Periodistas venezolanos y extranjeros han sufrido arrestos, difamación, intimidación, lesiones y hasta expulsiones del país durante su cobertura de las elecciones presidenciales en Venezuela del 28 de julio, según informes de cuatro organizaciones defensoras de la prensa y la libre expresión y asociaciones gremiales nacionales.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) reportó esta semana al menos 79 vulneraciones a la libertad de prensa en Venezuela entre el lunes 29 de julio, un día después de la disputada votación donde resultó oficialmente reelecto el presidente Nicolás Maduro, y el sábado 4 de agosto.
La mayoría de esos casos (62) están vinculados a la cobertura del tema electoral o a las manifestaciones ciudadanas acontecidas en decenas de ciudades y poblados de Venezuela en los días siguientes a los comicios, de acuerdo con un informe divulgado por el IPYS este lunes.
“Esa documentación es alarmante” y “pone en evidencia un recrudecimiento sistemático de represión y control sobre la información de interés público Venezuela”, apuntó.
No sólo la prensa, también la sociedad
Espacio Público, una asociación civil que promueve los derechos humanos con acento en las libertades informativas en Venezuela, reportó, por su parte, 88 casos de vulneración de la libre expresión desde el día de la elección.
Estos registros no sólo incluyen a periodistas, trabajadores de la prensa y medios de comunicación, sino a ciudadanos cuyas libertades de expresión se vieron vulneradas, especialmente en conversaciones privadas y redes sociales, según la ONG.
Venezuela vive “una dinámica de hostigamiento sistémico” contra la prensa desde 2014, que se agrava en momentos de elecciones, según Carlos Correa, director de Espacio Público. “Es una práctica recurrente” que busca “acallar las coberturas” periodísticas y limitar las opciones informativas de la sociedad venezolana, dice a la VOA.
La violencia contra periodistas no sólo es física, sino además institucional, expresada en descalificaciones de altos funcionarios y procesos judiciales, subraya. Las denuncias de esas agresiones a la prensa “siguen en impunidad” y la falta de condenas públicas genera que aumenten los atropellos, remarca.
El gobierno venezolano, con Maduro a la cabeza, ha denunciado que está en marcha un golpe de Estado “mediático” y ha acusado a la prensa de participar en acciones desestabilizadoras entre denuncias de fraude.
Libertades reprimidas
Los reportes incluyen negaciones de visas, deportaciones en el aeropuerto de Maiquetía, el principal del país, detenciones en el territorio venezolano, restricciones en cobertura el día de la elección, arrestos e imputaciones por terrorismo y cierre de emisoras y medios digitales.
De acuerdo con los informes, un periodista fue herido de bala en Aragua y voceros del oficialismo nacional y de gobiernos locales hostigaron a comunicadores.
Uno de los casos más graves fue la detención de dos reporteros de una agencia internacional en su hotel por parte de agentes de inteligencia militar para deportarlos.
Los balances de Espacio Público también incluyen detenciones de ciudadanos por el contenido de sus publicaciones en redes sociales, como TikTok, y aplicaciones de mensajería directa, así como el arresto de un hombre que hizo franelas con una fotografía del derribamiento de una estatua del expresidente Hugo Chávez.
Arrestados por delitos de terrorismo
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció este martes que nueve periodistas y fotorreporteros fueron detenidos en Venezuela desde la elección presidencial, precisando que cinco de ellos fueron arrestados en la última semana.
Lo grave es que se les ha imputado delitos de terrorismo, advirtió. “Exigimos su liberación, no son delincuentes”, publicó en X el sindicato.
“Denunciamos el uso ilegal y arbitrario de las leyes antiterrorismo en Venezuela, especialmente contra los periodistas y reporteros gráficos detenidos”, insistió el miércoles el SNTP que alertó que en todos los casos se ha impedido la juramentación de defensa privada.
El sindicato confirmó que Yousner Alvarado, reportero gráfico; Paúl León, camarógrafo; Deisy Peña, reportera gráfica y José Gregorio Carnero, periodista y dirigente político, fueron imputados por delitos de terrorismo en horas recientes.
El gobierno ha evidenciado con sus actuaciones un “patrón” de medidas oficiales que busca “atemorizar” al periodismo independiente y restringir su alcance en la crisis política que ha sucedido a las elecciones en el país suramericano, según el periodista venezolano Andrés Cañizález, también profesor universitario y doctor en ciencias políticas.
Lo alertado por gremios y asociaciones civiles sobre las libertades de prensa y expresión en Venezuela en los últimos días “es cónsono con la visión gubernamental limitante” del oficio informativo, dijo a la Voz de América.
Cañizález acotó que, a diferencia de otros momentos de crisis y protestas en el país sudamericano, el gobierno venezolano y sus fuerzas de seguridad ejecutan acciones contra periodistas ya cuando han culminado las manifestaciones de oposición, ubicándolos fuera del foco público.
“Es una manera de operar distinta, más ‘refinada’. Forman parte de una manera de cómo el poder entiende al periodismo como una suerte de adversarios y enemigos”, advirtió el docente e investigador.
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