La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, calificó el jueves como “muy buena” una reunión que mantuvo con su homóloga chilena, Carolina Tohá, en la que discutieron estrategias para reforzar la cooperación y coordinación en materia de seguridad regional tras unas semanas de acentuado desencuentro diplomático.
“Charlamos mucho de los temas de fronteras, tenemos 5.200 kilómetros de frontera. Los temas del crimen organizado y todo eso nos ha llevado a plantearnos una especie de comisión mixta en la que podamos trabajar en conjunto, tanto entre ambos países como regionalmente”, dijo en declaraciones a AP desde Santiago, donde participó en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade).
Chile y los países vecinos viven una crisis de inseguridad debido al incremento de la violencia y de la delincuencia armada, en gran medida impulsada por la entrada de bandas criminales transfronterizas que lograron arraigarse en los últimos años.
La criminalidad va a la alza desde 2016, sobre todo en materia de asesinatos, aunque el año pasado las cifras oficiales mostraron una ligera baja en los homicidios en Chile, 6 % menos que en 2022.
Bullrich también confirmó que ha entregado a su par chilena un “informe” con los supuestos antecedentes del grupo libanés Hezbollah en América del Sur, aunque evitó hablar de la presencia de la agrupación islamista en territorio chileno como hizo en unas declaraciones previas que provocaron malestar y motivaron un roce diplomático que culminó con un pedido de disculpas por parte de Bullrich.
En ese sentido, la ministra de Seguridad chilena explicó a los periodistas que, en la reunión, Bullrich aclaró “exactamente las condiciones y el contexto” en que hizo dichas declaraciones y consideró el asunto terminado.
“Su preocupación es especialmente sobre cómo, como región, estamos protegidos respecto a estos temas y cómo los monitoreamos”, dijo Tohá.
Y es que ambas ministras optaron por poner las fricciones diplomáticas a un lado y han coincidido en la importancia de estrechar lazos y profundizar la cooperación y coordinación internacional para dar batalla al crimen organizado, que se ha extendido con fuerza en Sudamérica en los últimos años.
“Nosotros en el Cono Sur, en nuestra parte del continente, tenemos que trabajar con un nivel de unidad enormemente importante”, señaló la titular argentina en su intervención en el Enade al enfatizar la importancia de medidas como el intercambio de información y comunicación constante a fin de reconocer posibles criminales.
Por su parte, Tohá recordó que otro eje de actuación clave es el impulso de políticas públicas para combatir las bandas criminales, como la inversión multilateral en el campo de la seguridad y la elaboración de leyes específicas contra el crimen organizado y de antiterrorismo.
Para la chilena, hay que "fortalecer" las instituciones existentes y crear nuevas que sean capaces de “impulsar una política contra el crimen organizado y de control de armas” a través de “estrategias apropiadas” para cada territorio, ya que “las problemáticas varían” dependiendo de la región.
La edición de este año de la mayor cita empresarial de Chile estuvo marcada por la inquietud ante la creciente inseguridad y elevados niveles de criminalidad, una realidad que el presidente chileno, Gabriel Boric, reconoció ser la “principal preocupación” de los ciudadanos.
El mandatario destacó así que un trabajo “serio, sistemático y coordinado a nivel nacional e internacional” es esencial para alcanzar resultados efectivos contra la galopante delincuencia, a la que calificó como "más compleja, más sofisticada y mucho más violenta".
“El crimen organizado es un poder corruptor, una amenaza para la democracia y también para el crecimiento. Por eso, es necesario enfrentarlo con sentido de unidad nacional”, con “cooperación con nuestros países vecinos, y abordarlo en todas sus dimensiones”, sostuvo.
Desde que llegó al poder hace dos años, el gobierno de Boric ha enviado al Congreso una veintena de proyectos de ley relacionados con la seguridad, entre ellos uno que aumenta las condenas a los agresores graves que atenten contra las fuerzas del orden -ya aprobado-, uno de ciberseguridad y una nueva ley contra el narcotráfico que endurece las medidas contra el crimen organizado en el país.
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