La Cámara de Diputados discutía la reforma al Poder Judicial y se alistaba a votar la medida el martes por la noche desde un polideportivo al que los legisladores tuvieron que trasladarse después de que opositores a la iniciativa bloquearan los accesos a la Cámara.
Empleados de los tribunales y estudiantes, entre otros, cercaron la sede legislativa en una muestra de rechazo a una propuesta impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que prevé que los casi 7.000 jueces del país sean elegidos por voto popular, algo que consideran pondrá en riesgo la independencia de la rama judicial.
La iniciativa, que después de ser aprobada en lo general deberá votarse en lo particular —un proceso que previsiblemente tendría lugar el miércoles—, pasaría posteriormente al Senado. La medida, sin embargo enfrenta cada día una mayor presión.
Un ejemplo es que los jueces de la Suprema Corte decidieron el martes unirse a un paro de labores iniciado por la judicatura federal hace dos semanas, el cual también recibe el apoyo del resto de trabajadores del alto tribunal.
Pese a los bloqueos en la Cámara y las sucesivas protestas, el oficialismo no se dio por vencido y sus parlamentarios se instalaron en un deportivo cercano para llevar a cabo desde ahí la controversial sesión.
“Esta reforma va”, sentenció Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena. "Así fue cómo nos lo indicó el pueblo de México en las urnas”, agregó en referencia a la aplastante mayoría lograda por Morena y sus socios en las últimas elecciones generales, la cual ha hecho que todos los cambios constitucionales sean una posibilidad real.
Aunque el balance de fuerzas está claramente a favor del oficialismo, el debate ha sido largo y mientras los políticos de Morena y sus socios decían estar construyendo un sistema de justicia sin corrupción, democrático y ejemplar, los legisladores de oposición arremetían contra el partido gobernante.
“Que se inaugure un muro de la vergüenza que diga que hoy comenzó la caída de la República”, dijo Paulina Rubio Fernández, diputada del Partido Acción Nacional (PAN).
En el exterior, las protestas continuaban y los manifestantes aseguraron no se detendrán ya que el proceso legislativo aún no termina. Después de aprobarse la reforma en la Cámara de Diputados y el Senado, deberá ser ratificada por los estados.
Rubio Fernández acusó al presidente y a su partido de mentir para tener mayoría mientras que su compañero de partido Germán Martínez aseguró que los diputados oficialistas “se van a disparar al pie” al aprobar la reforma.
Sin embargo, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, insistió en las bondades de la iniciativa. “No afecta ni nuestras relaciones comerciales, ni las inversiones privadas nacionales, ni extranjeras. Por el contrario, habrá más y mejor Estado de derecho”, aseguró en sus redes. “Nuestro interés no es más que un México más democrático y más justo”, agregó. “Ese fue el mandato popular”.
La propuesta para cambiar la Constitución y restructurar todo el Poder Judicial de México ha generado un sinfín de críticas no sólo de la oposición a López Obrador sino de toda la judicatura, estudiantes, colectivos sociales, consultoras financieras y hasta de Estados Unidos y Canadá.
Todos coinciden en que la iniciativa, que reduce sustancialmente los requisitos para ser juez, politizará la justicia y pondrá en riesgo principios básicos del Estado de derecho, como la independencia judicial, lo que puede tener serias consecuencias económicas al generar incertidumbre en los mercados, en los inversores y en socios comerciales de México.
“Hay muchísima preocupación”, recordó en conferencia de prensa el mismo martes el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, tras señalar que mucha personas le han transmitido el mismo sentimiento. Si la reforma judicial no se hace bien, insistió, “puede traer muchísimo daño en la relación (bilateral), esto no solo lo digo yo”.
Entre los manifestantes que bloqueaban la Cámara de Diputados, había el mismo temor.
“El partido mayoritario podría tomar en control del Poder Judicial y esto sería prácticamente el fin de la democracia", dijo Javier Reyes, un trabajador de la judicatura quien, como muchos, veía necesario hacer cambios en el sector pero no en los términos propuestos por el oficialismo. "Ellos quieren ser los nuevos dueños de México”.
La reforma constitucional comenzó a tramitarse el domingo, el primer día de sesiones de la Cámara de Diputados salida de las elecciones de junio que dieron al oficialismo la mayoría de dos tercios necesaria para sacar adelante los cambios en la Carta Magna.
Si no hay sorpresas, esta misma semana llegará el texto al Senado, donde el oficialismo está a solo un senador de la mayoría de dos tercios necesaria para cambiar la Constitución, algo que Morena no duda en conseguir.
Además de las duras críticas de fondo, los partidos de oposición han denunciado serias irregularidades en el trámite de la reforma, realizado de forma acelerada por los diputados de la legislatura saliente e impuesto a los nuevos parlamentarios sin debate, muchos de los cuales denunciaron que ni siquiera habían podido leer la iniciativa. Aunque una jueza aceptó un amparo el sábado para suspender temporalmente su discusión, el oficialismo no lo aceptó.
La del Poder Judicial es la primera de una veintena de modificaciones a la Constitución propuestas por el presidente López Obrador que incluyen otras también muy controvertidas, como la que aspira a eliminar organismos independientes que sirven de contrapeso al gobierno, como el de transparencia, o que luchan a favor de la libre competencia.
Sin embargo, el apoyo al mandatario que deja su cargo el 30 de septiembre se ve en muchos rincones. En la Cámara de Diputados, mientras los críticos protestaban podía leerse en un muro y junto a una pintura del rostro de López Obrador "Hasta siempre presidente”.
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