Un grupo de 25 organizaciones no gubernamentales de América y Europa condenó la represión “sistemática” del gobierno de Venezuela a raíz de los disputados resultados de la elección presidencial del 28 de julio y exigieron a las autoridades garantizar la vida, seguridad y libertad de promotores de derechos humanos, activistas y manifestantes.
Las organizaciones, con sedes en Estados Unidos, Venezuela, Cuba y Suiza, entre otros países, expresaron en un comunicado conjunto divulgado este miércoles su “profunda preocupación” por la situación de derechos humanos en la nación suramericana.
Denunciaron “las agresiones” contra miles de manifestantes que protestaron “legítimamente” en las calles de Venezuela, ejerciendo su derecho de asociación, reunión pacífica y expresión en torno a los resultados oficiales de la votación.
Subrayaron asimismo las detenciones arbitrarias de más de 1.350 personas, “sin ningún tipo de garantía procesal”, de acuerdo con el texto, al que tuvo acceso Voz de América.
“Exigimos al gobierno venezolano garantizar la vida, seguridad y libertad de activistas, periodistas, abogados, y personas que defienden los derechos humanos en Venezuela y el de sus familias, así como brindar todas las garantías procesales a quienes han sido detenidos y detenidas arbitrariamente y liberarles de inmediato”, aseveraron las oenegés.
Exigen "acciones concretas"
Las organizaciones llamaron a la comunidad internacional a que exija respeto y garantías de los derechos de la sociedad civil venezolana y a que “tomen acciones concretas e inmediatas para detener esta crisis de derechos humanos presentada en el país”.
Invitaron a los países receptores de migrantes y refugiados a facilitar trámites y medidas de regularización a su favor, y acelerar procesos de asilo y refugio solicitados por las “víctimas de estas medidas represivas”.
Finalmente, se sumaron a las exigencias de un creciente grupo de países y organizaciones de que el gobierno venezolano “permita un escrutinio independiente, transparente y verificado de los resultados” electorales para garantizar el respeto a la voluntad popular.
Entre las ONG firmantes del documento, se encuentran Civil Rights Defenders (Suecia), WOLA (Estados Unidos), el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, Provea, Aula Abierta, Foro Penal, Espacio Público y Defiende Venezuela.
También suscribieron el comunicado la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (Juventud LAC), 4Métrica, ConEnfoque, Corporación Otraparte, Civilis y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad).
También se unieron organizaciones como Un mundo sin mordaza, Cubalex, Justicia 11J, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, la Iniciativa para la Investigación y la Incidencia, y Fundación Paz y Reconciliación.
Además, firmaron Aula Abierta, People In Need, Acceso a la Justicia, Mulier, Laboratorio de Paz y la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez).
El documento de las 25 organizaciones se publica un día después de que la bancada oficialista del parlamento aprobara varias artículos en segunda discusión de una ley que pretende fiscalizar a las ONG en Venezuela y cuyo debate estaba en pausa desde enero de 2023.
La misión de determinación de los hechos sobre Venezuela, activada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, advirtió entonces que esa ley sería “un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático” del país suramericano.
Entre denuncias de golpe y fraude
Maduro, voceros oficialistas y el fiscal general Tarek William Saab, un exgobernador y exdiputado del chavismo antes de ocupar ese cargo judicial, han denunciado que estaría en marcha un “golpe” en Venezuela que pretende desconocer su triunfo electoral.
Según Maduro, la cifra de detenidos superaría los 2.200 y 8 de cada 10 arrestados serían “terroristas” asociados a la coalición opositora.
La oposición dice tener suficientes copias de las actas de votación para comprobar su victoria, mientras la comunidad internacional propone zanjar la crisis con la publicación de resultados desglosados de las 30.000 mesas de votación y su verificación independiente.
Brasil, Colombia y México lideran una mediación informal y directa con el gobierno de Nicolás Maduro y sus opositores, entre ellos la dirigente María Corina Machado y el candidato de la coalición antichavista, Edmundo González Urrutia. Esa iniciativa es respaldada por varios gobiernos que se han negado a reconocer la proclamación de Maduro como ganador, entre ellos el de Estados Unidos.
Un informe de la misión de observación electoral del Centro Carter concluyó que la elección del 28 de julio no puede considerarse democrática y sus voceros han dicho haber comprobado de forma independiente la victoria del candidato opositor.
El oficialismo venezolano anunció entretanto que acelerará la aprobación de leyes para censurar las redes sociales y contra el “fascismo” que, dice, quiere desalojarlo del poder a la fuerza. La oposición, por su parte, convocó a una protesta mundial para el sábado.
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