Un organismo no gubernamental que vela por la defensa de los derechos de los privados de libertad en Venezuela informó el domingo del inicio de una huelga de hambre en las cárceles del país sudamericano para exigir que se respeten sus derechos humanos en medio de una crisis del sistema.
El Observatorio Venezolano de Prisiones dijo en X, antes Twitter, que la medida es de carácter pacífica y a la cual se plegarían todos los centros pidiendo “otorgamiento de medidas humanitarias, traslados a los penales de origen”. El organismo aseguró que las prisiones del país enfrentan un hacinamiento crítico y precaria alimentación.
Las mujeres privadas de libertad del Instituto Nacional de Orientación Femenino (INOF) —la única cárcel femenina en el país— también se unieron a la huelga para reclamar por demora en sus procesos judiciales, la desidia sobre la situación de las cárceles y el descontento por los programas de gobierno “que no han aportado ninguna solución a su situación jurídica”, añadió el Observatorio.
The Associated Press solicitó comentarios a las autoridades gubernamentales, pero no obtuvo respuesta de inmediato.
A través de su cuenta de X, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario difundió por la tarde varios mensajes, uno de ellos indicando que la ministra Celsa Bautista atiende directamente a los privados de libertad “como parte de la garantía de los DDHH (derechos humanos) de la población penitenciaria”. Y adjunta imágenes en que se brinda atención médica a los presos, capacitaciones y otras actividades.
El Observatorio respondió a la ministra en la misma red social, lamentando que “no acepte la realidad”.
Las imágenes difundidas por el Observatorio dejan ver a las mujeres en uno de los pasillos del INOF, donde protestaban haciendo sonar botellas plásticas o cualquier artículo que pudiera hacer ruido. En cambio, en una cárcel de varones que no identificó, los presos congregados y apretados en los pasillos entonaban una canción.
Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2023 calificó la situación de los privados de libertad en Venezuela como “una de las más graves de la región”. Entre las principales deficiencias mencionó el hacinamiento y la falta de cifras oficiales actualizadas en el sistema penitenciario del país.
Según la CIDH, las cifras oficiales registraban una población penitenciaria en 2022 de 33.558 presos en 45 centros carcelarios. Sin embargo, asegura que existe una “dualidad del sistema penitenciario” que se concreta en centros de detención preventivos, que denominó como “calabozos”, elevando el registro a 35.000 reclusos. No tuvo acceso a datos de 2023, agregó.
Se conoce a los calabozos como sitios de detención en comisarías policiales en lo que la estadía debería ser corta.
El hacinamiento que puede superar el 200 % en algunas cárceles del país “puede llegar a constituir en sí mismo una forma de trato cruel, inhumano o degradante, violatoria del derecho a la integridad personal y de otros derechos humanos”, anotó el organismo internacional.
Otro de los problemas que apunta el Observatorio de Prisiones en sus informes publicados en internet es que los privados de libertad son recluidos sin tomar en cuenta la cercanía a sus familias ni la jurisdicción o territorio donde se tramitan sus causas. Un 70 % del retardo procesal se debe a inconvenientes de transporte, añadió.
A inicios de mayo, el organismo no gubernamental aseveró que los presos en una cárcel de Caracas llevaban “tres meses sin comer proteína”, una situación que, según aseguró, “se vive en el resto de cárceles de Venezuela”.
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