Cualquier centroamericano que preste atención a la política estadounidense sabe que la migración es uno de los principales lazos que unen a ese país con la región: al menos unos cuatro millones de migrantes procedentes de la región viven en Estados Unidos, y muchos están atentos a lo que ocurrirá en las elecciones presidenciales de noviembre.
Los dos principales candidatos a la Casa Blanca: la actual vicepresidenta demócrata, Kamala Harris y el expresidente republicano Donald Trump, han dejado clara su postura en el tema. Harris promete ampliar la seguridad en la frontera con México, además de echar a andar nuevamente el proyecto de ley fronterizo “más sólido en décadas", que fracasó en el Congreso. Trump, en cambio, se muestra más rígido, prometiendo deportaciones masivas.
Napoleón Campos, politólogo y experto en relaciones internacionales dijo a la Voz de América que por un lado se encuentra el tema de la frontera y su seguridad, y por el otro la situación de los millones de centroamericanos que se encuentran ya en EEUU y en quienes se percibe "cansancio" pues no han logrado regularizar su estatus migratorio a pesar de que llevan años en el país norteamericano.
"Si bien el último presidente que hizo una reforma migratoria fue el republicano Ronald Reagan, han habido grandes oportunidades perdidas tanto en la administración Clinton como en la administración Obama aunque se abrieron varios contingentes importantes para regularizar a cientos de miles de nuestros compatriotas", dijo.
Campos se refiere a los dos programas más importantes para los migrantes en Estados Unidos: el Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS, que ha dado una solución provisional a aquellos que no pueden regresar a sus países de origen por diversas problemáticas, y la política de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocida como DACA o Dreamers.
Dos visiones en inmigración
“Como presidenta, recuperaré el proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza que él (Trump) anuló, y lo convertiré en ley”, señaló Harris sobre política fronteriza durante su discurso de aceptación de la candidatura presidencial en la Convención Nacional Demócrata celebrada en Chicago del 19 al 22 de agosto.
Este proyecto implica la contratación de 1.500 agentes de la Patrulla Fronteriza para dar seguridad a la frontera con lo que busca impedir la migración ilegal y el tráfico de drogas; y 4.300 oficiales de asilo quienes se encargarían de procesar las solicitudes de migrantes que busquen entrar al país norteamericano por la vía legal.
Aunque el proyecto fue inicialmente bipartidista, es decir que contó con el apoyo de senadores en ambos partidos, al final no progresó, y Harris culpa a Trump de ello.
“Trump cree que un acuerdo fronterizo perjudicaría su campaña. Así que ordenó a sus aliados en el Congreso que anularan el acuerdo. Me niego a hacer política con nuestra seguridad. (…) Podemos crear un camino ganado hacia la ciudadanía y asegurar nuestra frontera”, agregó Harris.
Trump dista de su visión y le achaca no solo que en su gobierno entraron unos 20 millones de migrantes por la frontera sur sino que busca darles la ciudadanía a personas de las que “no tiene idea de quiénes son”.
"Ella quiere poner fin a la detención de inmigrantes extranjeros ilegales que liberan monstruos feroces en nuestras comunidades para violar, mutilar y asesinar a nuestra población", dijo Trump recientemente en una conferencia de prensa. “Quiere darles a todos la ciudadanía y atención médica gratuita del gobierno", agregó.
Según Campos, "la propuesta republicana dice claramente que van a ejecutar la mayor deportación en toda la historia de EEUUpara sacar del país a los 8, 10, 12, 14 o 16 millones de migrantes sin papeles, indocumentados o irregulares como le llaman en otros esquemas de análisis y de política migratoria".
De Centroamérica, sólo El Salvador, Honduras y Nicaragua tienen el beneficio del TPS. Para El Salvador, según la más reciente actualización, el programa estará vigente hasta el 9 de marzo de 2025; en Honduras y Nicaragua hasta el 5 de julio de 2025.
Mientras que el DACA, un programa que protege a casi medio millón de jóvenes que en su niñez ingresaron de forma irregular a Estados Unidos, sigue en vilo. Este programa fue impulsado por Barack Obama y debe renovarse cada dos años.
El DACA ha enfrentado continuos desafíos en los tribunales estadounidenses, y en 2017 la administración del expresidente Trump anunció que lo desmantelaría. Eso trajo como consecuencia varios litigios que pusieron en espera el programa, lo que no permitió que más jóvenes se acogieran al amparo.
Luego llegó Joe Biden a la Presidencia y reactivó el DACA, permitiendo que se registraran nuevos aspirantes al amparo por primera vez. Fue así como se registraron alrededor de 100.000 jóvenes, quienes ahora se encuentran en un limbo legal porque una corte falló en contra de aprobar nuevas solicitudes a partir del 16 de julio de 2021.
Los que ya están amparados por DACA aún siguen protegidos, pero todavía están a la espera de una ley que les otorgue un amparo permanente.
"El DACA siempre tuvo la intención de ser un alivio temporal hasta que el Congreso actuara en una solución permanente. El tiempo ya pasó para que el Congreso haga su parte y le dé un camino a la ciudadanía a los dreamers", señaló el senador demócrata, Dick Durbin, una postura que comparte el senador republicano Lindsey Graham quien considera que la prioridad es resolver el problema en la frontera.
También lea: Senado de EEUU discute futuro de DACA: aporte económico vs. seguridad nacional.
Estados Unidos sigue siendo el destino de uno de cada cinco migrantes en todo el mundo, según la organización Diálogo Interamericano.
"La migración a Estados Unidos continúa en niveles récord y continuará teniendo un impacto positivo en los volúmenes de remesas enviados de vuelta a la región. Más del 80 por ciento de las remesas enviadas a la región se originan en Estados Unidos, mientras que el 17 por ciento proviene de Europa y del resto del mundo, y el tres por ciento son remesas intraregionales", explica Manuel Orozco, de Diálogo Interamericano, en un reporte reciente.
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua recibieron un aproximado de 40.000 millones de dólares en remesas en 2023, según cálculos de la VOA con base en los reportes de los bancos centrales de cada país.
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