Los países que apoyan una transición democrática en Venezuela después de la disputada elección presidencial de julio pasado, apuestan por medidas específicas contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, que podría enfrentar otra serie de sanciones más amplias, según expertos.
Estados Unidos ha llamado reiteradamente al gobierno venezolano a negociar una transición política con la oposición, un escenario que tendría que incluir el reconocimiento de la victoria del excandidato opositor Edmundo González y la entrega del poder en enero de 2025, coinciden tanto la antichavista Plataforma Unitaria como la Casa Blanca.
Voceros del oficialismo han descartado esa posibilidad e insisten en que Maduro, proclamado ganador por el ente electoral venezolano, volverá a juramentarse como presidente el 10 de enero para un nuevo período de 6 años.
En septiembre, el subsecretario de Estado adjunto de EEUU para asuntos del hemisferio occidental, Brian Nichols, dijo a la Voz de América que Washington evalúa la aplicación de distintas “herramientas” para reivindicar la transparencia de la elección y exigir respeto a los derechos humanos de los venezolanos, específicamente de disidentes políticos.
Esas estrategias incluirían “sanciones adicionales” a las ya impuestas de forma personal contra 16 funcionarios de los poderes electoral y judicial, así como jefes militares, especificó.
El presidente estadounidense Joe Biden flexibilizó el año pasado varias de las sanciones impuestas en 2019 por el exmandatario Donald Trump contra la industria petrolera y gasífera de Venezuela, con el propósito de incentivar las negociaciones previas a la elección presidencial.
La misma administración norteamericana y la opositora Plataforma Unitaria Democrática coinciden en que el chavismo incumplió sus acuerdos firmados en Barbados hace un año, mientras analistas advierten sobre la ineficacia de la flexibilización de las sanciones económicas en sectores energéticos.
Presión más focalizada
Estados Unidos podría priorizar otro tipo de presiones en este momento, cuando el gobierno de Maduro engrosa una lista de más de 1.700 presos políticos y se rehúsa a reconocer un resultado distinto a su victoria electoral en julio, opinan los expertos consultados por la VOA.
“La administración de Biden está interesada en priorizar una presión más focalizada sobre el gobierno de Maduro”, comentó Geoff Ramsey, analista sénior del centro de pensamiento estadounidense The Atlantic Council.
“Esto probablemente signifique mayores sanciones a individuos vinculados con violaciones de derechos humanos”, especificó.
Ramsey duda que EEUU esté dispuesto a revocar las licencias que ha otorgado a empresas energéticas norteamericanas y europeas para operar en Venezuela, pero sí cree que puede aplicar “condiciones más estrictas” para esas autorizaciones especiales.
“Maduro ha aprendido a trabajar con Rusia, Irán y China para eludir las sanciones y pasar el costo de las sanciones sectoriales a la población en general. En este momento, no parece que Maduro tenga interés en negociar una transición”, apuntó.
Sin receta mágica
Benjamin Gedan, director del programa para Latinoamérica del centro de pensamiento The Wilson Center, opinó por su parte que “no hay una receta mágica” para solucionar la crisis postelectoral en Venezuela.
“Es muy probable que, en enero, Nicolás Maduro, quien perdió las elecciones de julio, inicie su tercer mandato”, aseguró. A su entender, los gobiernos democráticos tendrán que “hacer todo lo posible” para apoyar a la oposición y “presionar en favor de una transición democrática” en el país suramericano, de donde han salido casi 8 millones de emigrantes.
“Puede ser que sanciones formen parte de este esfuerzo, pero también se deben considerar incentivos y garantías para el caudillo y su círculo íntimo”, indicó.
Gedan coincidió en que el chavismo “mantiene un control total del país” a tres meses de la juramentación del nuevo presidente y cuenta con el respaldo de gobiernos como China y Rusia, que están “dispuestos a mitigar los efectos de los castigos económicos”.
El peor momento ya pasó
Ramsey, de The Atlantic Council, considera que un desafío para la comunidad internacional es que Maduro “ya ha atravesado por el peor momento de presión internacional” hace cinco años, cuando se combinaron la caída de los precios del petróleo, “el shock” de las sanciones y “la campaña de aislamiento integral”. Ese escenario “no volverá”, aseguró.
Sin embargo, advirtió que también se puede sobreestimar la fuerza política actual de Maduro, quien, según su evaluación, ha tenido que apoyarse “en la línea dura de su partido” y en las fuerzas de seguridad para reprimir cualquier disidencia.
“Pero al mismo tiempo está tratando de enviar señales a las empresas petroleras multinacionales y a los inversores internacionales de que Venezuela seguirá abierta para sus negocios. Esto resalta una contradicción inherente en la estrategia de Maduro”, indicó.
Según Ramsey, “hoy hay más facciones rivales visibles que nunca dentro de la coalición gobernante”. Son fracturas que pueden acabar obligando al régimen a volver a la mesa de negociaciones, estima.
La oposición venezolana llamó esta semana al gobierno de Maduro a adelantar una “negociación seria”, pacífica y ordenada para que Edmundo González pueda asumir el cargo en enero.
González se exiló el mes pasado en España, denunciando presiones oficiales contra su familia y él. La semana pasada, en un foro político, dijo que espera volver a Venezuela “lo más pronto posible” y pidió a la comunidad internacional presionar al oficialismo para que se haga valer la voluntad popular expresada en julio.
El chavismo inició una serie de diálogos políticos para modificar leyes electorales, en los que criticó la ausencia de los delegados de la Plataforma Unitaria Democrática. Analistas advierten que el oficialismo busca pasar la página del 28 de julio planteando los siguientes escenarios electorales e incluso decretando el inicio temprano de la Navidad.
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