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"Hay que detener a Israel", dice Sudáfrica a la Corte Internacional de Justicia


Los magistrados de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya vistos este 16 de mayo durante la audiencia para escuchar los argumentos del equipo legal de Sudáfrica CIJ como parte del caso de Sudáfrica contra Israel por la ofensiva de Rafah.
Los magistrados de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya vistos este 16 de mayo durante la audiencia para escuchar los argumentos del equipo legal de Sudáfrica CIJ como parte del caso de Sudáfrica contra Israel por la ofensiva de Rafah.

La CIJ escuchó las acusaciones contra Israel por parte del equipo legal de Sudáfrica, que denuncia al Estado judío por su ofensiva en Rafah y la retención deliberada de ayuda humanitaria a Gaza. Israel tendrá la oportunidad de responder en una segunda vista.

Sudáfrica pidió el jueves al máximo tribunal de la ONU que ordene el cese de la ofensiva en Rafah como parte de su caso en La Haya en el que acusa a Israel de genocidio, afirmando que el país "debe detenerse" para garantizar la supervivencia del pueblo palestino.

Las audiencias en la Corte Internacional de Justicia se celebran después de que Sudáfrica solicitó la semana pasada más medidas de emergencia para proteger Rafah, ciudad del sur de Gaza donde se refugian más de un millón de palestinos.

También pidió al tribunal que ordene a Israel permitir el acceso sin trabas a Gaza de funcionarios de la ONU, organizaciones de ayuda humanitaria, periodistas e investigadores. Añadió que, hasta la fecha, Israel ha ignorado y violado anteriores órdenes judiciales.

Según Tembeka Ngcukaitobi, abogado de Sudáfrica, la campaña militar israelí ha apuntado a decenas de miles de niños y mujeres, ha destruido infraestructuras civiles y ha matado de hambre a la población.

"Desde el principio, la intención de Israel fue siempre destruir la vida de los palestinos y borrarlos de la faz de la tierra. Rafah es la última parada", afirmó.

"Hay que detener a Israel. Sudáfrica está hoy de nuevo ante ustedes para pedir respetuosamente al tribunal que invoque sus poderes (...) para ordenar un remedio que detenga a Israel", dijo Adila Hassim, otra abogada de Sudáfrica.

Israel, que ha denunciado como infundada la afirmación de Sudáfrica de que está violando la Convención sobre el Genocidio de 1949, responderá el viernes. En documentos anteriores, Israel había hecho hincapié en que había intensificado sus esfuerzos para hacer llegar ayuda humanitaria a Gaza, tal y como había ordenado la CIJ.

"Hambruna provocada por el hombre"

El abogado sudafricano Max du Plessis afirmó que las zonas declaradas seguras por Israel eran una "cruel distorsión", ya que a menudo la gente estaba demasiado hambrienta para huir. Los que tenían fuerzas suficientes para salir a refugios eran a veces atacados por las fuerzas israelíes.

"No hay nada humanitario en estas zonas humanitarias", afirmó. "El genocidio israelí de palestinos continúa mediante ataques militares y hambruna provocada por el hombre".

Gilad Erdan, embajador de Israel ante las Naciones Unidas, declaró el miércoles a Radio Ejército que la escasa antelación con la que el tribunal convocó las audiencias no permitió una preparación jurídica suficiente, y añadió que eso era "una señal reveladora".

La guerra entre Israel y Hamás ha matado a casi 35.000 personas en Gaza, según las autoridades sanitarias de la zona. Alrededor de 1.200 personas murieron en Israel y 253 fueron tomadas como rehenes el 7 de octubre, cuando Hamás lanzó el ataque que inició la guerra, según los recuentos israelíes.

Sudáfrica acusa a Israel de actos de genocidio contra los palestinos. En enero, el tribunal ordenó a Israel que garantizara que sus tropas no cometían actos genocidas contra los palestinos de Gaza, permitiera la entrada de más ayuda humanitaria y preservara cualquier prueba de violaciones.

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Las audiencias de los días 16 y 17 de mayo se centrarán únicamente en la adopción de medidas de emergencia para evitar que el conflicto se agrave. Es probable que pasen años antes de que el tribunal pueda pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Las sentencias y órdenes de la CIJ son vinculantes e inapelables. Aunque el tribunal no tiene forma de hacerlas cumplir, una orden contra un país podría dañar su reputación internacional y sentar un precedente jurídico.

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