Varios adolescentes arrestados y acusados de terrorismo por el gobierno de Nicolás Maduro durante la crisis postelectoral en Venezuela denunciaron a gritos desde sus calabozos que sufrían golpizas, en un centro de detención de La Guaira, cercano a Caracas, según un audio difundido por sus familiares.
Una grabación a la que tuvieron acceso diversos medios de comunicación, entre ellos la Voz de América, permite escuchar el intercambio de mensajes entre varios de los 8 jóvenes encarcelados en el Centro de Detención Preventivo de Adolescentes y Féminas del retén de Caraballeda y sus familiares.
En el audio, captado el jueves, se oye a algunos vociferar que estaban siendo vapuleados.
Uno de ellos le grita a su madre que lo golpearon en la cara. “¡Ya, ya!”, se le escucha decir, mientras le pide la bendición a su familiar y le recuerda que la ama. “Trata de quedarte tranquilo”, le responde su madre, llorando.
Varias de las mujeres que acudieron a visitarlos sin éxito, exigieron a quienes presuntamente los apaleaban que cesaran. “¡Déjalo!”, se oye en la grabación. Una de las madres comentó en otro audio divulgado que la situación era “una tortura”, denunciando que funcionarios del retén “les botan sus comidas” y “les dan coñ***s cuando ellos quieren”.
El Observatorio Venezolano de Prisiones, una ONG que vela por los derechos de los detenidos en el país sudamericano desde hace 22 años, confirmó la autenticidad del audio con una de las madres de los jóvenes.
Foro Penal, una ONG que brinda asistencia jurídica gratuita a cientos de presos políticos en Venezuela, tiene previsto visitar el centro de detención para constatar las denuncias, pero no pudo confirmar la veracidad del audio.
Según sus registros, el gobierno venezolano detuvo arbitrariamente a más de 1.400 personas después de la elección presidencial del 28 de julio y las protestas contra los controvertidos resultados. Existen en Venezuela más de 1.700 presos políticos, indicó.
Voceros del poder ejecutivo y del Ministerio Público de Venezuela afirman que esos detenidos cometieron actos de terrorismo e incitación al odio luego de la proclamación de Maduro como ganador de la elección, que la oposición considera fraudulenta.
Depresión e intentos de suicidio
Las denuncias del retén de Caraballeda coincidieron con una protesta en Caracas de familiares de 28 arrestados, que fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad de Tocuyito, en el estado Carabobo, a 180 kilómetros del Distrito Capital.
De acuerdo con sus testimonios, muchos de los jóvenes detenidos durante la crisis postelectoral en Venezuela sufren de depresión, pésimas condiciones de encarcelamiento e incluso varios habrían intentado suicidarse.
Al menos 6 detenidos “han intentado quitarse la vida dentro de ese centro penitenciario”, dijo este jueves Wendy Lienda, citando lo narrado por su hijo, Víctor Uzcátegui, de 22 años. Según supo, el joven ha ayudado a otros detenidos a luchar con la depresión.
Uzcátegui, empleado de servicios de encomiendas de una empresa de La Guaira, fue detenido luego de llenar el tanque de la motocicleta con la que trabaja. Defensores de derechos humanos y políticos opositores afirman que numerosas detenciones arbitrarias han ocurrido debido a delaciones de activistas del chavismo.
Algunos de los detenidos en Tocuyito presentan un cuadro de desnutrición por “la mala comida” con que los alimentan, apuntó Lienda, por su parte, durante una protesta en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas. “Es inhumano”, expresó.
Adolescentes a juicio
Esta semana, se conoció que 11 adolescentes de Carabobo detenidos por el gobierno pasaron a juicio y participaron en sus primeras audiencias telemáticas ante la jueza Keidimar Ramos Castillo, del tribunal segundo con competencia en terrorismo.
El diario local El Impulso informó que la fiscalía pide 10 años de prisión para ellos por presuntos delitos de terrorismo, incitación al odio, obstrucción de vía pública y resistencia a la autoridad. La jueza les habría ofrecido sólo 6 años de pena si se declaraban culpables.
Según la ley venezolana, los arrestados deben presentarse ante un tribunal en un lapso no mayor a 10 días. En estos casos, transcurrieron 63 días, destacó El Impulso.
Uno de los muchachos, de 17 años, reportó a su madre que lo habían golpeado “horrible” y que lo forzaron a confesar falsamente que había recibido 30 dólares de paga por protestar los resultados electorales, bajo amenaza de que le partirían la cabeza, publicó el diario.
Otro de los detenidos en Valencia, Carabobo, de 16 años, tuvo “un episodio suicida”, confirmó su madre al diario Efecto Cocuyo. Pudo visitarlo durante 5 minutos. “Lo han maltratado mucho, demasiado”, añadió.
Los adolescentes compartieron celda con presos comunes, algunos contagiados con tuberculosis, según sus parientes.
María Corina Machado, dirigente de la oposición, consideró que los juicios contra adolescentes son “una muestra de maldad” de las autoridades y que buscan atemorizar a la población para evitar protestar la proclamación electoral de Maduro.
La semana pasada, Foro Penal informó sobre el traslado de 103 presos políticos de Anzoátegui, en el oriente del país, a la cárcel común de Yare III, en el estado central de Miranda.
La Misión Independiente de Determinación de Hechos, que investiga violaciones graves de derechos humanos en Venezuela por mandato del Consejo de DDHH de las Naciones Unidas, denunció una represión “sin precedentes” y enumeró casos que constituyen crímenes de lesa humanidad por parte del Estado venezolano, a su entender.
El gobierno de Maduro calificó su informe como “un adefesio”.
El sociólogo y ex preso político Nicmer Evans denunció este viernes que carceleros golpearon a detenidos en la cárcel de El Rodeo II, en Miranda, durante una requisa. Uno de ellos habría recibido heridas en las costillas con un palo de madera, según su versión.
(Con información de Álvaro Algarra y Nicole Kolster desde Caracas)
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