Las violaciones a los derechos humanos en Venezuela se han agravado tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, de acuerdo a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés) que este viernes presentó ante el Consejo de DDHH de la ONU un quinto informe que fue rechazado por el Estado venezolano.
El informe divulgado el martes, alerta que el Estado venezolano “reactivó e intensificó” la modalidad más dura y violenta de su maquinaria de represión, tras las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Nicolás Maduro para un tercer mandato, en medio de denuncias de fraude de la oposición.
Marta Valiñas, presidenta de la FFM, afirmó que las víctimas y la población en general se encuentran "desamparadas ante el ejercicio arbitrario del poder en un contexto en el que está desapareciendo la mínima apariencia de la legalidad en la actuación de las autoridades”, y sostuvo que el riesgo de que se desintegre el Estado de derecho es “muy alto”.
Al menos 25 personas murieron y más de 2.200, entre ellas menores de edad y discapacitados fueron detenidos en el contexto de las protestas postelectorales. La FFM documentó desapariciones forzadas, casos de torturas, tratos crueles inhumanos o degradantes, así como violencia sexual.
“Estas violaciones son el resultado de un plan diseñado anticipadamente y ejecutado a través de diferentes modalidades de represión. Un plan para desalentar, silenciar y anular a la oposición política y las voces críticas al gobierno del presidente Maduro o a quienes reclaman transparencia en los resultados electorales”, dijo.
A casi dos meses de las elecciones, la autoridad electoral no ha divulgado resultados desglosados a pesar de los reclamos de parte de la comunidad internacional que todavía no ha reconocido a Maduro como presidente electo.
Valiñas expuso especial preocupación por el arresto de al menos 158 niños y niñas, muchos imputados por delitos de terrorismo, lo que calificó como un “fenómeno nunca antes registrado” con tal alcance. Además, precisó que constituye una grave violación a los estándares internacionales de protección a la niñez.
Guterres y Maduro dialogan
El secretario general de la ONU, António Guterres, conversó este viernes con Maduro a quien le expresó preocupación por los informes de violencia post-electoral y violaciones a los derechos humanos, de acuerdo a un comunicado.
Guterres insistió al mandatario venezolano que es necesario resolver la disputa política “de manera pacífica, a través de un diálogo genuino e inclusivo”, según comunicado de la oficina de Guterres, que afirma que el secretario general "tomó nota" de las posiciones de Maduro sobre la situación.
Según la Cancillería venezolana, Maduro alertó a Guterres sobre intentos de agresiones externas, a través de la contratación de mercenarios para invadir el país.
Además, el comunicado de Caracas precisa que Maduro y Guterres acordaron mantener una comunicación al “más alto nivel” para abordar los “grandes desafíos” de esa organización “en un escenario global cada vez más complejo en materia de seguridad y desarrollo”.
Un adefesio
Alexander Yánez Deleuze, representante permanente de Venezuela ante la ONU, reiteró que la FFM es “írrita” y fue diseñada por varios países, entre ellos EEUU, con el propósito de lograr un cambio de gobierno en Venezuela.
“Desarrolla una fábula inventada por personas inexistentes, sin rostro, sin identificación. El reporte es un adefesio, una piratería malintencionada hecha con saña”, aseguró al insistir que el informe de la FFM debe ser rechazado por considerar que su contenido es falso.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela afirmó en un comunicado publicado el viernes que la persistencia de la FFM es una muestra de la “errática deriva a la que están llevando las instituciones del Sistema de Naciones Unidas” y reiteró que ha denunciado, con pruebas, intentos de magnicidio contra altos funcionarios del gobierno, entre ellos Maduro.
En octubre del 2022, el Consejo de DDHH de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución para extender por dos años el mandato de la FFM, creada en 2019 para evaluar presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas desde 2014.
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