La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de un activista por los derechos de la comunidad LGBTI y miembro del partido político de oposición Vente Venezuela, tras considerar que se encuentra en “situación de gravedad” y enfrenta “un riesgo de daño irreparable” en esa nación suramericana.
El activista, cuya identidad fue protegida por el organismo y fue sólo identificada por sus iniciales, se encontraría detenido en el Internado Judicial de Carabobo, tras haber sido apresado el 6 de agosto de 2024 por la Policía Bolivariana (PNB), luego de la cuestionada elección presidencial.
La defensa alega que el activista fue objeto de tortura y que está en estado de desnutrición y deshidratación, además de tener síntomas vinculados a la sífilis y que “no recibe atención medica necesaria para tratar el VIH que padece”.
En el texto, la CIDH informó que el Estado venezolano no proporcionó información al respecto. Dijo no haber recibido notificación sobre los delitos por los que se le acusa al beneficiario de la medida, ni de las razones de su detención, así como también desconoce su situación jurídica actual.
En todo caso, tras analizar las alegaciones, el órgano consideró que “el beneficiario (de la medida cautelar) se encuentra en una situación de riesgo, susceptible a una mayor afectación de sus derechos”.
Sin tratamientos, con riesgo de vida
La CIDH, que es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), también consideró "la presunta falta de tratamiento antirretroviral para tratar el VIH que el beneficiario padece, lo que representa un grave riesgo a su vida, que se agrava aún más al tomar en cuenta los alegatos de tortura, malnutrición y deshidratación".
El lunes, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que hay una campaña mediática, que atribuyó a la oposición, para presuntamente desacreditar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esto tras negar que hayan niños detenidos por protestas.
También el lunes, Maduro hizo un llamado al fiscal general y a los jueces del país a que “si hay algún caso (de detención) que rectificar y revisar, también que haya justicia”.
Tras los cuestionados comicios presidenciales se sucedieron multitudinarias protestas que reclamaban transparencia y la victoria del entonces candidato opositor Edmundo González.
La autoridad electoral declaró ganador a Maduro, sin difundir hasta ahora los resultados detallados.
A raíz de las manifestaciones, más de 2.400 personas fueron detenidas con cargos por terrorismo. De acuerdo con cifras oficiales, murieron 28 personas en las protestas.
Según la ONG Foro Penal aún permanecen privados de libertad 1.836. De la cifra, 68 son adolescentes.
Durante estos meses, familiares de los detenidos y activistas de los derechos humanos, que han hecho concentraciones de reclamo para su liberación, sostienen que muchos fueron apresados por las fuerzas de seguridad sin orden judicial y permanecen encarcelados desde entonces. Luego les fueron sumando cargos relacionados con las protestas poselectorales.
Entre los perjudicados, hay además periodistas, líderes políticos, personal de campaña, entre otros. “Estas personas no son presos políticos, no son presos de conciencia; son criminales que se prestaron para acciones terroristas, delictivas”, manifestó Saab el lunes.
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