022 de derogar medio siglo de garantía federal al aborto. Casi dos años después del fin de Roe vs Wade, esta será la primera vez que el Supremo delibere sobre una provisión estatal, mientras que al mismo tiempo escucha otro caso que busca restringir el aborto por medicamentos.
Un veredicto contra EMTALA en Idaho podría propiciar un "efecto dominó" para otros territorios con limitaciones similares, insistieron activistas a la Voz de América.
"La realidad es que actualmente estamos viviendo en un Estados Unidos fracturado, donde el código postal de tu casa determina si tienes atención de salud y si tienes acceso al aborto o no tienes, y bajo cuáles condiciones", dijo a la VOA Alejandra Soto, directora de Comunicación en español de la oenegé Planned Parenthood, una de las organizaciones líderes en servicios de planificación familiar y educación sexual en EEUU.
¿Por qué EMTALA se sienta en el banquillo?
EMTALA fue aprobada en 1986 por el Congreso de EEUU como una protección federal a pacientes que necesitan cuidados de emergencia. Para personas embarazadas, "en muchas situaciones, la atención de aborto de emergencia es el único tratamiento que puede salvar la salud o la vida", explicó a su vez la presidenta del Centro Nacional de los Derechos de la Mujer (NWLC en inglés), Fatima Gross Graves.
"En el panorama post Roe (caso Roe vs Wade), estos requisitos de atención de emergencia brindan protecciones críticas para las personas que están embarazadas, y especialmente las que se encuentran en estados con prohibiciones del aborto, pero también brindan protecciones críticas para los proveedores al establecer líneas de base federales de atención para esa persona que debe ser atendida cuando presente condiciones médicas de emergencia", detalló Gross Graves en una conferencia telefónica con periodistas.
Los casos que inician argumentos este miércoles en el Supremo representan el conflicto entre la federal EMTALA y el estatuto antiaborto de Iowa, uno de los más restrictivos del país.
Aunque EMTALA no menciona específicamente a la interrupción del embarazo, sí requiere que se le dispense el cuidado necesario a un paciente que requiera tratamiento para ser estabilizado, así sea un aborto de emergencia. En Idaho, la regulación permite las interrupciones solo cuando es "es necesario para prevenir la muerte de la mujer embarazada" y no cuando el embarazo sólo amenaza con incapacitar o dañar gravemente.
El gobierno del presidente demócrata Joe Biden llevó el asunto a los tribunales. "La administración luchará para defender la habilidad de la mujer para acceder a la atención de emergencia bajo la ley federal", dijo el martes el secretario de prensa adjunto de la Casa Blanca, Andrew Bates, a periodistas a bordo del Air Force One.
El destino incierto de un caso aparentemente fácil
Las autoridades judiciales de Idaho, sin embargo, han criticado lo que consideran una intromisión del gobierno federal. "La ley de Idaho es perfectamente consistente con EMTALA, que brinda protecciones explícitas para los 'niños no nacidos' en cuatro secciones separadas. La administración Biden no tiene por qué reescribir la ley federal para anular la ley de Idaho y obligar a los médicos a realizar abortos", dijo el fiscal general de Idaho, Raúl Labrador, en un comunicado.
Cuando se identifica un conflicto entre leyes federales y estatales, la Constitución de EEUU establece que la federal debe tener prioridad. En su texto, EMTALA también contiene una disposición que establece que los estatutos estatales y locales deben ceder "en la medida en que la (ley estatal) entre directamente en conflicto con un requisito de esta sección".
En un ambiente polarizado, donde el tema del aborto ha sido politizado al extremo como una de las preocupaciones que moverán a los estadounidenses a las urnas el próximo noviembre; ni siquiera un caso que podría verse como un veredicto fácil, está fuera de peligro. En enero pasado, la actual Corte Suprema - de mayoría conservadora - detuvo temporalmente el veredicto de una corte federal del distrito en Idaho que determinó que EMTALA tenía prioridad sobre el estatuto antiaborto estatal, mientras consideraba los casos Idaho vs EEUU y Moyle vs EEUU.
