La oposición en Venezuela ha entrado a una fase de "resistencia" en medio de prácticas de "terrorismo de Estado" por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que incluyen cientos de arrestos y desapariciones forzadas de líderes políticos, afirman expertos en ciencias política.
Cuerpos de seguridad arrestaron en la última semana a al menos 3 figuras de confianza de la dirigente antichavista María Corina Machado: Perkins Rocha, abogado de Vente Venezuela y su asesor jurídico personal; Biagio Pilieri, del partido Convergencia, y Nélida Sánchez, coordinadora de formación de la ONG Súmate, que antes dirigía Machado.
Poco después de la votación del 28 de julio, los servicios oficiales de inteligencia también detuvieron a Freddy Superlano, de Voluntad Popular, al exgobernador Williams Dávila y al diputado Américo De Grazia. Otros arrestos incluyen a activistas regionales de mediano perfil político.
“Está claro que el régimen de Nicolás Maduro intenta romper con todo el círculo cercano de María Corina Machado”, afirma el politólogo Walter Molina Galdi en conversación con la Voz de América, desde Argentina.
A su juicio, el gobierno venezolano se ha “atrincherado” luego de los controvertidos resultados electorales de la votación presidencial del 28 de julio. La oposición dice haber ganado la elección con casi 40 puntos de diferencia, mientras el poder electoral proclamó como ganador a Maduro, sin presentar aún el desglose de los votos en cada centro.
Las autoridades “han hecho del terrorismo de Estado su única estrategia para mantener el poder”, interpreta Molina Galdi. Con Machado y el candidato Edmundo González Urrutia en la clandestinidad, la oposición se encuentra en “una carrera de resistencia”, opina.
La oposición enfrenta “a una elite que comete crímenes de lesa humanidad, pero que no tiene apoyo”, afirma. “Sólo le quedan las armas y el horror”.
La lista de presos políticos en Venezuela aumentó de poco más de 200 antes de la elección a 1.780 poco más de un mes después de su celebración, de acuerdo con la ONG Foro Penal.
Según el gobierno venezolano, son más de 2.000 los arrestados por las protestas contra los resultados electorales. El fin de semana, se reportó el traslado de cientos de ellos desde regiones del interior hacia dos cárceles de máxima seguridad rehabilitadas.
Maduro ha denunciado un presunto golpe de Estado en su contra y ha calificado como “terroristas” a los líderes políticos y a la mayoría de los manifestantes arrestados.
El gobierno excarceló entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre a 86 adolescentes detenidos en esas protestas contra la proclamación de Maduro, dijo Foro Penal, que da asistencia jurídica gratuita a los detenidos.
Silencio y desmovilización
El oficialismo ha tenido una “reacción violenta” contra la oposición mientras judicializaba “el resultado fraudulento” de la elección, de acuerdo con la politóloga María Puerta Riera, profesora adjunta de ciencia política en la Valencia College, en Estados Unidos.
En ese contexto, la persecución política en Venezuela no sólo tenderá a intensificarse, sino que el gobierno quiere que sea “ejemplarizante para desmovilizar al país”, analiza.
“La respuesta del régimen de Maduro es silenciar y aislar al país, con el cierre del espacio informativo y la persecución política de reporteros, y desmovilizar con las detenciones y desapariciones de figuras políticas”, comenta Puerta Riera a la Voz de América.
“Esto, por supuesto, se traduce en la desmovilización que es el fin último para desactivar cualquier posibilidad de protesta masiva”, añade.
Maduro emplea “un mecanismo de represión muy duro e inclemente” para mantenerse en el poder aún entre las dudas sobre su reelección, estima el politólogo José Vicente Carrasquero, por su parte.
Carrasquero, autor del libro Venezuela, bajo la sombra del terrorismo de Estado, advierte que el chavismo está haciendo uso de todos los mecanismos de violencia a disposición de las instituciones que controla para “infligir miedo y pánico entre la gente”.
El aplacamiento de la disidencia no es igual a que la gente reconozca el triunfo de Maduro, subraya el analista, quien cree que sus niveles de rechazo popular han aumentado desde la elección de julio.
Maduro anunció la semana pasada cambios en su gabinete, destacando la ascensión al Ministerio del Interior de Diosdado Cabello, primer vicepresidente del partido de gobierno, un militar retirado que es considerado uno de los hombres fuerte del chavismo.
Jerarcas del chavismo, como Maduro y Cabello, culparon a la oposición de un apagón que afectó el viernes a 18 regiones del país. El nuevo ministro prometió arrestar a los responsables.
Puerta Riera, por su lado, considera que las desapariciones forzadas de activistas en los estados del interior buscan “aterrorizar” a quienes rechazan el resultado electoral y opina que la detención de abogados “es un peldaño más” del escalamiento de la persecución política en Venezuela.
“El de Maduro es un régimen de facto, sin lugar a dudas”, concluye.
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