Cientos de mexicanos han migrado hacia pueblos fronterizos con Guatemala debido a la violencia sin precedentes que se ha registrado en el estado mexicano de Chiapas, tras una pugna entre los carteles de la droga.
"Están llegando, vienen todos de Chiapas, refugiándose acá. Les vamos a dar alojamiento y esperamos que nos puedan ayudar con la alimentación", dice en un video Juan Francisco Méndez, concejal de Cuilco, un pueblo guatemalteco fronterizo con México.
En las imágenes se observa una parte del desplazamiento forzado al que se han enfrentado unos 600 mexicanos que huyen de la violencia generada por la enemistad entre el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cartel de Sinaloa.
No hay un número oficial de las personas que han buscado refugio en Guatemala, pero el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, habla de 580. Mientras que Manuel López Obrador, presidente de México, estima entre 300 y 500.
"Anteriormente, el cartel de Sinaloa dominaba los municipios fronterizos del sur de Chiapas, pero el CJNG ha disputado el poder de su rival desde 2021 con el objetivo de obtener el control sobre las rutas de tráfico de migrantes, drogas y armas", explica en un informe InSight Crime, una organización que monitoriza el crimen en América Latina.
Los carteles, además de disputar el tráfico de migrantes, buscan controlar otras economías ilícitas como el secuestro, el despojo de propiedades a la población local y la extorsión.
Según InSight Crime, uno de los tipos de extorsión más común es el cobro de piso, a través del cual los grupos criminales exigen un pago periódico a comerciantes a cambio de seguridad.
¿Qué dicen las autoridades?
Según López Obrador, México es un país grande y “hay, como en todas partes, conflictos”, refiriéndose al caso de Chispas, estado al que en 2018 se destacaba por su baja tasa de violencia homicida.
No es como “lo quieren ver nuestros adversarios, de que haya ingobernabilidad, que predomine la violencia, que sea un caos, que se está destruyendo el país”, dijo el 26 de julio en una conferencia de prensa, luego de anunciar que la Guardia Nacional vigilará la zona y la situación se resolverá pronto.
“Es un hecho que en los últimos tiempos, meses, días, todavía ayer (25 de julio), ha habido enfrentamientos en Chiapas, que lamentablemente han causado la pérdida de vidas humanas”, agregó Obrador, tras reconocer la afrenta de dos grupos criminales en la zona.
Varias familias que cruzaron al municipio Cuilco, en Guatemala, reportaron a medios locales que además de los constantes tiroteos, se vieron forzados a huir porque los carteles obligaron a los lugareños a trabajar en retenes donde eran utilizados como escudos humanos, mientras luchaban contra sus rivales.
Ante la situación, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció el 24 de julio que las autoridades federales y locales están trabajando para albergar a las familias afectadas, en coordinación con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
“Estamos presentes, desde el primer momento, y ya se está colaborando en darle atención a los refugiados”, explicó. Además de anunciar que su gobierno ha expedido varios certificados de permanencia humanitaria a los refugiados, con vigencia de 30 días prorrogables.
Ambos mandatarios se reunieron a mediados de mayo en la base aeronaval ubicada en Tapachula, Chiapas, para acordar proyectos sobre seguridad, migración y apoyo social.
Las economías criminales en Chiapas
Al ser un paso fronterizo, Chiapas es una de las principales rutas utilizadas por los migrantes en su propósito de llegar hacia Estados Unidos.
En su intento de huir del control de las autoridades, los traficantes de migrantes suelen tomar rutas irregulares controladas por el narcotráfico, donde se ven expuestos a la extorsión y el secuestro.
Según investigaciones de InSight Crime, grandes organizaciones criminales, como el cartel de Sinaloa, generan cobros de al menos 100 dólares por migrante para permitirles transitar en las rutas controladas por el grupo.
De hecho, algunos migrantes que no pagan por el permiso suelen ser secuestrados para pedir rescate a sus familias, además de otros abusos cometidos por las autoridades que, en ocasiones, conspiran con grupos criminales.
A parte del control de la migración en la zona, los carteles disputan las rutas del tráfico de drogas, de armas y la extorsión de piso.
En diciembre de 2023, medios locales reportaron que al menos el 30 % de los productores de café en la Sierra de Chiapas, es decir, unos 4.000 productores, abandonaron sus cultivos ante el cobro de piso, un pago que exigen los grupos criminales de la zona para brindar “seguridad” a los habitantes.
Las alternativas que tienen los productores son seguir produciendo café tomando en cuenta el pago de la extorsión, negarse a pagar arriesgándose a perder la vida o abandonar la producción y huir de la zona. Al menos 9.000 agricultores continúan haciéndole frente a la situación de inseguridad.
La violencia en números
Un informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas documentó el desplazamiento forzado de al menos 16.755 personas entre el año 2010 y el mes de octubre del 2022.
Además, desde 2021 hasta la fecha estiman que unas 2.000 personas (400 familias) abandonaron sus comunidades debido a la violencia generada de la disputa por el control territorial de grupos criminales.
El año 2024 se perfila como el más violento en Chiapas, con más de 400 homicidios hasta finales de julio, según el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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