Seis años después de las protestas de 2018 contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, uno de sus participantes relata a la Voz de América su experiencia, el tiempo en la cárcel, la salida del país y su llegada a Estados Unidos.
Su nombre es Hamilton Sánchez. Tiene 38 años y es natural del departamento de Chinandega, en Nicaragua. Vive refugiado en Miami desde finales de 2019 tras un periplo de cinco meses que lo llevó desde Nicaragua a Honduras, Guatemala y México hasta que finalmente se entregó a las autoridades estadounidenses por el paso fronterizo de Piedras Negras, limítrofe con el estado de Texas.
En la ciudad floridana, el hombre habló con la VOA en medio de un torrencial aguacero bajo el soportal de un supermercado.
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que conmemora en junio el Día Mundial del Refugiado, publicó el Informe de Tendencias Globales 2023. De acuerdo con el texto, para mayo de 2024 las cifras globales de desplazamiento forzado llegaron a los 120 millones.
“Es realmente preocupante pensar que 23 millones de personas obligadas a huir son de nuestro continente”, dijo a la VOA, Juan Carlos Murillo, jefe de Relaciones Externas de la Oficina de ACNUR para las Américas.
La de Hamilton Sánchez es una entre esas 23 millones de historias, pero la suya comenzó por la inconformidad con el gobierno de su país.
“Mi familia viene de raíces liberales y siempre he estado sumergido en lo que pasa en mi país, en ayudas humanitarias, derechos humanos porque siento el deseo y el deber como nicaragüense de poder apoyar a nuestra gente que pasa estas situaciones tan adversas”, afirma.
Despertar en Chinandega
Las primeras protestas estallaron el 18 de abril, principalmente por parte de estudiantes y ancianos al anuncio de Ortega sobre las reformas al sistema de pensiones, que aumentan los pagos de cuotas de trabajadores y empleadores.
“En mi departamento comenzó el día 20, qué ironía que yo cumplo años el 21 de abril”, indica y especifica que se sumó a la protesta “como todo buen nicaragüense: nadie me pagó, nadie me obligó. Fuimos autoconvocados por las redes sociales”.
Sánchez recuerda cómo pasaron de ser una veintena de manifestantes iniciales a unos 500 en pocos minutos y, luego, en el tramo de una hora de camino desde las afueras de la ciudad al mismo centro ya había unas 2.000.
Así, la respuesta oficial a las protestas y colocación de barricadas no se hizo esperar, comenta. “Nos cayó la policía y llegaron gentes encapuchadas, con palos, garrotes, hasta armados a comenzar a reprimir a la gente”, relata.
La muerte, dice, le tocó de cerca con la del joven manifestante Juan Alexander Zepeda Gastón, de 18 años de edad. “Vi caer a Gastón con un disparo cerca del ojo izquierdo; era estudiante de secundaria, cayó a unos tres metros de donde yo estaba. Lo montamos en una moto entre dos muchachos para llevarlo al entonces Hospital España”, explicó.
Según Sánchez, el registro de víctimas fatales tras las manifestaciones llevado a cabo por organizaciones de la sociedad civil cifró en 420 muertos, siete de ellos en Chinandega.
Pero un informe de 2021 por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cifra “el registro de víctimas fatales en el contexto de la crisis da cuenta de al menos 355 víctimas durante la represión a las protestas sociales”
Detención, encarcelamiento
Según este activista e integrante de varias organizaciones de la sociedad civil como el Grupo de Reflexión Excarcelados Políticos (Grexp), su detención ocurrió el 30 de octubre de 2018, medio año después de iniciadas las protestas, llevándolo a la unidad policial de su localidad.
“Me llevan a una oficina y allí tenían un pizarrón con mi nombre y los de otras personas con fotografías y todo: fechas desde que iniciaron las protestas hasta ese día”, rememora.
Lo acusaban de organizar las manifestaciones, por lo que el prontuario delictivo llegaba a unas siete acusaciones, a saber: dos acusaciones de asesinato, intento de homicidio, ser jefe de “un tranque”, quema de la alcaldía de Chinandega, secuestro y quema de la camioneta del alcalde de entonces.
Ninguno de los presuntos cargos lo aceptó, dice. Y ahí, donde estuvo solo un mes, comenzó un periplo que lo llevó de la cárcel El Chipote a la conocida como La Modelo, ambas en Managua. Allí, confiesa, sufrió vejaciones de todo tipo.
“Eran interrogaciones a las 2:00 o 3:00 de la mañana, todos los días (…) en resumidas cuentas lo más duro fue en El Chipote, a veces te desnudaban, a veces te amarraban de pies y manos, te golpeaban. Yo tengo secuelas, a veces cuando hago mis necesidades, sangro. No he podido conciliar mi sueño desde ese momento, yo lo más que duermo son dos o tres horas al día”, relata.
EEUU como destino
En abril de 2019 fue finalmente liberado bajo la ley de amnistía conocida como “Ley del perdón”, una suerte que tuvieron decenas de excarcelados más. Dos meses después, decidió lanzarse a la aventura de emigrar con el fin de llegar a Estados Unidos, donde le otorgarían el asilo por persecución política en la frontera con México.
“Mi organización lo publicó por redes sociales cuando yo me entregué. Yo creo que Estados Unidos miró la publicación porque solo estuve dos días detenido”, revela.
Hoy, trabaja en una compañía de servicios de jardinería en Miami, Florida, para ganarse la vida, a la par, dice, de continuar de modo solidario tanto con los que quedaron en Nicaragua como con los que arriban a EEUU en busca de refugio.
“Lo hago personalmente y también como organización. Y todos los días le pido a Dios por la libertad de nuestro país”, cuenta.
Para los que en cualquier parte del mundo han tomado la difícil decisión de emigrar, huyendo por distintas causas, Sánchez tiene una advertencia: “El mensaje es primeramente salvaguardar sus vidas, tanto dentro como fuera de su país. A veces se sufre más estando en el exilio que en tu propio país”.
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