En EEUU, "una ley federal sobre cualquier tema siempre va por encima de una ley estatal. Pero con el tema de la salud reproductiva y el aborto, los estados están envalentonados para poner en tela de juicio y retar esas leyes federales (...) que buscan que los cimientos de ese acceso sean parejos para toda persona", destacó Alejandra Soto.
¿Qué está en juego?
Más de 27 millones de mujeres en edad reproductiva viven en estados con algún tipo de restricción al aborto. Mientras organizaciones y políticos de posiciones antiaborto insisten en que la vida comienza en la concepción y por lo tanto, el embrión debe ser protegido a toda costa, para Anya Cook, residente en la Florida, estas prohibiciones pudieron ser fatales.
A la mujer le fue negada la terminación de emergencia de su embarazo, aún cuando una rara condición hizo que perdiera todo su líquido amniótico y comprometiera la supervivencia de su bebé no-nato.
Aunque los doctores le explicaron que si no se le practicaba un aborto de emergencia, su vida podía quedar en peligro por una infección o una hemorragia, "bajo las nuevas prohibiciones del aborto en Florida, el estándar de atención era muy diferente para mí. El médico dijo que mi única opción era esperar y ver, porque ya tenía más de 15 semanas y todavía había latidos", contó Cook durante la conferencia telefónica organizada por el NWLC.
"Nos enviaron a casa para solucionarlo nosotros mismos. Fue entonces cuando entré en un lugar realmente oscuro, convenciéndome de que no iba a sobrevivir a esto", recordó la mujer, que horas después de ser dada de alta, entró en shock debido a la pérdida de sangre.
"Los médicos dijeron que perdí más de la mitad de la sangre de mi cuerpo. Y yo estaba tan débil que necesité seis días más en el hospital y dos cirugías de seguimiento, todo porque los políticos que no son médicos interfirieron con decisiones fundamentales y esenciales de políticas de atención médica, decisiones muy personales y de la vida privada", se quejó Cook, quien no "sabe si podrá dar a luz" en el futuro.
Para los activistas, este es un claro ejemplo de lo que podría pasar si no se afianza la solidez de EMTALA.
"Qué es lo que está en juego? Que si la Corte Suprema determinara que efectivamente la prohibición del aborto sobrepasa a la ley (EMTALA) entonces podría crearse un efecto dominó donde otros estados quieran tomar la misma postura", remarcó la directora Comunicación en español de Planned Parenthood, quien además mencionó la influencia de EEUU en Latinoamérica, que mira hacia el vecino del norte como referencia.
Las restricciones también pesan sobre los proveedores de salud, que están abandonado estados, donde el cuidado de calidad está siendo amenazado.
La doctoral rural Caitlin Gustafson, copresidente de la Coalición de Idaho para una Atención Médica Segura, detalló como los habitantes del estado tienen que viajar fuera para recibir tratamiento y como "casi una cuarta parte" de sus colegas ginecólogos y obstetras y "más de la mitad de los especialistas en medicina materno-fetal" han dejado de practicar en ese territorio.
En este momento "no podemos reclutar médicos para reemplazarlos debido a la carga de estas prohibiciones del aborto", aseguró la doctora.
"Hay mucho en juego, todas las personas que experimentan una emergencia de salud deberían poder recibir la atención que necesitan, incluida la atención del aborto, sin demora y sin interferencia política. Y si estamos en una posición en la que la Corte Suprema se pone del lado de los extremistas en el caso, significará excluir a las personas embarazadas de (...) un derecho que el Congreso garantizó hace casi cuatro décadas", concluyó la presidenta del NWLC, Fatima Gross Graves.
Las conclusiones del caso y el veredicto se darán a conocer a fines de junio o principios de julio próximo.
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