Las mayores empresas de México ya se están viendo afectadas por las exigencias de los cárteles de la droga, y las organizaciones criminales intentan cada vez más controlar la venta, distribución y fijación de precios de determinados productos.
Ni siquiera los líderes empresariales más reconocidos y de alto rango están a salvo.
El lunes, el presidente de la federación de cámaras de comercio del estado de Tamaulipas dio una entrevista televisiva en la que se quejó sobre la extorsión de los cárteles de la droga en la entidad. Horas después el martes, Julio Almanza murió al ser baleado afuera de sus oficinas en la ciudad de Matamoros.
“Somos rehenes de extorsiones, somos rehenes de bandas delincuenciales”, dijo Almanza en una de sus últimas entrevistas. Señaló que el cobro de piso “prácticamente se ha convertido en deporte nacional en Tamaulipas”.
El problema llegó a un punto crítico cuando la corporación Femsa, que opera Oxxo, la mayor cadena de tiendas de conveniencia de México, anunció a finales de la semana pasada que cerraba sus 191 tiendas y siete gasolineras en otra ciudad fronteriza, Nuevo Laredo, debido a problemas relacionados con la delincuencia.
La empresa declaró que hacía tiempo que tenía que hacer frente a las exigencias de los cárteles de que sus gasolineras compraran el combustible a determinados distribuidores. Pero la gota que derramó el vaso se produjo en las últimas semanas, cuando miembros de grupos criminales secuestraron a dos empleados de una tienda, exigiéndoles que actuaran como vigilantes o les proporcionaran información.
Las tiendas de conveniencia son frecuentadas por la mayoría de la población mexicana, por lo que los grupos criminales las consideran un buen punto para vigilar los movimientos de policías, soldados y rivales.
“Tuvimos incidentes en las tiendas, que consistieron en exigencias para hacerles llegar información para distintos fines, incluso mantuvieron retenidos a dos colaboradores con esa demanda”, dijo Roberto Campa, director de asuntos corporativos de Femsa, a la prensa local.
En un comunicado emitido el lunes, Femsa anunció que sus tiendas de Nuevo Laredo iban a permanecer cerradas esta semana “debido a actos de violencia que pusieron en riesgo la integridad de colaboradores”.
La violencia de los cárteles en México se ha enfocado durante mucho tiempo en los negocios más pequeños, donde los propietarios suelen visitar sus tiendas y son fácilmente secuestrados o abordados por los miembros de las organizaciones para exigirles el pago de extorsiones. Pero Femsa es la mayor embotelladora de refrescos de América Latina, la mayor embotelladora de Coca Cola por volumen de ventas y cotiza en la bolsa mexicana.
Nuevo Laredo ha estado dominado durante mucho tiempo por el Cártel del Noreste —una rama del antiguo cártel de Los Zetas—, pero el problema está empezando a afectar a empresas más grandes de todo el país. Sectores que van desde la agricultura, la pesca y la minería hasta los bienes de consumo se han visto acosados por cárteles que intentan apoderarse esencialmente de sus industrias.
Esta semana, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, cuyos miembros suelen ser grandes empresas mexicanas, estadounidenses o multinacionales, publicó una encuesta realizada entre sus afiliados en la que el 12% de los encuestados afirmaba que “el crimen organizado ha tomado el control parcial de la venta, distribución y/o precios de sus productos”.
Esto significa que los cárteles de la droga están distorsionando partes de la economía mexicana, decidiendo quién puede vender un producto y a qué precio, y a cambio exigen aparentemente a los vendedores que transfieran un porcentaje de los ingresos de las ventas al cártel.
En el pasado, los cárteles han llevado a cabo ataques violentos, incendios intencionados e incluso asesinatos de quienes eran sorprendidos vendiendo mercancías que no habían sido “autorizadas” por ellos o compradas a distribuidores que controlan.
Alrededor de la mitad de las 218 empresas que participaron en la encuesta de la American Chamber afirmaron que los camiones que transportaban sus productos habían sufrido ataques, y el 45% de las empresas dijeron que habían recibido demandas de extorsión para el pago de protección.
De las empresas que informaron de cuánto habían tenido que gastar en medidas de seguridad, el 58% afirmó que dedicaba entre el 2% y el 10% de sus presupuestos totales a la seguridad; el 4% dedicaba al menos una décima parte de sus gastos totales a medidas de seguridad.
El martes, Femsa dijo en un comunicado que estaba avanzando en las conversaciones con las autoridades que podrían ofrecer garantías para la seguridad de sus empleados y permitir a la cadena reabrir sus tiendas en Nuevo Laredo.
Los poderosos cárteles de la droga de México han ampliado sus fuentes de ingresos tanto extorsionando a empresas como incluso apoderándose de negocios legítimos.
En 2014, las autoridades confirmaron que el cártel de los Caballeros Templarios se había hecho esencialmente con el control de las exportaciones de mineral de hierro del estado occidental de Michoacán, y que el comercio de mineral con China se había convertido en una de sus mayores fuentes de ingresos.
Los cárteles también han sido acusados de controlar la producción y manipular los precios nacionales de cultivos como el aguacate y el limón.
A finales del año pasado, las autoridades de Michoacán confirmaron que un cártel había instalado su propio sistema improvisado de internet y había dicho a los lugareños que tenían que pagar por utilizar su servicio Wi-Fi o serían asesinados.
Apodado “narcoantenas” por los medios de comunicación locales, el sistema del cártel consistía en la instalación de antenas de internet en varios pueblos con material robado. El grupo cobraba a unas 5.000 personas precios elevados de entre 400 y 500 pesos (de 25 a 30 dólares) al mes.
Las tiendas de conveniencia Oxxo de Femsa son un objetivo en parte debido a su omnipresencia en México: hay unas 20.000 en todo el país. En 2022, varias bandas incendiaron unas dos docenas de tiendas en el estado de Guanajuato, en el centro del país, en protesta por los intentos de detener a un líder de un cártel.
El miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador -cuya política es evitar enfrentarse a los cárteles- mostró las recomendaciones que las autoridades habían hecho a Femsa en una reunión celebrada el lunes. Esas recomendaciones responsabilizaban en gran medida a la empresa, pidiéndole que contratara guardias de seguridad en las tiendas, instalara botones de pánico y colocara cámaras en el exterior de las tiendas.
En 2009, la policía del occidental estado de Jalisco encontró al menos cuatro cabezas cortadas en neveras de espuma de poliestireno con el logotipo de las tiendas; estas neveras se vendían para guardar bebidas frías, pero entre los grupos criminales se convirtió en una especie de moda utilizarlas para guardar cabezas decapitadas.
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