Víctimas venezolanas, representantes del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) y la Fiscalía de ese país, solicitaron este martes que se ordene el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros funcionarios de su gobierno, en medio de una causa abierta por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en territorio venezolano.
La causa fue abierta sobre la base del principio de la jurisdicción universal de los Derechos Humanos que, según Naciones Unidas, “confiere competencia a un Estado para juzgar y sancionar al autor de un delito, cualquiera que sea el lugar en el que se cometió y cualquiera que sea la nacionalidad de su autor o víctima”.
El principio es considerado una herramienta primordial para garantizar la prevención de las “graves violaciones” del Derecho Internacional Humanitario o la aplicación de “sanciones penales pertinentes”, en caso de que ocurran, según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
“De conformidad con los Convenios de Ginebra de 1949, los Estados partes tienen la obligación de buscar a los infractores sospechosos de violaciones graves independientemente de su nacionalidad y del lugar donde tuvo lugar la presunta infracción, y deben hacerlos comparecer ante los propios tribunales o entregarlos a otro Estado parte para que se los juzgue”, precisa el CICR.
Tomás Farini, representante legal del FADD, afirmó que bajo ese principio la justicia de Argentina tiene la posibilidad de ordenar la captura de “los máximos responsables” de lo que definió como “la peor dictadura cívico-militar” en la historia de Latinoamérica.
Durante una audiencia celebrada por la Justicia Federal de Argentina este martes, cinco víctimas venezolanas relataron haber sufrido detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas.
“Maduro comete crímenes de lesa humanidad. Por eso pedimos que inmediatamente se le ponga una orden de captura, para que cese la persecución en Venezuela”, declaró Víctor Navarro, exprisionero político sobreviviente de El Helicoide, una de las sedes de los servicios de inteligencia en Caracas, considerado por activistas de DDHH como el mayor centro de torturas en el país.
A mediados del año pasado, el fiscal federal argentino, Carlos Stornelli, imputó a 14 militares venezolanos por haber cometido presuntos crímenes de lesa humanidad durante las manifestaciones antigubernamentales de 2014, a partir de una denuncia presentada por la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ, por sus siglas en inglés), tomando en cuenta la jurisprudencia de Argentina en materia de Derechos Humanos.
A inicios de este mes, Argentina exhortó al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan a solicitar ante la Sala de Cuestiones preliminares de la CPI que se emitan órdenes de arresto contra Maduro y otros altos funcionarios de su gobierno.
Argentina es el primer Estado que solicita formalmente a la CPI emitir órdenes de arresto contra Maduro y altos funcionarios por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
En 2021 la fiscalía de la CPI anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad que según el Estado venezolano nunca han existido.
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